La plantilla de Abai mantiene la presión para frenar el ERTE

Segunda jornada de huelga en Abai, la empresa de telemarketing que en A Coruña opera para empresas como Inditex o Movistar. La plantilla sigue su calendario de movilizaciones para intentar frenar el ERTE aprobado por la multinacional y que afectará a 341 empleados de todo el país, 70 en la ciudad herculina, con un paro mínimo de un año. Los despidos se formalizarán el próximo día 30.

En la jornada de ayer, además del paro convocado, decenas de trabajadores se concentraron en el Obelisco a las 20.00 horas para dar a conocer la situación en la que se encuentra la plantilla. Los empleados, con banderas de las centrales sindicales, portaban letras en las que conformaron el lema de su convocatoria Non ao ERTE en Abai. Movistar culpable.

La multinacional ha alegado causas “organizativas y productivas” para defender un ERTE que llega después de que en 2021 la empresa alcanzase una facturación de 114,5 millones “logrando los mejores resultados desde que arrancó su actividad e incrementando los ingresos en todos los países donde está presente”.

El tiempo que ha planteado de vigencia del ERTE en los siete centros que tiene en España es de un año prorrogable. Según los sindicatos, esta medida supone que, de media, cada trabajador afectado cobrará el 70% de su sueldo durante los primeros seis meses y del 50%, el resto, y recuerdan que los salarios de los empleados son bajos, por lo que “no podrán aguantar seis meses cobrando un 30% menos y los seis siguientes, la mitad”.

El presidente del comité de empresa de Abai en A Coruña, Adrián García, resumió, al comenzar la huelga, que “la propuesta de la empresa es que estas personas pasen durante 12 meses, con posibilidad de prórroga, a situación de desempleo”. “Es inasumible. En un sector en el que los salarios rozan el salario mínimo interprofesional es inviable que una persona pueda sobrevivir con lo que se puede cobrar en el paro porque no tenemos capacidad de ahorro. Lo que buscan es una situación de destrucción de empleo”, detalló. En el centro de A Coruña, una de las causas alegadas es “la pérdida de servicios”, un aspecto sobre el que la plantilla se pregunta qué sucedió con el contrato de rastreo de COVID. “Había un contrato de 13,8 millones de euros por 12 meses. El servicio se prestó apenas durante 6. No sabemos qué ha pasado”, censura García.