El líder popular agilizará los desalojos de okupas en 24 horas y endurecerá las penas por usurpación

El PP ha planteado la aprobación de un paquete de medidas "anti-okupación" para permitir que los desalojos se produzcan en un plazo máximo de 24 horas. En el mismo paquete se incluye que las viviendas ocupadas ilegalmente no sean objeto de carga tributaria para los propietarios y se impedirán que los okupas ilegales puedan empadronarse y disfrutar de los derechos asociados. De esta manera, el líder de los populares agilizarán el proceso de desalojos para que puedan realizarse en el plazo máximo de 24 horas desde el requerimiento si los ocupantes no acreditan en este plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble y de modo inmediato en caso de flagrante delito. El paquete de medidas fue anunciado por el presidente del PP a mediados de junio, donde excluyó a las personas vulnerables de estas medidas, es decir, "aquellas que están pagando una hipoteca, les sube y no pueden pagar" o quienes no pueden pagar el alquiler por quedarse en paro.

Feijóo promete derogar la ley de vivienda si gana las elecciones

Para ello, el partido político creará unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado especializadas en la lucha contra la ocupación ilegal, además de Unidades de Actuación Inmediata ante las ocupaciones con "protocolos claros y efectivos". Y además, se reforzarán las penas por delito de usurpación en el Código Penal con hasta 3 años de cárcel. Los populares también prometen la protección legal frente a la actuación de las mafias en el supuesto de que dicha ocupación ilegal se realice por un grupo organizado o siguiendo sus instrucciones.

En el programa electoral presentado por Alberto Núñez Feijóo se especifica que crearán oficinas técnicas municipales para luchar contra la ocupación ilegal que cuenten con una asesoría jurídica a los vecinos o comunidades de vecinos afectados. En estos establecimientos incluirán un teléfono de atención al ciudadano 24 horas para actuar de forma inmediata ante ocupaciones o intentos, y una ventana única de tramitación de asuntos relacionados con este tema. Los vecinos estarán dotados de medios de defensa jurídica en la Ley sobre Propiedad Horizontal para la protección de la convivencia vecinal para legitimarlas para realizar "acciones preventivas contra la ocupación ilegal" y para acudir a las autoridades.

Con el objetivo de atajar la ocupación ilegal, el partido político apuesta por modificar la ley de bases del régimen local con el fin de que la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal se considere nula y no constituya prueba de su residencia o domicilio ni le atribuya ningún derecho. En relación a la legislación tributaria, Feijóo impulsará su reforma para que puedan devolver las cantidades abonadas por el propietario en concepto de IBI y en el Impuesto sobre el Patrimonio por el periodo que haya durado la ocupación, y para que la vivienda ocupada sea considerada como residencia habitual de su propietario si lo era antes de la privación ilegítima de su posesión. Así, explican, esta situación no conllevará la pérdida de beneficios fiscales si los hubiese.