La filial de Grupo Riesgo Logiplus Worldwide está convocada para el 2 de noviembre ante la autoridad laboral en A Coruña a un acto de conciliación con las siete trabajadoras que se encargaban de la limpieza de la fábrica de Alu Ibérica en A Coruña, a las que aplicó un expediente de regulación de empleo (ERE) en septiembre y negó la indemnización alegando “falta de liquidez”. El informe de despatrimonialización que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) elaboró a petición de la Fiscalía para la instrucción del caso Alcoa —que investiga la Audiencia Nacional, por la posible estafa en la venta entre Alcoa, Parter y Riesgo— concluye que Logiplus ha sido un “actor troncal” en la supuesta trama de saqueo. Las limpiadoras, a quienes la empresa debe además varias nóminas, reclaman la improcedencia de sus despidos.
“Lo único que pedimos es que nos paguen lo que nos deben”, señala la representante sindical de las limpiadoras de la aluminera de Agrela, Dolores Domínguez. Ella, al igual que sus seis compañeras de A Coruña y las otras siete de Avilés, recibió en septiembre una carta de despido en la que Logiplus cuantificaba el finiquito que le correspondía y, a renglón seguido, le comunicaba: “No se puede poner a su disposión la indemnización a la que se refieren los párrafos anteriores. La falta de liquidez de la empresa es prácticamente absoluta como lo demuestra la imposibilidad de abonar salarios en los últimos meses y de hacer frente a otras obligaciones”. Al llegar al SEPE para tramitar el paro, más problemas: Logiplus no había pagado las cotizaciones que correspondían a la Seguridad Social.
La citación del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), dependiente de la Consellería de Emprego, discurre en paralelo a la investigación que ha abierto la Dirección Especial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, del ministerio que dirige Yolanda Díaz, por las dudas que les ha suscitado la tramitación de este ERE, en el que acusan la falta de documentación económica, de plan social y de calendario de reuniones. La inspectora de Trabajo encargada del expediente prepara un informe a partir de la documentación requerida a Logiplus.
Alu Ibérica subcontrató el servicio de limpieza con Logiplus, ambas de Grupo Riesgo, el pasado diciembre una vez que Jofrasa se vio obligada a renunciar a él por los impagos. En ese momento las limpiadoras fueron subrogadas por la filial de Riesgo y empezaron a tener problemas para cobrar. Según denuncian, la empresa les debe las nóminas de julio, agosto y septiembre (hasta el día 20, que fueron despedidas) y también las pagas extra de verano y febrero y una parte de la de Navidad, más horas de trabajo de enero.
Logiplus aseguraba a su personal que no tenía dinero porque Alu Ibérica, en situación financiera crítica, no le pagaba las facturas. Los informes de la UDEF apuntan a esta empresa como principal causante de agujero contable de las fábricas, ya que no solo prestaba el servicio de limpieza sino que actuaba como central de compras e intermediaria en negocios, a veces ficticios, por los que aplicaba sobrecostes “desmesurados” —de hasta el 600%— para sustraer dinero de Alu Ibérica.
El personal de limpieza, despedido sin finiquito, asegura que los negocios de Logiplus no le cogen por sorpresa, pero muestra su indignación ante los indicios de que la empresa obtenía ímprobos beneficios mientras les negaba el salario y hundía las fábricas. Según la UDEF, Riesgo creó artificialmente una deuda de millón y medio en Alu Ibérica.
En manos de un “posible testaferro”
Las pesquisas policiales para la instrucción del caso Alcoa apuntan a que la titularidad real de Logiplus corresponde a Diego Peris Sirvent, detenido en el registro del pasado mes de marzo junto con Víctor Rubén Domenech (dueño de Riesgo), su pareja Alexandra Camacho (exdirectora ejecutiva de Alu Ibérica) y Luis Losada, administrador de System Capital —sociedad con la que Riesgo adquirió Alu Ibérica—. Sin embargo, Peris dejó de figurar como administrador de Logiplus en febrero. Desde entonces, ocupa el cargo Rosa María Milán. “Posiblemente un testaferro —recogen los informes policiales— porque su vida laboral prácticamente se reduce a haber trabajado durante años en una empresa de limpieza”. La UDEF alude a Logiplus como “elemento troncal que aparece de forma recurrente en las operativas” mediante las que los investigados estarían descapitalizando Alu Ibérica y detalla su modus operandi: “Se encargaría de subcontratar para ambas plantas el suministro de equipos, materiales o servicios, aplicando un notable incremento en el precio respecto al de proveedor original”.
El bufete que tramitó el ERE de Logiplus cobró más de un millón de euros de Alu Ibérica
Desde que Logiplus les anunció el despido, las limpiadoras de Alu Ibérica tuvieron una sola persona como interlocutora: Alejandra Romero, quien actuó como representante en la empresa en la tramitación del expediente de regulación de empleo (ERE). Romero figura también en los informes policiales sobre descapitalización fraudulenta que Grupo Riesgo estaría acometiendo en las fábricas de la antigua Alcoa. Estos documentos la sitúan en el despacho de abogados Ackermann y Schwartz Attorney Al Law SLP, que facturó más de un millón de euros a Alu Ibérica: 584.812 euros a la planta de A Coruña y 475.331 euros a la de Avilés. La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) apunta que se desconoce “qué tipo de servicios jurídicos habría prestado este despacho a ambas plantas que mereciera esa contrapartida tan abultada”. El bufete Ackermann, con sede en Madrid, es otra de las empresas de la órbita de Grupo Riesgo. El propio Domenech (dueño del entramado societario) poseía el 20% del capital en el momento de su constitución, el 31 de julio de 2019, el mismo día que Alcoa cerró la venta a Parter.
