El administrador judicial que la Audiencia Nacional designó a finales de julio para proteger Alu Ibérica ante los indicios de saqueo de sus gestores ha tomado su primera decisión de calado. Los trabajadores de los turnos de tarde, noche y fin de semana dejarán de acudir a la fábrica de aluminio, tanto en A Coruña como en Avilés, y se irán temporalmente a sus casas con un permiso retribuido. La medida se aplicará a partir de este sábado y afecta a algo menos de la mitad de la plantilla, ya que el turno de mañana —que continúa— es el más dotado de personal. Ramón Juega ha comunicado esta decisión “en atención a la grave situación en que esta administración judicial —explicó— ha encontrado la empresa” y también a la reducción del servicio médico.
El letrado coruñés encargado de velar por la continuidad de las antiguas plantas de Alcoa indica que la medida durará hasta que pueda tener una imagen clara de la situación económica de las sociedades cuya compra investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que dirige la magistrada María Tardón. Juega ha avanzado al comité de empresa que en la primera semana de septiembre presentará una hoja de ruta para devolver a la normalidad las dos fábricas que Alcoa vendió en 2019 al fondo suizo Parter Capital y que este revendió en 2020 a Grupo Riesgo, actual propietario y sospechoso de descapitalizar Alu Ibérica. Ambas factorías llevan todo el verano paradas a consecuencia del desabastecimiento de material y los abundantes problemas con proveedores debido a los impagos.
Salarios pendientes
La plantilla al completo aún no ha cobrado la paga extraordinaria de verano (15 de julio) y parte de ella, además, tiene pendiente de cobro el sueldo de julio. Los trabajadores consideran que estos pagos corresponden a la multinacional Alcoa: el mes pasado estaba incluido dentro del “período de protección” sellado por la multinacional estadounidense y los representantes sindicales, un blindaje de dos años desde la venta a Parter. Estos impagos están denunciados ante la Inspección de Trabajo.
El objetivo de la plantilla es que la empresa restablezca cuanto antes las relaciones con los proveedores para volver a disponer de materia prima con la que recuperar la actividad industrial, especialmente en un momento en el que los precios del aluminio están al alza. El presidente del comité de empresa de Alu Ibérica A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, afirma que la situación es “muy preocupante” y culpa de ella a “Alcoa y sus socios”. “Vinieron aquí con el objetivo claro de desmantelar”, lamenta. El portavoz de la plantilla reclama la ayuda de las administraciones para salir “cuanto antes” de la parálisis. A falta de determinar la duración de los permisos retribuidos, Corbacho confía en que esta medida sea “cortoplacista” y que dé paso lo antes posible a la reactivación de la fábrica en todos los turnos de trabajo. El líder sindical de Alu Ibérica mantiene de forma cautelar sus funciones en el comité a pesar de que actualmente no forma parte de la plantilla, ya que Riesgo lo despidió por vía disciplinaria, al igual que a otros tres representantes sindicales y una trabajadora. Los cinco despidos están impugnados.
ERE al personal de limpieza
Las 14 personas (siete por planta) que trabajan en el servicio de limpieza de Alu Ibérica a través de la subcontrata Logiplus (que también pertenece al Grupo Riesgo) están convocadas esta mañana para la última reunión de negociación del despido colectivo con el que la empresa quiere liquidar al 100% del personal con fecha de mañana mismo.
Las limpiadoras han propuesto a Logiplus que paralice el ERE (expediente de regulación de empleo) y que en lugar de los despidos aplique una suspensión de empleo a través de un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) en espera de que la fábrica recupere la normalidad. Logiplus argumenta que no tiene dinero para pagar los sueldos porque Alu Ibérica no le paga las facturas. Ambas pertenecen al mismo grupo empresarial: Riesgo.
