Las vacantes laborales marcan un máximo en 2023, con una por cada 100 asalariados

Las vacantes laborales en el primer trimestre de 2023, y por primera vez, marcan un máximo histórico, ya que existe aproximadamente una vacante laboral por cada 100 asalariados, según datos extraídos por parte de Cepyme de la estadística oficial de vacantes del Instituto Nacional de Estadística (INE), que se elabora desde 2013. El problema se torna “más gravoso” para las pymes y para algunos ramos de actividad, como información y comunicaciones, actividades profesionales, transporte, finanzas y seguros, según se destaca en el informe El reto de las vacantes en España elaborado y presentado ayer por Cepyme.

Para la confederación, esta debilidad también se ha puesto de manifiesto en ámbitos como la hostelería y la construcción, muy vinculados al modelo productivo español, y polariza la deriva demográfica de vaciamiento de buena parte del centro y norte del país. De esta manera, el 71% de las pequeñas y medianas empresas en España asegura que tiene problemas para cubrir vacantes de empleo en general. No obstante, tan solo el 44% de las pymes aseguran estar buscando empleados en este momento.

Este desajuste entre la oferta y la demanda es explicada por Cepyme por diversas causas, como la ineficacia de las políticas activas de empleo, la despoblación que aqueja a buena parte del país o el envejecimiento de las plantillas, especialmente en algunos grandes sectores. También por el déficit de formación continua y de perfiles técnicos y tecnológicos, cambios sociales de distinto cuño, la burocracia necesaria para importar mano de obra extranjera, así como políticas de desincentivo para la incorporación en el mercado laboral. Ocho de cada diez empresas refieren problemas para encontrar personal de la cualificación demandada para el puesto, según se puede extraer del informe. La búsqueda de trabajadores infructuosa deriva de la escasez de personal cualificado para el puesto y ocurre tanto por la concreción del perfil buscado por la empresa como por la necesidad de que el aspirante cuente con unas titulaciones que ocasionan costes al aspirante y/o a la empresa, según se puede extraer del estudio.