Bruselas está decidida a poner fin al gasóleo bonificado que utiliza la flota pesquera en España.
Una exención que, a juicio del Ejecutivo comunitario, supone un desincentivo hacia los objetivos de descarbonización; una medida fiscal que, para el sector, es indispensable para garantizar la continuidad de los más de 4.200 barcos gallegos, especialmente los de artes menores.
El pasado 18 de agosto, el vicepresidente de la Comisión Europea Valdis Dombrovkis fue tajante al respecto. “Una de las ambiciones enunciadas en el Pacto Ecológico Europeo es poner fin a las subvenciones a los combustibles fósiles. La propuesta de la Comisión de revisión de la Directiva de Tributación de Energía prevé, entre otras cosas, la tributación del combustible utilizado para la pesca”.
Y ya hay plazos y cuantías sobre la mesa. Bruselas quiere que los buques pesqueros empiecen a tributar por el gasóleo a partir de 2023, con un coste mínimo de casi 14 euros por cada 100 litros de suministro. “La propuesta pondría fin a la exención obligatoria actual de la aviación y el sector de la pesca [...] El combustible que utiliza debería ser gravado”.
Así consta en el planteamiento de directiva 2021/0213, publicado el pasado 14 de julio, y que confirma los peores temores de una industria que, según la propia Comisión —a través del organismo Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (Stecf)—, es la menos rentable del continente dada su dimensión y la escasez de cuotas.
El documento, de 312 páginas, no establece ningún mecanismo de compensación para la flota, a pesar de que el propio Dombrovkis admite que esta medida “dejaría a los pequeños pescadores en una peor situación”.
Nueve de cada diez barcos de la flota gallega, más de 3.800, son de artes menores. El objetivo que se persigue, vía impuestos, es alcanzar para 2030 una reducción del 55% de la emisión de los gases de efecto invernadero registrados a principios de los noventa.
