La Inspección de Trabajo investiga si el expediente de regulación de empleo (ERE) con el que Logiplus Worldwide —filial de Grupo Riesgo, dueño de Alu Ibérica— despidió el mes pasado a la totalidad del personal de limpieza de las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés que vendió Alcoa es fraudulento. Aunque la empresa ya ejecutó el despido colectivo, la Dirección General de Trabajo no ve claro este expediente y le ha solicitado formalmente más documentación a la compañía, que ha sido convocada a una reunión junto con la parte social. A partir de esta información, Trabajo emitirá en los próximos días un informe que podría desmontar el ERE con el que esta firma del entramado de Víctor Rubén Domenech se deshizo de la plantilla que subrogó en diciembre, cuando comenzó a manejar las cuentas de Alu Ibérica —de las que desvió dinero con la compra de criptomonedas—, sin ni siquiera abonarle ni finiquito ni salarios pendientes.
“Salimos de la reunión con la sensación de que el ERE se lo van a tirar abajo”, afirma Dolores Domínguez, delegada sindical de las limpiadoras de la fábrica de aluminio de A Coruña. Los trabajadores —siete en A Coruña y otros tantos en Avilés, en su mayoría mujeres— han tenido problemas hasta para cobrar el paro, ya que al llegar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para solicitar su prestación en septiembre se encontraron con que Logiplus no había pagado las cotizaciones que correspondían. Esto dio lugar a que la Seguridad Social generara una alerta sobre esta empresa. Por eso, para Domínguez “no es una sorpresa” que Logiplus vaciara las cuentas de Alu Ibérica mediante la compra de bitcoins, como destapó esta semana El Periódico de España, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN, según un informe policial. “Sabíamos que mientras no nos pagaban estaban desviando el dinero”, asegura la representante de la plantilla de limpieza, que considera que “no se sostiene” el argumento de la empresa de que no salda sus deudas con la plantilla porque no tiene fondos. La carta de despido remitida a las limpiadores esgrime esta justificación para negarles el finiquito que les corresponde, en algunos casos con antigüedades de más de ocho años.
Las deudas salariales de Logiplus comenzaron nada más poner un pie en la fábrica, el pasado diciembre, cuando entró a prestar el servicio de limpieza al que la empresa asturiana Jofrasa renunció por los impagos de Alu Ibérica. Riesgo contrató entonces a su filial multiservicio Logiplus, que subrogó a la plantilla pero ya no le pagó la parte que le correspondía de la paga extraordinaria de Navidad. En enero dejó sin abonar horas de trabajo; en febrero, otra extra; y a partir de julio el personal no vio ni un solo euro por el trabajo que realizó todo el verano, hasta el 20 de septiembre que se ejecutó el despido masivo.
Domínguez recuerda que en esos meses la empresa escatimaba hasta en papel higiénico. “No nos pagaba y no nos daban casi material, no tenían ni para papel, ni para servilletas”, comenta.
Pero Logiplus no solo se dedicaba a limpiar las instalaciones fabriles. Según un informe de la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) fechado a 19 de julio, esta filial de Riesgo también limpiaba la caja de Alu Ibérica. Y pudo hacerlo porque dos meses antes de entrar cambió su objeto social para poder canalizar fondos mediante el “comercio al por mayor de metales y minerales metálicos”. De este modo, la empresa asumió el papel de central de compras y de principal intermediaria con los proveedores de servicios de Alu Ibérica.
Logiplus Worldwide SL está vinculada a Diego Peris Sirvent, uno de los cuatro directivos de Grupo Riesgo detenidos por el caso Alcoa. La instrucción de la causa penal sigue abierta. Pero el pasado junio la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ya condenó a Alcoa por vulnerar los acuerdos laborales firmados con los trabajadores y levantar el ERE de extinción con una venta que según la Justicia fue solo “aparente” porque el comprador no reunía los requisitos de solvencia prometidos. “No se produce aluminio primario, hay una producción de secundario que da trabajo a una parte mínima del personal, no se les ha dado formación para trabajar en el aluminio secundario y aparece una empresa Logiplus que actúa como intermediaria en servicios y compras y que es propiedad del Sr. Sirvent”, retrataba la sentencia a principios de verano.
Sirvent fue detenido en marzo junto al presidente de Riesgo, Víctor Rubén Domenech, su socia Alexandra Camacho, y Luis Losada, también vinculado al grupo. La juez les ha retirado el pasaporte mientras avanza la investigación, que ha llevado ya a retirar a Riesgo de la gestión de forma cautelar. El administrador judicial ordenó a finales de agosto el cierre temporal de las dos fábricas porque no podían sostenerse en condiciones de seguridad (sin limpieza ni servicio médico por impago a proveedores) y ha solicitado la entrada en preconcurso de acreedores así como una suspensión temporal de empleo para los 600 trabajadores. La Justicia dictaminará la responsabilidad de Alcoa (dueña de 1998 a 2019, Parter (2019-2020) y Riesgo (desde 2020). La plantilla pide al Gobierno que propicie una salida industrial.
El delegado del Gobierno descarta intervenir Alu Ibérica
El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, descartó ayer la intervención pública de la planta de Alu Ibérica, como reclaman los trabajadores de la factoría coruñesa de la que Alcoa se deshizo hace dos años y que se encuentra cerrada temporalmente por su insostenible situación financiera y logística, e intervenida judicialmente ante los indicios de saqueo de sus gestores. Miñones expresó su posición a preguntas de los periodistas en su rueda de prensa de balance de los presupuestos. En ella, y sobre las críticas de los trabajadores a la actuación del Gobierno y los fondos de inversión industrial en comunidades como Castilla y León frente a la situación de la factoría coruñesa, Miñones recalcó que el Gobierno ha mostrado su “compromiso” con los trabajadores a través de distintas reuniones. No obstante, matizó que el proceso abierto en la Audiencia Nacional y la presencia de un administrador judicial, “limita mucho”. “Pocas son las medidas que podríamos establecer”, apostilló. Y, aunque ha asegurado que la búsqueda de una solución no “va a ser por falta de reuniones”, calificó de “discurso cerrado” la intervención. Miñones tampoco considera adecuada la intervención de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) en a última fábrica de Alcoa en España, la de San Cibrao (Cervo, Lugo): “Alcoa tiene que vender”, zanjó.
