De la reducción de jornada al despido: la agenda laboral del Gobierno para la legislatura

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha presentado este lunes en el Congreso de los Diputados la que será la agenda legislativa del Gobierno en materia laboral durante esta nueva legislatura que comienza. La reducción de la jornada a las 37,5 horas semanales, las causas y cuantías indemnizatorias del despido, la reforma del trabajo a tiempo parcial o el acceso de los trabajadores a los consejos de administración de la gran empresa son las principales materias que Díaz pretende abordar durante los próximos cuatro años.

Si la anterior legislatura fue la de la reforma laboral, la ley de teletrabajo, la nueva ley de empleo o la ley 'Rider', entre otras; esta que arranca también estará repleta de cambios llamados a ser significativos en el día a día de trabajadores y empresas. La culminación y el alcance de los mismos dependerá del diálogo social y de la peculiar aritmética parlamentaria que consiga armar en cada caso la coalición.

El primer elemento que abordará Trabajo con los agentes sociales será la reducción de la jornada laboral máxima a la semana, para lo que las partes tienen cita este jueves a las nueve y media de la mañana. Este fue uno de los compromisos más publicitados por la líder de Sumar durante la campaña electoral e "incluso los votantes de la derecha y de la extrema derecha están de acuerdo", ha reivindicado.

El objetivo está claro, con la rebaja de las actuales 40 horas a las 38,5 horas ya este 2024 y un horizonte de llegar a las 37,5 horas para el final de la legislatura. Ahora Trabajo buscará concretar el cómo, ya que la organización laboral de las empresas es diversa y muchas veces el componente horario lo distribuyen anualmente. "Me gustaría llegar a un acuerdo, [...] pero si no puede ser tripartito, será bipartito", ha alertado Díaz a la patronal.

Reforma del despido

La ministra de Trabajo tiene un ojo puesto en Europa para ver si sus futuros dictámenes reprenden o no al Reino de España. Y en contra de la opinión del Ministerio de Justicia, espera que así sea. UGT denunció en mayo del 2022 ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CES) las condiciones del despido del actual ordenamiento jurídico español ya que considera que no blindan suficientemente a los empleados. Y Díaz pretende apoyarse en una hipotético pronunciamiento favorable desde Europa a esa denuncia para apuntalar su reforma.

Díaz ya avanzó antes de las elecciones que pretendía regular las condiciones de las extinciones contractuales para que "no sea rentable" para las compañías, según ha defendido este lunes en sede parlamentaria. Trabajo pretende que las indemnizaciones garanticen una "reparación adecuada" y sean "verdaderamente disuasorias" para las compañías.

Criterios contemplados en la carta social europea y que ya han sido invocadas por diversos tribunales españoles para mejorar las indemnizaciones mínimas establecidas por ley. La reforma también abordará los motivos lícitos según los que las empresas pueden recurrir al despido. No obstante, a corto plazo el cambio que introducirá el Gobierno en materia de despido será suprimir como causa lícita las incapcidades sobrevenidas.

Parcialidad, becarios y consejos de administración

El abanico de prioridades para esta legislatura de Trabajo lo completan una reforma de las condiciones del trabajo a tiempo parcial. Modalidad en la que operan 2,6 millones de personas en España (73% de ellos mujeres). "Parte de la precariedad que resta en nuestro país está en la parcialidad. [...] Esta es la clave que debemos cambiar, sobre todo porque tiene un sesgo de género", ha declarado Díaz.

La primera modificación a este respecto irá incluida en la transposición de la directiva europea para unas condiciones laborales transparentes, tal como ha avanzado El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica. La misma obligará, entre otros, a las compañías a preavisar con tres días de antelación si quieren que un empleado a tiempo parcial realice horas complementarias.

Como paraguas de todas estas reformas, el Ministerio de Trabajo traslada a esta legislatura una materia que quedó pendiente de la pasada: la reforma del Estatuto de los Trabajadores, para convertirlo en el "nuevo estatuto del Trabajo del siglo XXI". Aquí una de las reformas más destacadas es el aumento de la participación de los representantes de los trabajadores en los órganos directivos de las grandes empresas, emulando el modelo alemán. "Es llamativa la ausencia de cumplimiento constitucional sobre esta materia", ha destacado.