El consejo de administración de Abengoa decidió ayer acudir al concurso voluntario de acreedores, una vez que no le ha sido posible aprobar el plan de refinanciación en el que estaba inmersa la compañía de ingeniería y energías renovables. En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) señala que tras fallar el plan de refinanciación previsto y, “siendo este acuerdo una condición necesaria para reequilibrar el patrimonio de Abengoa y una vez que el 18 de febrero venció la protección preconcursal, tomó la decisión de solicitar la declaración de concurso voluntario”.

La solicitud se presentó ayer en el juzgado competente de la ciudad de Sevilla, y se ha convertido en el segundo mayor concurso de acreedores de la historia de España, con unos 6.000 millones de deuda. Solo ha supera Martinsa Fadesa, que rondó los 7.000 millones.

En su nota, el consejo constata “la compleja situación y las, cada vez, mayores dificultades para alcanzar una solución que satisfaga a todos los grupos de interés con posiciones, hasta ahora, enfrentadas”.

Afirma que sigue comprometido en buscar alternativas para evitar la inviabilidad de las sociedades filiales que desarrollan la actividad del grupo, con la intención de preservar el empleo y tratar de minimizar la pérdida de valor.

La firma ya anunció a primera hora de la tarde de ayer que no había logrado que los acreedores financieros otorguen los consentimientos solicitados con el fin de extender de nuevo el plazo para el cierre y ejecución del acuerdo de reestructuración, por lo que reunía al consejo de “forma inmediata” en una sesión en la que se debía aprobar el concurso de acreedores. Está en causa de disolución desde el pasado 19 de mayo, al arrojar un patrimonio negativo de 388 millones de euros, y solicitó el preconcurso de acreedores a finales de agosto.

A principios de ese mes, la compañía había alcanzado un acuerdo con la banca que contaba con el visto bueno del ICO, pero que incluía también la aportación de 20 millones de la Junta. La idea era firmar la reestructuración antes del 30 de septiembre, pero el dinero comprometido por la Junta nunca llegó con el argumento de no tener “mecanismos jurídicos” para una ayuda directa a una gran empresa.

Abengoa ya se vio en 2015 al borde la quiebra y anunció un preconcurso de acreedores, que de haber pasado a concurso le habría llevado a protagonizar la mayor quiebra en la historia de España, con 9.000 millones de deuda bruta financiera y deudas a proveedores superiores a 5.000 millones.