27 de junio de 2020
27.06.2020
La Opinión de A Coruña

El Gobierno lanza un fondo de 200 millones anuales para abaratar la luz a la gran industria

El Ejecutivo aprueba la medida por tres años. UGT y CCOO piden un plan de más impacto, "como el del automóvil", para evitar que Galicia sea "la zona cero de la pandemia industrial"

27.06.2020 | 01:13
El Gobierno lanza un fondo de 200 millones anuales para abaratar la luz a la gran industria

A la espera de que el ansiado Estatuto del Consumidor Electrointensivo -prometido hace año y medio en pleno conflicto de Alcoa en A Coruña y Avilés- vea la luz, el Gobierno aprobó ayer un avance de lo que será su política de apoyo a la gran industria: un fondo de 200 millones de euros anuales (hasta un máximo 600 millones en tres años) para respaldar a las empresas electrointensivas (como Alcoa y Alu Ibérica) en la compra de energía verde a través de contratos de compra y venta de electricidad a largo plazo (PPA por sus siglas en inglés). Mientras el Consejo de Ministros daba luz verde a esta medida, representantes de trabajadores de esta industria se reunían ayer en A Coruña para reclamar medidas más ambiciosas que salven de los despidos y las deslocalizaciones. Juan Ramón Paseiro, portavoz del sector electrointensivo de UGT Galicia y trabajador de la planta de aluminio de A Coruña, reclamó una solución para evitar que Galicia sea "la zona cero de la pandemia industrial". Para ello, el secretario xeral de Industria de CCOO Galicia, Víctor Ledo, pidió que "el aluminio sea considerado un sector estratégico" y que se proteja mediante un plan de revitalización "como el diseñado para el sector del automóvil", que movilizará 1.535 millones desde este año. El Ministerio de Industria volvió a prometer ayer que el estatuto llamado a dar un marco energético estable a la industria electrointensiva se aprobará "en las próximas semanas"

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, destacó que el aprobado ayer era un fondo "muy demando" por el sector y que se considera "imprescindible", ya que es "un factor importante para facilitar el desarrollo de estas operaciones". Podrán beneficiarse de él empresas como Alcoa, Alu Ibérica, Ferroglobe, Xeal, Megasa o Celsa Atlantic, firmas que concentran la mayor parte de la industrial eletrointensiva en Galicia, un sector que sostiene 5.000 empleos en la comunidad según los cálculos de la Xunta.

Montero destacó que estas ayudas garantizan la cobertura del Estado a las operaciones de compraventa de energía eléctrica a medio y largo plazo que realicen consumidores electrointensivos y sienta las bases para que la relación entre el consumidor electrointensivo y la compañía eléctrica "tenga un marco donde se vincule a plantas de energías renovables que promueven este tipo de fuentes de energía sostenible".

Sin embargo, la medida no satisface a la patronal del sector. La Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE) valoró que el fondo "puede ayuda a algunas empresas" pero considera que "no servirá para reducir a corto plazo el diferencial de precio con los principales competidores". En esa línea, UGT y CCOO lamentaron ayer en A Coruña que a día de hoy desconocen si el Gobierno incluirá en el estatuto sus alegaciones, principalmente tres: la reducción de peajes, la moratoria en el impuesto eléctrico y la ampliación de las ayudas por emisión del CO2 hasta el máximo permitido por Europa (275 millones de euros anuales).

El Ministerio de Industria estima en más de seiscientos el número de beneficiarios potenciales, y que el 80% de los consumidores electrointensivos podría firmar contratos de este tipo por diez años. La portavoz del Gobierno valoró que el fondo creado ayer supone "un paso primero" para llegar a la aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo. Con todo, la ministra aseguró que ahora mismo el coste de la electricidad "no es un problema" para la gran industria, aseguró, ya que durante la pandemia del coronavirus el precio ha bajado "a niveles históricos y es mucho más barata que hace cuatro meses".

Por su parte, las plantillas electrointensivas ven peligrar sus puestos de trabajo y advierten del daño que les causa la incertidumbre del mercado eléctrico español. "Desde 2012 venimos advirtiendo del problema de la falta de una tarifa eléctrica estable y competitiva, ocho años avisando a diferentes gobiernos y todo fueron parches", criticó ayer Juan Ramón Paseiro, que apuntó al "mal parche de la subasta de interrumpibilidad inventada por Alcoa" como causante del "intento de desmantelamiento" de la fábrica de A Coruña.

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