El Gobierno incluye en el plan de recuperación que remitirá a Bruselas antes del 30 de abril la posibilidad de introducir peajes en la red de autovías, con el objetivo de garantizar los fondos necesarios para la conservación de la red de carreteras. A cierre de 2019, el déficit en esta partida ascendía a 7.500 millones de euros, toda vez que el levantamiento de los peajes ha hecho gratuitos varios tramos de las principales vías del país, lo que supone una merma de ingresos y menos fondos para acometer obras en las carreteras.
Entre las medidas que el Ejecutivo de Sánchez ha prometido a Bruselas en el marco de la recepción de 140.000 millones de euros de los fondos europeos se encuentra la revisión de “la financiación de las vías de alta capacidad y se establecerá un sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal”, señala en uno de sus puntos el denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. España se encuentra a la cola de los grandes países europeos por inversión en carreteras, con solo 22.489 euros por kilómetro, según datos de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex), que sitúa a Italia, Francia y Alemania por encima de los 41.000 euros.
El texto que el Gobierno remitirá a la Comisión Europea vuelve a referirse más adelante a su plan: “Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras”.
En varias ocasiones, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ya ha abierto la puerta a esta posibilidad, aunque descartando el pago por parte de los ciudadanos viajen por motivos de trabajo o cualquier otro tipo de necesidad. Sí podría introducirse el pago para las actividades económicas que se benefician de la infraestructura pública, es decir, de empresas cuya circulación por las autovías les hace ser más competitivos en su actividad.
Las ayudas directas, a más sectores
El Consejo de Ministros aprobará hoy una modificación del decreto que contempla ayudas directas a pymes y autónomos —por valor de 11.000 millones— para que las comunidades tengan un margen de flexibilidad adicional a la hora de ampliar a qué sectores y empresas conceder los fondos, y se incluirá la posibilidad de dar ayudas a empresas con pérdidas en 2019 por circunstancias extraordinarias, hasta ahora excluidas de las mismas. Así lo adelantó la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante la presentación del informe “La tercera modernización de la economía española. Claves para aprovechar la oportunidad del Plan de Recuperación”, organizado por Analistas Financieros Internacionales (AFI). El objetivo es que el marco legal del decreto dé un margen adicional a las comunidades para ayudar a los sectores y las empresas particularmente afectados en su territorio que hayan podido quedar fuera en la primera versión del decreto.
