Celsa Group, el primer grupo privado siderúrgico español y tercer fabricante de productos de acero de toda Europa, ha solicitado 700 millones de euros a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), el rescate más cuantioso de todas las compañías que optan al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que el Gobierno activó el pasado julio frente a la crisis del coronavirus. La enorme deuda de Celsa (más de 2.000 millones de euros) pende como una espada de Damocles sobre su millonaria actividad industrial (en 2019 facturó 4.120 millones), que hasta ahora se mantiene ajena a los problemas de endeudamiento. La planta de laminación del concello coruñés de A Laracha es la única que la compañía tiene en Galicia. Sus 140 empleados tienen carga de trabajo garantizada hasta finales de junio y esperan que el Ejecutivo conceda la ayuda para disipar la amenaza del agujero financiero.
“Mientras haya liquidez, las plantas del grupo seguirán operativas”, afirma el presidente del comité de empresa de Celsa Atlantic, Agustín Méndez, que considera “muy positivo” que la fábrica coruñesa tenga pedidos para que toda su plantilla (140 trabajadores directos) esté ocupada durante los tres próximos meses. En A Laracha, la producción de alambrón y hierro avanza estos días alentada por un repunte de demanda de la automoción (tras del parón del año pasado) y encargos estables de la construcción. El plantel coruñés ve la petición de rescate con cierta distancia —como “una cuestión interna del grupo”, dice Méndez— pero es consciente de que la solvencia de la compañía es vital para garantizar su futuro. “La empresa está muy endeudada, nos interesa que se apruebe el rescate cuanto antes para tener garantías”, expone el portavoz de la plantilla.
La pandemia desencadenó el cierre de la fábrica larachesa durante diez días el pasado verano, pero enseguida la compañía sacó a sus trabajadores del ERTE (expediente de regulación de empleo) iniciado a finales de mayo. “Hubo un momento en el que se notó un bajón de los pedidos pero en los últimos meses han empezado a aumentar, sobre todo por el repunte de la automoción”, relata Méndez. La fabricación de automóviles y la construcción son las dos actividades para las que trabaja fundamentalmente esta factoría, que produce alambrón y varillas de hierro.
El presidente del comité de Celsa Atlantic recuerda que la planta lleva ya más de una década sufriendo el bajón de la construcción, desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, y que en los últimos años se ha visto amenazada por la “competencia feroz” de países con mano de obra más barata como Turquía, China o Argelia, cuyos productos empiezan a estar más limitados en el mercado europeo con las últimas barreras arancelarias. Otro factor que pone en jaque la competitividad es el precio de la energía. Como gran consumidora eléctrica, el precio de la luz es un coste productivo clave para Celsa, que encuentra poco alivio en el Estatuto Electrointensivo con el que el Gobierno pretendía dar estabilidad y viabilidad a la gran industria.
Batalla judicial con los fondos
La compañía siderúrgica espera a que la SEPI le dé oxígeno mientras batalla en los juzgados con sus acreedores, los fondos de alto riesgo (hedge funds) que en 2017 compraron la deuda y la han ido revendiendo. La Justicia le concedió a Celsa una moratoria en el pago de los préstamos a CVC, Apollo, Credit Suisse y Morgan Stanley y otros fondos por el impacto del coronavirus, pero el tiempo se le acaba. La empresa necesita la inyección de la SEPI para salir adelante sin perder el control.
Celsa da empleo a casi 10.000 empleados de forma directa (33.233 directos e indirectos), tiene 120 centros de trabajo distribuidos por todo el mundo; produce 7 millones de toneladas al año y recicla 8 millones de toneladas. Las inversiones realizadas por la compañía en los últimos 15 años suman 2.682 millones de euros. En 2014, el grupo del catalán Francisco Rubiralta compró la planta gallega a los empresarios Manuel Añón y Epifanio Campo.
Un rescate cinco veces mayor que el de Duro Felguera
Una treintena de compañías han solicitado apoyo público temporal desde que el Gobierno activó, el pasado julio, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dotado con 10.000 millones de euros a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). De todos los expedientes, la petición más elevada es la de Celsa, que empezó pidiendo 350 millones en diciembre pero finalmente duplicó su solicitud, hasta 700 millones en marzo. Hasta ahora, la SEPI ha aprobado tres operaciones de rescate, todas por cuantías inferiores: en octubre, a la aerolínea Air Europa (475 millones de euros); y este mes, a la firma metalúrgica asturiana Duro Felguera (120 millones) y a otra compañía aérea, Plus Ultra (53 millones), que opera vuelos de larga distancia con Latinoamérica y que ha desatado polémica en el seno del Gobierno. Entre los rescates autorizados el caso más parecido al de Celsa es el de Duro Felguera, ambas del sector industrial. Pero la petición del grupo siderúrgico catalán con fábrica en A Laracha supera con mucho la financiación que ha recibido la metalurgia asturiana. La inyección económica a la que aspira Celsa (700 millones) es cinco veces superior a la que ha obtenido Duro Felguera (120 millones). La rescate a la compañía asturiana se desglosa en 70 millones en un préstamo participativo, 20 millones en un préstamo ordinario y 30 millones en aportación de capital o préstamo participativo. La empresa tendrá un plazo máximo de siete años para amortizar estos préstamos, con tipos de interés fijados por el Consejo de Ministros. Entre otras condiciones, la reestructuración de la deuda y el otorgamiento de nuevas líneas de avales estarán bajo la supervisión del Cesce (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación). Además, se incorporan dos consejeros designados por el Consejo Gestor del Fondo y se designa por mutuo acuerdo de las partes un nuevo consejero delegado.
