Los tributos que gravan el patrimonio y la riqueza vuelven a estar en primera línea del debate después de que el Gobierno haya decidido impulsar el nuevo “impuesto de solidaridad”. El nuevo tributo se aplicará en el próximo año 2023 a patrimonios a partir de 3 millones de euros y está dirigido a las comunidades donde el impuesto sobre patrimonio ha sido desmontado. El objetivo del Gobierno es frenar la carrera autonómica en este impuesto liderada por Madrid, y secundada por Andalucía (las dos comunidades que lo han anulado en su totalidad) y por Galicia (también gobernada por el Partido Popular), que lo bajará a la mitad.
Las reflexiones más recientes sobre el impuesto de patrimonio basculan entre la reforma profunda del tributo o su total desaparición. Así, el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria encargado por el Gobierno a un grupo de 16 expertos plantea una reforma orientada a reducir la carga fiscal de este impuesto, limar los posibles visos de doble tributación y acabar con sus vías de elusión y fraude fiscal. Por su parte, el Libro Blanco para la reforma fiscal en España, con las reflexiones de 60 expertos convocados por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), vinculado a la CEOE aboga por su total abolición.
Con datos de 2020, el impuesto recae sobre un total de 218.991 contribuyentes (el 1% de los declarantes de IRPF), que declaran un patrimonio medio de 3,5 millones de euros y que generan una cuota media antes de bonificaciones de 10.604 euros y una recaudación total de unos 1.200 millones al año. Según la estadística del impuesto que publica la Agencia Tributaria, el 67% de los declarantes del impuesto presentan una base imponible entre 300.000 y 1,5 millones de euros (sin contar el mínimo exento de un millón). Para estos, la cuota media resultante es de 1.303 euros.
Otro 26% de los declarantes proceden de bases imponibles entre 1,5 y 6 millones (para estos, la cuota media es de 14.698 euros). Solo 724 contribuyentes (el 0,33% del total) declara una base imponible superior a 30 millones, un dato que abunda en la tesis de quienes subrayan que las mayores fortunas escapan de este impuesto. Para cada uno de estos contribuyentes la cuota media es de 668.508 euros, antes de bonificaciones.
Contraste
La competencia fiscal a la baja que algunas autonomías ejercen frente a otras anulando o rebajando el impuesto contrasta con el aumento del gravamen en otras. La inequidad territorial es solo uno de los argumentos de los detractores del impuesto sobre el patrimonio, al que suman la falta de equidad horizontal (no todos los tipos de patrimonio soportan la misma presión) y vertical (los patrimonios más altos logran mayores vías de elusión del tributo) así como su propensión al fraude fiscal y la doble tributación que, a juicio de los críticos, genera este tributo al recaer sobre bases imponibles que consideran gravadas mediante otras figuras.
El hecho de que sea un tributo que se ha ido desmontando en el resto de los países occidentales, y que solo exista como tal en Noruega y Suiza, son argumentos que suman, según reflejan los expertos del libro blanco del IEE. Añaden, además, que renunciar a su relativamente escasa recaudación (sobre 1.200 millones) no causaría un agujero relevante en las arcas públicas sino que, por el contrario, podría estimular los ingresos si con su desaparición se eliminan incentivos a la deslocalización de patrimonios hacia otros países.
Los argumentos más robustos a favor del impuesto sobre el patrimonio se basan en la equidad. Desde este punto de vista, la riqueza supone una fuente indirecta de renta para quienes la poseen, en la medida en que incrementa su seguridad financiera, facilita el acceso a deuda y aumenta la oportunidades de disfrutar de mayor bienestar. Para los defensores del impuesto, este argumento justifica el gravamen de la riqueza y aunque la recaudación no es muy importante en términos relativos (1.200 millones), consideran que no es una cantidad despreciable.
