Unos 1,3 millones de personas en España se encuentran en una situación “que puede considerarse vulnerable” en cuanto al acceso a oficinas bancarias y cajeros tras los cierres de sucursales bancarias en los últimos años. Esa es una de las conclusiones de un artículo analítico titulado Infraestructuras del efectivo y vulnerabilidad en el acceso al efectivo en España, publicado por el Banco de España, que desglosa la situación por provincias. En A Coruña hay cerca de 15.000 habitantes (concretamente 14.409, el 1,3% del total) que carecen de acceso a dinero en efectivo en sus municipio. La exclusión financiera en la provincia coruñesa es mucho más acentuada que en Pontevedra, donde afecta a 1.073 personas, solo el 0,1%. También es peor que en Lugo, que tiene 2.072 residentes (el 0,6%) con esta carencia. Aunque no tanto como en Ourense, donde 25.8470 personas (el 8,4%) deben salir fuera de su localidad para conseguir dinero en metálico. En suma, la exclusión financiera afecta a 70.424 gallegos.
A pesar de que la red bancaria en España es “amplia” y con una “cobertura generalizada”, cuenta con una distribución geográfica “heterogénea a nivel regional”, concluye el estudio. Eso se traduce en que una parte de la población, la que vive en zonas de menor densidad, “carece de un punto de acceso al efectivo en su municipio y en un radio de cinco kilómetros”. El acceso a estos servicios es uno de los elementos básicos de la inclusión financiera. A finales de 2020, un total de 1,2 millones de personas en España carecían de oficinas bancarias o cajeros en sus municipios, según los datos del estudio.
Cuenca es la provincia con un mayor número de puntos tradicionales de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes, aunque están concentrados en “un número relativamente bajo de municipios”. En el lado opuesto, Cádiz, con 1,1 puntos de acceso por cada 1.000 habitantes, los tiene distribuidos de forma más homogénea. Castilla y León es la comunidad con una cobertura menos amplia, con Zamora y Ávila como las provincias con menores ratios de población con un punto de acceso tradicional al efectivo.
Ante la avalancha “previsible” de cierres de oficinas y cajeros previstos por las entidades financieras en el proceso de integración y de reducción de costes en el que están, esta afectación al 3% de la población requiere impulsar soluciones para garantizar el acceso al dinero en efectivo.
Una de las alternativas son las oficinas móviles, así como los agentes financieros, el uso de las oficinas de Correos y la retirada de efectivo en un establecimiento comercial. En zonas rurales de países como Irlanda, Reino unido o Austria está muy extendido el uso de oficinas postales.
Según el organismo, estas diferencias territoriales se explican por la menor densidad de población de una región, así como la orografía del territorio. Como consecuencia de estos factores, la cobertura de la red de oficinas bancarias y de cajeros automáticos en estas zonas del país ha sido menor y se ha tenido que ver compensada, en parte, por soluciones alternativas, como agentes financieros u oficinas móviles, aunque estas no pueden sustituir completamente el abanico de servicios que prestan los canales tradicionales de banca.
Personas mayores
Según el estudio del Banco de España, 340.000 ciudadanos viven en municipios con una vulnerabilidad alta en cuanto al acceso a puntos de efectivo, lo que supone el 0,7% de la población. Estas localidades carecen de puntos tradicionales de acceso al efectivo, la distancia media al más próximo es de 9,4 kilómetros, la población mayor de 60 años supera el 4 % del total y la renta disponible está por debajo de la media nacional.
En general son municipios pequeños, con una población media de 400 habitantes. Las provincias de León, Salamanca y Zamora concentran la mayor parte de la población en municipios considerados de muy alta vulnerabilidad en el acceso al efectivo.
Galicia, una de las comunidades más vulnerables
Cerca de un millón de ciudadanos viven en municipios que tienen una vulnerabilidad media en el acceso al efectivo. En proporción, cuentan con 0,6 puntos de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes, la distancia media es de tres kilómetros, el porcentaje de población mayor de 60 años supera el 35% del total y la renta disponible se sitúa por debajo de la media nacional. El tamaño medio de estos municipios es de unos 1.700 habitantes. Las provincias gallegas de Lugo, A Coruña y Ourense concentran cerca del 24% de la población de los municipios que están considerados de vulnerabilidad media. La dispersión poblacional propia de Galicia dificulta que haya una cobertura completa de la red bancaria Por su parte, los cajeros de operadores independientes —desconocidos en Galicia— se concentran en grandes núcleos urbanos de la vertiente mediterránea y en el sur y centro peninsular. Suelen instalarse en zonas de mucho paso, como estaciones de tren, aeropuertos o centros comerciales. En España existen unos 6.000 cajeros de este tipo, que suponen el 12,1% del total. Solo el 1% está instalado en municipios que cuentan con menos de 10.000 habitantes. El Banco de España da por hecho que la reducción del número de oficinas y de cajeros automáticos continuará en los próximos años, “ante el incremento de la digitalización y la búsqueda de una mayor eficiencia por parte de las entidades de crédito”. En este sentido, el regulador considera que “el impulso de soluciones alternativas a los canales tradicionales puede ser un importante complemento que permita garantizar el acceso al efectivo al conjunto de la población”. En la provincia de A Coruña hay 1.564 puntos de acceso a efectivo repartidos en los 85 municipios que tienen sucursal bancaria o cajero automático. Otros ocho concellos coruñeses carecen de este servicio. El grado de concentración es bajo (0,30 frente a la media de 0,70 en España).
