“Jamás pensamos que podíamos llegar a vivir esta pesadilla”. El presidente del comité de empresa de la planta de aluminio de A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, muestra su perplejidad por la deriva de la fábrica que Alcoa que vendió en julio de 2019 a Parter Capital Partners con el aval del Ministerio de Industria y que la pasada primavera quedó en manos de Grupo Riesgo. Las tres empresas vinculadas a la actual Alu Ibérica (la sociedad que el fondo suizo creó para englobar las factorías de A Coruña y Avilés) están siendo investigadas por orden de la Audiencia Nacional, que el 20 de mayo sentará en el banquillo a Víctor Rubén Domenech (dueño de Riesgo) y otras nueve personas físicas acusadas de estafa en la compraventa. Esta semana se cumple un año del desembarco de Riesgo en la fábrica, doce meses en los que el conflicto laboral ha experimentado una escalada sin precedentes.
Huelgas continuas, manifestaciones, despidos disciplinarios a representantes sindicales —incluido el propio Corbacho— comunicados e impugnados, sentencias de lo social, la presencia casi diaria de la Inspección de Trabajo en la fábrica y hasta un macrooperativo policial para registrar la instalación en busca de pruebas de delito. Es el día a día en la fábrica, paralizada por la falta de materia prima y los impagos a proveedores. Mientras, el reloj corre en contra de los trabajadores, que piden una solución política urgente para garantizar el futuro industrial porque el 31 de julio se cumplen dos años de la venta de Alcoa y se termina el blindaje de sus empleos.
El 16 de abril del año pasado, cuando el comité de Alu Ibérica LC tuvo conocimiento por primera vez de que el Grupo Riesgo se había hecho con la fábrica, criticó “las formas y los tiempos” de la operación, en la que a su juicio Parter y Riesgo aprovechaban el caos de las primeras semanas de la pandemia para sacar adelante su cambalache. Las críticas a una reventa que los trabajadores tachan de ilegal se han ido haciendo mucho más ásperas con el paso de los meses, a la vista de que el plan industrial quedaba en agua de borrajas. El comité considera a Riesgo un “sicario de aluminio” dispuesto a exterminar la planta por encargo de Alcoa, interesada en quedarse con el mercado pero no en producir en España, ni en tener competencia.
Estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal son los cargos a los que los responsables de Alcoa, Riesgo y Parter se enfrentarán el mes que viene.
La plantilla aluminera sigue presionando a través de sus abogados para que la jueza de instrucción María Tardón dicte medidas cautelares que aparten a Riesgo de la factoría. Por el momento no ha sido así y el grupo mantiene la propiedad y la gestión de las dos plantas que la multinacional Alcoa explotó desde 1998 (cuando compró la empresa pública Inespal) hasta 2019. Esta semana anunció la reanudación de unas obras que ha subvencionado la Xunta para sustituir el fuel por gas natural como combustible.
Impagos y retrasos de nómina
Retrasos en las nóminas, impagos a proveedores y parones de producción intermitentes por falta de chatarra de aluminio que fundir (con la electrólisis parada la planta no fabrica aluminio, solo lo recicla) son la norma en los últimos meses. Sobre todo a raíz del registro policial del pasado 4 de marzo, un macrooperativo en el que un centenar de agentes de la Policía Nacional tomaron las fábricas de A Coruña y Avilés así como en oficinas de Riesgo y Alcoa en Madrid, Málaga y Castellón. El macrooperativo, dirigido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), se saldó con cuatro detenidos, que al día siguiente prestaron declaración ante la jueza que instruye el llamado caso Alcoa. Víctor Rubén Domenech (presidente de Riesgo), Alexandra Camacho (directora ejecutiva de Alu Ibérica), Luis Losada (administrador único de System Capital Management, compañía a través de la cual Riesgo entró en el accionariado de Alu Ibérica) y Diego Peris Sirvent (administrador de varias firmas del entramado de Riesgo) quedaron en libertad pero con prohibición de salir del país.
A la espera del gran juicio, la Justicia se ha pronunciado ya en contra de Alu Ibérica respecto a su conflicto con los trabajadores. El mes pasado, el Juzgado de lo Social número 1 de A Coruña condenó a la empresa a indemnizar al comité con 75.000 euros por vulnerar su derecho de huelga y la instó a cesar la hostilidad. Sin embargo, el conflicto sigue instalado en la fábrica, a la que los representantes sindicales aseguran que se les niega el acceso. “Siguen sin dejarnos entrar, cuando es nuestro derecho, o si nos dejan pasar ponen a vigilante de seguridad a seguirnos”, explica Corbacho.
El plan industrial que presentó el fondo suizo está lejos de cumplirse. La producción de Alu Ibérica en 2020 ni siquiera llegó a las 40.000 toneladas de metal reciclado (lo que la compañía llama “aluminio verde circular”) cuando se anunciaron más de 75.000. La previsión para este año estaba en casi 136.000 toneladas, con las que aún así los gestores esperaban tener unas pérdidas de seis millones de euros. La situación actual de la planta hace prever un resultado mucho peor.
La vía judicial y la política
Más allá de lo que depare el juicio del próximo 20 de mayo sobre la presunta estafa en la venta, los trabajadores claman por su futuro. A finales de julio termina su blindaje laboral, por lo que piden la implicación de las administraciones para mantener la actividad industrial y los puestos de trabajo. “Aquí todos están mirando para los de las togas, el Gobierno y la Xunta, pero ningún juzgado va a salvar la fábrica porque es una decisión política y mientras los trabajadores estamos desamparados”, expone Corbacho, que todavía no se explica “cómo alguien que viene de extorsionar y cometer fraude en otras empresas [en referencia a Riesgo] pudo entrar aquí cuando estaban papá Estado y mamá autonomía vigilando el proceso de venta.
Esa semana los comités de A Coruña y Avilés llevaron su protesta a la puerta del Ministerio de Industria en Madrid y lograron que el Gobierno se comprometiera a convocar “lo antes posible” la mesa técnica industrial para buscar un nuevo futuro a la factoría, pero sin un plazo marcado.
