El coste del despido en Galicia va de los 8.100 euros de Ourense a los 13.500 de Lugo

Modificar las condiciones del despido promete ser una de las batallas magnas —con permiso de la reducción de jornada semanal— de esta legislatura. Tras atar la coalición una mayoría suficiente y una vez llevada a cabo la investidura de Pedro Sánchez, patronal y sindicatos velan armas para una nueva pugna en las mesas de diálogo social.

El acuerdo de coalición contempla una referencia ambigua sobre cómo el PSOE y Sumar pretenden modificar las condiciones de un cese: «Establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral».

Por un lado, la coalición quiere modificar los supuestos en los que las empresas pueden invocar o no un despido justificado. Y, por el otro, mejorar las indemnizaciones más bajas. Y es que existe una disparidad muy elevada entre lo que cobra un trabajador cesado dependiendo de si está en un territorio u otro. Hasta el punto de que entre la provincia de España que menos indemnización reconoce y la que más puede haber una diferencia de siete veces.

El gran ausente

El despido fue el gran ausente de la última reforma laboral y el influjo de la de Mariano Rajoy, en 2012, aún conserva su impronta en las estadísticas. Según los datos recopilados trimestralmente por el Consejo General del Poder Judicial, si hoy un trabajador es cesado e impugna ante los tribunales su despido, recibirá una indemnización un 36% inferior, de media, a la que se percibía hace una década.

Son varios los elementos que condicionan esa estadística —como el perfil de trabajadores despedidos, la antigüedad acumulada y la capacidad negociadora de los sindicatos—, pero el elemento normativamente relevante es el precio del despido. Antes de Rajoy, un cese improcedente se cobraba a 45 días por año trabajado, frente a los 33 días actuales.

Unos importes que la reciente reforma laboral no tocó. Como tampoco recuperó los salarios de tramitación, es decir, obligar a la empresa a pagar al trabajador el sueldo que debería haber percibido entre el momento del despido y el día que un juez le da la razón.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, ha defendido en sede parlamentaria introducir el concepto de «“despido restaurativo». Este consiste en adaptar la cuantía final de la indemnización a las circunstancias personales del trabajador. Es decir, si este tiene 60 años y por ello tendrá muchas dificultades para encontrar un trabajo, la empresa debería pagarle más que a un joven de 25 años. O a una madre monomarental con tres hijos pagarle más que a un soltero sin hijos.

Hay tribunales que ya están aplicando esta doctrina, invocando la jurisprudencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en casos puntuales. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cuadruplicó hasta los 4.435 euros la indemnización de una despedida (con un hijo a cargo), ya que su antigüedad era tan escasa que la cifra legalmente tasada hubiera sido «insignificante», según los magistrados. Un criterio, no obstante, que no comparten todos los territorios y es que, por ejemplo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictó este pasado septiembre una sentencia en la que consideraba suficiente el sistema de indemnización contemplado en la normativa actual.

Enfrentamiento

Las diferencias entre territorios son abultadas. Donde menos recibe un trabajador si impugna y le dan la razón son 2.863 euros, en Ciudad Real, frente al otro extremo, con los 20.677 euros de Guipúzcoa.

En Galicia, la indemnización más alta en caso de juicio favorable está en la provincia de Lugo, con casi 13.600 euros, seguida de A Coruña (11.697 euros), Pontevedra (11.226) y, finalmente, Ourense (8.167). Un hipotético refuerzo de las indemnizaciones mínimas afectaría especialmente a aquellas provincias que actualmente registran pagos más bajos.

Las prioridades y objetivos de los agentes sociales en esta materia no podrían estar más alejados. Mientras la CEOE acabó apoyando la reforma laboral de Díaz porque, entre otros, esta no tocaba el despido, UGT y CCOO han llevado ante la justicia europea el actual sistema indemnizatorio, ya que entienden que no es suficientemente garantista.

“Ni a los trabajadores ni a los empresarios en estos momentos les preocupa el despido”, insistió hace poco el vicepresidente de CEOE Lorenzo Amor.

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