En su decimoquinto día de huelga indefinida contra el despido disciplinario de una compañera, los trabajadores de Alu Ibérica A Coruña emprendieron ayer una marcha desde la fábrica de aluminio de A Grela hasta la Delegación del Gobierno, donde cortaron el tráfico con barricadas para reclamar al Ejecutivo que tome el control de la factoría que Alcoa vendió hace año y medio. “Pedimos una intervención temporal hasta que haya una resolución judicial”, expuso el presidente del comité de empresa, Juan Carlos Corbacho, en alusión al posible fraude en la venta de la planta (de Alcoa a Parter en 2019 y del fondo suizo a Grupo Riesgo en 2020) que la Audiencia Nacional ha ordenado investigar a la Fiscalía y la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). A finales de julio expiran los dos años de garantía de empleo que hasta ahora blindan a la plantilla.
El representante de los trabajadores de la antigua Alcoa A Coruña incidió en que es necesaria la “tutela” del Gobierno y “que entre la SEPI [Sociedad Estatal de Participaciones Industriales] y ponga el amparo para mantener la fábrica en unas condiciones razonables de poder reactivar toda la producción y el desarrollo industrial que estaba pensado”.
La apelación de la plantilla de Alu Ibérica a la SEPI llega en un momento en que Alcoa —dueña de la planta coruñesa entre 1998 y 2019— plantea la venta de su última fábrica de aluminio en España, la de San Cibrao (Cervo, Lugo), a esta sociedad estatal. En caso de prosperar esta vía, la fábrica volvería a manos públicas 23 años después de que el Gobierno de Aznar privatizara Inespal.
La representación sindical responsabiliza al Ejecutivo de la actual situación. “El Gobierno [que medió en la venta] nos traicionó trayéndonos aquí sin una solución definitiva”, enfatizó López Corbacho, que también cargó contra la Xunta al denunciar que la mediación de la autoridad laboral en su conflicto “va lenta”. La empresa, por su parte, confirmó su aceptación a participar en la reunión con la mediadora de la Xunta. “No vamos a ceder ante mafias, ante estafas y ante engaños”, advirtió ayer el presidente de la representación social, para apostillar que seguirán “luchando”.
Las tensas relaciones entre trabajadores y directiva en la fábrica se han crispado aún más en los últimos días por el retraso en el cobro de la nómina de diciembre. Según el comité, “casi toda la plantilla” está sin cobrar el salario del mes pasado, con más de diez días de retraso, lo que interpreta como un intento de Grupo Riesgo de “presionar” a los trabajadores para que dejen la huelga. La Inspección de Trabajo visitó esta semana la fábrica ante las denuncias de los sindicatos por obstrucción a sus funciones de representación.
“Estamos hartos de esta pantomima”, lamentó Corbacho al término de la protesta, en la que participaron un centenar de personas. La marcha partió de A Grela a las once de la mañana en dirección a la plaza de Ourense, donde los manifestantes quemaron neumáticos, provocando una gran columna de humo negro, y tiraron petardos, tras una pancarta con el lema No a los despidos.
Durante la protesta, los trabajadores corearon consignas ya habituales en sus movilizaciones como “ministra Maroto no nos vendas la moto” o “si no hay solución, Gobierno dimisión”. Respecto al despido disciplinario de una trabajadora del servicio de comedor, el presidente del comité manifestó que “una sola agresión a una sola compañera” en la fábrica “es una agresión” hacia todos los trabajadores.
La protesta fue secundada por varios representantes políticos de Unidas Podemos y BNG. El comité avanzó que el próximo fin de semana la plantilla se movilizará ante el Ayuntamiento para reclamar el apoyo de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.
