Cerca de 120 empresas participan en la subasta de interrumpibilidad para el primer semestre de 2020, que arrancó ayer y en la que se subastan un total de 1.000 megavatios (MW) de potencia interrumpible, lo que representa menos de la mitad de los 2.340 MW que fueron asignados en la anterior puja.
Con este mecanismo, las industrias se comprometen a reducir su consumo eléctrico cuando el sistema lo requiere, y son retribuidas por ello. De hecho, el Gobierno español se arriesga a ser multado por recurrir de nuevo a un modelo que la UE entiende como una subvención encubierta.
En esta ocasión se subastan 1.000 MW repartidos en 200 bloques del producto de 5 MW. El mecanismo de asignación es similar al de ediciones anteriores y se realiza mediante pujas a la baja que parten de 125.000 euros por MW y año para los productos de 5 MW, según informó ayer Red Eléctrica de España (REE) como operador del sistema. En la anterior subasta, celebrada a finales de junio, se adjudicaron 2.340 MW a los grandes consumidores de electricidad por un importe de 95 millones de euros, lo que representaba ya un importante recorte respecto a las de ejercicios anteriores.
Ayer, los delegados del sindicato CIG secundaron una nueva concentración ante la Delegación del Gobierno en Galicia, en A Coruña, para reivindicar una tarifa industrial "justa" y "competitiva" para la industria electrointensiva y ante la "crítica" situación de este sector. En la concentración, con participación de representantes sindicales en las empresas electrointensivas, el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, volvió a demandar al Gobierno central un estatuto electrointensivo que regule estas tarifas y ofrezca garantías de futuro a esta actividad industrial. Carril se refirió a la puja que arrancó ayer como "un nuevo capítulo de la incapacidad del Gobierno". También denunció el "discurso fácil" de la Xunta ya que, a su juicio, busca "situarse al margen como si no tuviera responsabilidad".
