La Audiencia Nacional ha dado el visto bueno a la libertad condicional del expresidente de Bankia Rodrigo Rato, a propuesta del centro de inserción social del que dependía, tras valorar su edad (mayor de 70 años), comportamiento, el seguimiento de un programa de reinserción y la “antigüedad” de los hechos por los que ingresó en prisión, el caso de las tarjetas black de Caja Madrid.
Rato (nacido el 18 de marzo de 1949) cumplía desde el 25 de octubre de 2018 una condena de cuatro años y medio de prisión por apropiación indebida. El exvicepresidente del Gobierno ya obtuvo en octubre el tercer grado penitenciario o régimen de semilibertad, que le permitió salir de la cárcel mediante control telemático. Ahora se le aplica, a propuesta del Centro de Inserción Social Victoria Kent, el artículo 196.1 del Reglamento Penitenciario, en una decisión que ha respaldado la Fiscalía.
En su propuesta, la junta de tratamiento del CIS Victoria Kent valora el “pronóstico favorable de Rato”, que ingresó en prisión “de forma voluntaria”, es “septuagenario”, ha tenido una conducta penitenciaria “adaptada” y ha realizado de manera “positiva” el programa de reinserción. También ha tenido en cuenta la “antigüedad” de los hechos por los que fue condenado y cuya responsabilidad civil pagó “íntegramente”, así como su modo de vida desde que recibió la semilibertad.
Argumentos que ahora atiende el titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, previo informe favorable del ministerio fiscal, que fija la custodia familiar o fraternal de Rato, la obligación de residir en el lugar que designe y de fijar domicilio, el seguimiento por parte de los servicios sociales penitenciarios, y la obligación de comunicar cualquier posible detención, imputación o condena en proceso penal. Es decir, concurren todos los requisitos para la libertad condicional excepto el haber extinguido las tres cuartas partes de condena, que alcanza el 7 de marzo de 2022.
Rato ha obtenido además un permiso para viajar varios días a Londres para ver a su hija.
El que fuera vicepresidente económico en el Gobierno de José María Aznar entró en prisión en octubre de 2018 cuando el Tribunal Supremo confirmó la condena impuesta por la Audiencia Nacional a cuatro años y medio por el caso de las tarjetas black de la extinta Caja Madrid.
En octubre, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional le concedió el tercer grado al expresidente de Bankia y del FMI bajo control telemático, una decisión que se comunicó dos días después de conocer la sentencia que le absolvía por la salida a Bolsa de la entidad bancaria que dirigió, aunque aún está pendiente de los recursos de casación de varias acusaciones.
Además, continúa abierta la investigación sobre su patrimonio después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara dar marcha atrás al procesamiento por supuesta corrupción en la contratación de la campaña de publicidad del banco, y agruparla en una causa común con los presuntos delitos fiscales y de blanqueo, que instruyen los juzgados de Plaza de Castilla.
