El conselleiro de Economía, Emprego e Industria en funciones, Francisco Conde, puso ayer sobre la mesa que Alcoa debe tener en cuenta, en el proceso de negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) para la planta de San Cibrao (Cervo, Lugo), el nuevo contexto generado por la aparición de un inversor interesado en su compra y advirtió a la multinacional estadounidense de que, "si actúa de mala fe" puede incurrir en "un fraude de ley y se podría, incluso, invalidar el ERE".
En declaraciones a la Radio Galega, Conde señaló que la Xunta no ha recibido todavía una respuesta de la multinacional al requerimiento del Gobierno gallego para que retire el expediente de regulación de empleo (ERE) con el que prevé despedir a 534 empleados, tras conocerse en la última semana que el grupo de origen británico Liberty House está interesado en hacerse con las instalaciones de Alcoa en A Mariña.
La situación y las novedades han sido notificadas también a la Inspección de Trabajo, según informó el conselleiro, que detalló además que en la reunión de esta tarde con el comité de empresa de Alcoa y representantes de Liberty House espera conocer el plan industrial y energético de esta compañía, así como las previsiones sobre el empleo par el caso de que se convierta en la nueva propietaria de la planta.
"Esperamos que tanto el Gobierno como Alcoa dejen a un lado las excusas", pidió Conde, quien llamó a alcanzar un acuerdo para la venta y volvió a reclamar al Ejecutivo estatal que concrete el marco energético para dar certidumbre y viabilidad a las empresas electrointensivas con un precio de la electricidad económico y estable.
El conselleiro consideró que es el Gobierno central el que tiene que "tomar la iniciativa" en este momento por su "responsabilidad en materia del precio eléctrico" y volvió a plantear la posibilidad de una intervención temporal de la planta, como reclaman los trabajadores.
"Tenemos 48 horas para actuar y espero que el Gobierno no esté esperando a que otros traigan una solución que le corresponde", manifestó ayer Conde y avisó de que, si el Ejecutivo estatal no actúa, ello podría suponer el cierre de Alcoa, puesto que el periodo formal de consultas del ERE termina mañana martes.
En caso de que el grupo Liberty House se haga con las instalaciones de A Mariña, la Xunta le pedirá un compromiso "centrado no solo desde el punto de vista industrial, sino energético", dijo Conde, que aludió al caso de la venta de Alu Ibérica en A Coruña y a sus actuales problemas. "Si estamos en esta situación en A Coruña es porque el Gobierno no dio respuesta a su compromiso de concretar ese precio eléctrico", reprochó.
El viernes se cumplió un año de la venta de las fábrica de A Coruña y Avilés de Alcoa al fondo de inversor suizo Parter Capital, que las renombró como Alu Ibérica y esta primavera las revendió a Grupo Riesgo. La plantilla ha consumido ya la mitad de sus 24 meses de garantía de empleo, sin visos de que la electrólisis pueda volver a arrancar ni avances en el plan industrial que prometía convertir A Grela en un polo del aluminio reciclado.
