Los costes laborales serán el principal condicionante de la actividad de las empresas coruñesas el año que viene, seguidos de la amortización de la deuda acumulada a lo largo de este ejercicio por la crisis del COVID-19 y los precios de las energías y las materias primas. Así se desprende del informe Perspectivas Empresariales 2021 que divulgó ayer la Cámara de Comercio de A Coruña, a partir del testimonio de 159 compañías de la provincia. El 25% de ellas, una de cada cuatro, tiene previsto reducir el número de trabajadores el próximo año para aliviar la carga salarial, mientras que un 10% espera aumentar plantilla y el 65% restante, mantener. El 40% cuenta con disminuir sus ventas —aunque la exportación vuelve a percibirse como una oportunidad— y casi la mitad (44%) prevé retraer la inversión.
“Es de destacar cómo se ha incrementado la importancia de los costes laborales como principal condicionante de la actividad durante 2021 para las empresas de la provincia”, señala el ente cameral, que cifra en más de 20 puntos porcentuales esa subida. Si en 2020 la carga de cubrir los salarios ha sido el factor más determinante para un 40% de las firmas coruñesas, de cara al nuevo ejercicio lo es para más del 60%.
Las empresas que se han acogido a los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) financiados por el Gobierno para frenar la destrucción de empleo a partir de la emergencia sanitaria están en disposición de ejecutar despidos una vez que transcurran seis meses desde que finalizó la suspensión laboral. Si por el ejemplo el ERTE fue de cuatro meses desde el estado de alarma del 15 de marzo, los compañía puede despedir a partir de la segunda quincena de enero.
La dependencia de la economía coruñesa respecto al sector servicios, especialmente castigado por esta crisis, juega en contra. El documento apunta que el porcentaje de empresas que prevé despedir empleo en A Coruña (25%) es superior a la media de España (20%). “Se espera que la evolución en materia de empleo durante 2021 sea algo mejor que la de 2020, aunque esa mejora será leve” , considera la Cámara.
Ventas
En cuanto a la previsión de ingresos, el 40% de los empresarios cree que sus ventas caerán el próximo año en mercado nacional. El 68% afirmó que se redujeron este año. El mercado exterior, en cambio, despierta más optimismo. Casi la mitad (45%) de las compañías exportadoras coruñesas espera incrementar su facturación en el extranjero, frente a un 19% que supone que registrará una caída su comercio exterior. “Las expectativas de las empresas de A Coruña para 2021 en cuanto a exportaciones se encuentran por encima de las registradas en el conjunto de España”, apunta el estudio, en relación a la encuesta que las Cámaras de Comercio realizaron en otoño a 58.000 empresas de todo el país.
A menos ingresos y más deuda, menos inversión. Solo el 15% de los empresarios de la provincia tiene pensado aumentar esta partida, una tasa claramente inferior a la española, donde el 23% de las empresas invertirá más. En A Coruña, el 44% tiene previsto reducir las partidas dedicadas a inversión (frente al 36% en España).
Entre los condicionantes de la actividad de la empresa de cara al próximo año, los empresarios coruñeses apuntan a los costes salariales como el principal factor (señalado por más del 60%) y a la amortización de deudas generadas en la pandemia como el segundo (50%). A más distancia, preocupan los precios de la energía y las materias primas (25%) —claves para la industria—, la escasez de personal cualificado (21%), las condiciones de financiación o la interrupción de las cadenas de suministro debido a la pandemia. El empresariado cita también en impacto del Brexit.
La Cámara subraya que “las expectativas de las empresas coruñesas son favorables en exportaciones y negativas en lo que respecta a ventas nacionales, empleo e inversión” y pone el foco en el “el elevado optimismo” sobre la facturación exterior, “más cuando se compara con las empresas españolas”.
Subir el salario mínimo a mil euros destruiría hasta 135.000 empleos en dos años en España, según la patronal Cepyme
Elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los mil euros mensuales (un 5,3% más) el próximo año tendría un impacto negativo sobre el empleo según la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), que ha calculado que se destruirían o dejarían de crear entre 85.000 y 135.000 puestos de trabajo en los dos próximos años. Así se desprende de un informe elaborado por la patronal de las pymes y la consultora Randstad Research, que detalla que la mayor parte de este impacto laboral, hasta un 52%, se concentraría en los sectores de hostelería y comercio, los más dañados por la crisis del coronavirus. Además, Cepyme recuerda que las consecuencias de este incremento incidirán especialmente en los jóvenes y en los trabajadores con menor cualificación, “para los que será más difícil encontrar empleo o conservar el que tienen”. Esta eventual subida para 2021 supondría un incremento acumulado de más del 52,6% en cinco años, añade el informe. De hecho, entre 2016 y 2020 el SMI en España ha registrado un incremento acumulado —ajustado por paridad de poder adquisitivo— del 43,1 %, lo que sitúa a España como el tercer país de Europa con mayor alza, tras Rumanía (65,5 %) y Lituania (49,6 %). Cepyme ha remarcado que el incremento del salario mínimo es competencia exclusivamente del Gobierno, previa consulta con los agentes sociales, y que deberán tenerse en cuenta factores como la evolución de los precios de consumo (IPC), “que esté año es negativa”, anticipa; la productividad media nacional y la situación económica y del empleo en el conjunto del país a raíz de la crisis desencadenada por el COVID.
