El aluminio no era un sector estratégico

Raúl Blanco ahora preside Renfe, pero no siempre fue así. Justo antes —unas semanas, al menos— dirigió la Escuela de Organización Industrial y, al principio de toda esta larga crisis que terminó llevándose al agujero de la historia toda la fabricación de aluminio primario en A Coruña, fue el Secretario General de Industria y Pyme. Cuando ocupó ese cargo, precisamente, fue cuando vertió el jarro de agua helada sobre uno de los deseos que más veces invocaron los extrabajadores de la antigua Alcoa (por entonces, Alu Ibérica): la urgente necesidad de que el Estado interviniese en las fábricas de A Coruña y Avilés.

Aquel jarro de agua gélida cobró forma con las palabras que dijo Blanco allá por mayo de 2021. Explicó entonces que al estar la investigación del saqueo de Alu Ibérica en marcha y con forma de “proceso judicial” (de la Audiencia Nacional) no cabía “ninguna afirmación más”. O sea, que había que descartar cualquier tipo de nacionalización (parcial, total o momentánea).

A su juicio, “el escenario actual —con las plantas intervenidas judicialmente— es más garantista para los trabajadores”, insistió. “No fue una venta pública, de ahí nuestra prudencia”, recordó el número 2 del Ministerio de Industria mientras estaba bajo la dirección de la actual concejala en Madrid, Reyes Maroto. O sea, que la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) pudiera intervenir en Alu Ibérica, nada de nada. Cabe recordar que la operación, ciertamente, “no fue una operación pública”, pero también es cierto que el Ministerio de Industria, entonces, se comprometió a salvaguardarla, a vigilar que llegase a buen puerto.

Los trabajadores de las dos fábricas de aluminio primario —en A Coruña y Avilés— lucharon a brazo partido por mantener la actividad aluminera en España y esto fue así porque, muy pronto, se dieron cuenta de que la operación comercial protagonizada por la multinacional Alcoa iba a devenir en ausencia de actividad y en muerte de las fábricas. Para evitar profundizar en esta circunstancia crítica (el final del sector aluminero en A Coruña y Asturias), consideraron que era obligatorio tomar dos decisiones de carácter estatal: la entrada de SEPI en la propiedad de las fábricas —aunque fuera de manera temporal— y la regulación necesaria del precio del megavatio hora para que la producción de aluminio electrolítico no fuese un negocio fallido (el precio de la energía llegó a ser estratosférico en aquellos primeros meses de la crisis).

Todo esto había estallado cuando en el otoño de 2018 la multinacional Alcoa decidió deshacerse de sus fábricas de A Coruña y Avilés —ahora esa decisión la ha ampliado a la de San Ciprián en Lugo—. Lo logró cuando colocó las plantas de Agrela y San Balandrán a un fondo de inversiones germanosuizo de nombre Parter Capital que, en unos pocos meses, se deshizo de las fábricas que había comprado entregándoselas a los investigados por la Audiencia Nacional Víctor Rubén Domenech, su expareja Alexandra Camacho, y sus correspondientes testaferros. Y, mientras tanto, el Estado —el Ministerio de Industria del que Blanco era su segundo cargo principal— accede a personarse en la instrucción penal, la que investiga la descapitalización fraudulenta de las plantas y a sus culpables. Y de la intervención pública en las fábricas, nada.

La razón de Blanco para rechazar la intervención pública en Alu Ibérica —sin verbalizarla— es doble: el Estado no interviene en el sector aluminero en el país porque no lo ve necesario y porque su resultado iba a ser de difícil digestión. Los trabajadores creen que hay una segunda explicación: “Porque no les dio la gana”.

Sin embargo, la SEPI sí que va a intervenir en Telefónica (va a adquirir el 10% de una empresa que en 1997 ya era de la propia SEPI , al menos, un 21% de ella. Es significativo que en el período en que el Estado vendió su participación en la operadora, estaba haciendo lo mismo en la industria aluminera. O sea, que cuando vendía la parte pública de Telefónica, se deshacía de la compañía Inespal (la empresa nacional de aluminio).

El martes día 19, Belén Gualda, que es la presidenta del holding empresarial público, le comunicó a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) que: “Con una vocación de permanencia, la participación de SEPI permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas”. Y esto es así porque la empresa “desarrolla un conjunto de actividades que resultan de crucial relevancia para la economía, el tejido productivo, la investigación, la seguridad, la defensa y, en definitiva, el bienestar de los ciudadanos”. No dice lo principal: que el Consejo de Ministros decidió que era conveniente que el Estado no perdiera el control de un sector estratégico como es el de las telecomunicaciones. Y es que la amenaza de STC (propiedad del Public Investment Fund de Arabia) sobre Telefónica desarmaba al país.

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