De las dos plantas de aluminio con las que se hizo Riesgo el pasado abril, fue en la de A Coruña en la que el grupo se encontró con un choque más frontal con sus 300 trabajadores, enardecidos por una reventa que según entendían vulneraba el acuerdo firmado con Alcoa y hacía saltar las alarmas sobre el plan industrial y el empleo. El presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho, recuerda la “arrogancia” de los directivos de Riesgo en su desembarco y cómo en su primer encuentro el pasado abril amenazaron con despedirlo. Al final, el mes pasado le dieron la carta de despido por vía disciplinaria (los acuerdos de Alcoa prohiben los despidos ordinarios hasta agosto) a él y a otros tres representantes sindicales. Todos confían en la impugnación. Antes de eso, el despido de una compañera, en diciembre, —el primero ejecutado por Riesgo— subió el voltaje del conflicto laboral y desencadenó en Navidades una huelga indefinida que todavía dura (después de una interrupción temporal por el COVID). Las hostilidades fueron crecientes: la empresa denunció a la Policía actos violentos y los trabajadores acudieron al juzgado, que esta semana condenó a la empresa a indemnizar al comité por vulnerar su derecho de huelga La presencia de inspectores de Trabajo, las pancartas, los cortes de tráfico a la entrada de la fábrica, los neumáticos en llamas o pintadas como la que indica “cárcel de Teixeiro 64 kilómetros” en el rótulo de Alu Ibérica son la constante en A Grela, mientras el clima la plantilla asturiana es reivindicativa pero más mansa. Los sindicatos denuncian que entra poco material y sale menos producción por ausencia de un plan industrial real. La empresa anunció inversiones para adecuar la planta a la producción de aluminio verde circular (reciclaje de chatarra), pues no fabrica aluminio primario (Alcoa paró la electrólisis antes de vender). Pero esa modernización ha hecho aguas ante los impagos de Riesgo a las subcontratas.
