El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley de medidas urgentes en el ámbito económico para ampliar la protección a personas que, encontrándose en situación de vulnerabilidad, no pueden hacer frente a los pagos inmediatos de la hipoteca y se encuentran en "riesgo de desahucio hipotecario". La ministra portavoz, María Jesús Montero, explicó que este decreto extiende la protección a los más vulnerables con un ámbito de aplicación superior hasta la fecha.
Mientras que en ocasiones anteriores la prórroga de la suspensión de lanzamientos solo se hacía durante dos años, en este real decreto ley se extiende a cuatro, "de modo que hasta 2024 ninguna familiar vulnerable será expulsada de su hogar porque se ejecute su hipoteca". El texto se amplía también la definición de colectivo vulnerable: además de los titulares de una hipoteca que estén en posición de desempleo o familias con personas con discapacidad, en situación de dependencia o mayores de 60 años, se incluyen familias monoparentales con un solo hijo.
El decreto prevé la suspensión de lanzamientos con independencia de si la vivienda se adjudica a un banco o a un tercero y amplía la protección a los más vulnerables con independencia de dónde se adjudique el bien.
