Xunta y Strategic Minerals recurren la paralización del TSXG de la mina de coltán

La Xunta ha presentado recurso contra la medida cautelar que dictó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) paralizando la mina de coltán de Penouta, en Viana do Bolo (Ourense), la única de Europa para explotar este mineral, indispensable para la fabricación de teléfonos móviles y otros dispositivos. Fuentes de la Consellería de Economía e Industria confirmaron a la agencia Europa Press que dicha interposición se produjo con fecha del pasado 23 de octubre. También la empresa, Strategic Minerals, trasladó a la sala de lo contencioso administrativa del TSXG un recurso de reposición, “pero también de preparación, en caso de no ser estimado íntegramente, del correspondiente recurso de casación ante el Tribunal Supremo”. En recursos con semejanzas, Xunta y empresa apelan al interés del proyecto por lo que supone en creación de puestos de trabajo y también aluden al hecho de que la mina “se sitúa fuera de la zona protegida Red Natura 2000, y no produce afectación alguna a la misma (ni vertidos ni otros impactos)”.

Ecoloxistas en Acción replica que estas afirmaciones “son simplemente falsas” pues la explotación “causa impacto directo sobre los cauces situados en la Red Natura 2000, implicando una contaminación crítica con metales pesados, con un potencial impacto de bioacumulación y biomagnificación que el estudio de impacto ambiental ignora”. En declaraciones a Europa Press, el portavoz de esta asociación ecologista, Cristóbal López, critica que la Xunta actúa “defendiendo a una empresa con un historial muy complicado” y que “acumula seis expedientes por vertidos” que afectaron al agua del municipio. Economía e Industria, por su parte, señala que la Xunta “siempre defenderá que el desarrollo del sector en Galicia debe pasar por una minería sostenible y comprometida con el cuidado del medio ambiente”.

La justicia suspendió la resolución de la Xunta que aprobó el proyecto de explotación y el plan de restauración de la concesión de una sección de la mina de A Penouta atendiendo la reclamación de Ecoloxistas en Acción ante los “graves impactos” de la mina sobre el espacio protegido de Pena Trevinca, Red Natura 2000. Dicha resolución, sin embargo, según las fuentes de la consellería consultadas, fue dictada “después de una tramitación rigurosa conforme a la legislación ambiental y minera”. “El lugar donde se localiza el proyecto no ostenta ninguna figura de espacios naturales protegidos y el perímetro de la zona de extracción de la concesión de explotación está dentro de las zonas degradadas por antiguas labores mineras del siglo pasado”, aseguran dichas fuentes.

Al respecto, el portavoz de los ecologistas replica que la zona se encuentra en “el entorno” y las proximidades de Red Natura 2000, y advierte además de que la proporción de coltán que hay en ella es “muy pequeña”.

En las últimas semanas se han sucedido varias movilizaciones para protestar en contra de la paralización, y la propia Alcaldía de Viana do Bolo (del PP) emitió un bando para mostrar su “firme apoyo” y el de la corporación municipal “a la empresa y trabajadores” y animando a los vecinos a asistir a una “concentración pacífica”. En Penouta, en Viana do Bolo (Ourense), existen en la actualidad dos derechos mineros, el primero, Penouta N.º 61, de recursos de la sección 'B' y en el que Strategic Minerals Spain, desde abril de 2013, se dedica a explotar la escombrera y los depósitos de la antigua explotación de Rumasa.

El segundo es el de la mina de Penouta N.º 4880.1, del cual, tras una declaración de impacto ambiental favorable en diciembre de 2021, se resolvió su pase a concesión en mayo de 2022 y supone una explotación minera de recursos de la sección C, en concreto de estaño, tantalio y niobio. Tras la comunicación a mediados de octubre del auto de suspensión cautelar por parte del TSXG, la resolución de la sección C está en suspenso, no así la sección B.

La Xunta remite al hecho de que la resolución suspendida cuenta con declaración de impacto ambiental, después de un proceso de evaluación tramitado entre los años 2020 y 2021 “y que fue objeto de informe sectorial por parte de todos los organismos afectados”.