El vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, asegura que el estatuto electrointensivo aprobado por el Gobierno “responde a un criterio territorial y no a una verdadera apuesta por la industria”. “No solo llega tarde, sino que es insuficiente y no da una respuesta a los grandes consumidores de energía de nuestro país”, denuncia. Para Conde, el estatuto no permite “competir en igualdad de condiciones con respecto a otros países como Francia y Alemania”.
El conselleiro afirma que “Galicia sale una vez más perjudicada frente a otros territorios”, al “recortarse las ayudas” a la industria de la comunidad. Desde la Xunta se apunta que el nuevo marco pasa de apoyar a 120 empresas en España a 600 “y desde ese punto de vista los grandes consumidores electrointensivos no tienen una respuesta”.
Por todo ello, pide al Gobierno que “rectifique esta política energética que está dejando a un lado la industria y que está poniendo en una situación verdaderamente complicada que los empleos industriales puedan tener un futuro”.
En la misma línea, la Consejería de Industria de Asturias sostiene que las medidas para abaratar la factura de la luz de la gran industria asturiana son “insuficientes” y que “no dan una respuesta satisfactoria a las singularidades de las empresas asturianas con un consumo intensivo de electricidad”. Por ello, explicó ayer el consejero del ramo, Enrique Fernández, se va a exigir al Gobierno que articule nuevas “compensaciones” para compañías como Arcelor, Asturiana de Zinc o Alu Ibérica.
El Ejecutivo central tiene varias vías para compensar a la industria. Una de ellas es la de incrementar el presupuesto de las ayudas para compensar a estas empresas por los costes indirectos del CO2. Entiende Asturias que deben elevarse hasta el “tope permitido”. Este año las compensaciones recibidas por la gran industria fue mínima, de solo seis millones de euros, cuando el máximo eran 200. Por eso, reclama ahora una marcha más. Otro de los camino por el que podría transitar Industria es el de poner en marcha en el menor tiempo posible el mecanismo que sustituya a las antiguas subastas de interrumpibilidad, la ayuda que recibían estas grandes industrias por desconectarse de la red eléctrica en caso de necesidad.
El Ministerio aseguró que se “habían valorado” las alegaciones presentadas de manera conjunta por Galicia, Asturias y Cantabria, pero, matizó, que lo que se aprobó es lo que permite la Comisión Europea. Por eso no fueron más allá con las ayudas, añaden.
Para la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, el estatuto electrointensivo “llega tarde” y será “insuficiente para poder darle una respuesta a las demandas que tiene la industria electrointensiva” en Galicia. “Es más grave porque en el caso de Galicia nosotros somos grandes exportadores de energía y estamos viendo como no se contempla esta excepcionalidad tampoco”, lamentó Pontón, quien pidió que la comunidad gallega pueda usar su “riqueza” para generar desarrollo económico y empleo. Rechazó, además, “esa especie de café para todos eléctrico”, en el que Galicia “está viendo como se destruye empleo en sectores electrointensivos”.
En la misma línea, la CIG considera que el estatuto “llega tarde y resulta insuficiente, teniendo en cuenta que no se aclara cuál será la rebaja efectiva en el precio de la electricidad para la industria gran consumidora de energía”.
