Industria insta a Alcoa a cumplir en San Cibrao y la Xunta apoya una “intervención temporal”

Apenas una semana después de sembrar el pánico entre los trabajadores de su planta de San Cibrao con el mensaje del presidente y consejero delegado, William Oplinger, sobre la supuesta situación límite de la factoría, la falta de viabilidad económica y las “decisiones difíciles” con impacto adverso en el empleo que habría que tomar sin un giro sustancial de la situación, Alcoa cambia el guión. Ayer, mientras el Gobierno y la Xunta se reunían con el comité de empresa en Madrid en la mesa de seguimiento, la multinacional estadounidense comunicó su intención de reactivar las 32 cubas de electrólisis el próximo lunes y cumplir el acuerdo con la plantilla revisado en febrero del pasado año. La fecha permitiría la vuelta a la actividad, como estaba previsto, el 1 de abril y la ampliación progresiva de la capacidad productiva hasta alcanzar en octubre de 2025 el pleno funcionamiento.

La compañía insiste, eso sí, en que esta enésima solicitud de aplazamiento era “la opción más lógica financieramente” para “preservar el efectivo disponible y las líneas de crédito”. Vuelve a subrayar que los fondos disponibles en la única fábrica de aluminio primario que queda en España y que supera los 1.000 trabajadores son “limitados”. El encendido ahora “agotará” antes los recursos y habrá menos margen, según Alcoa, para alcanzar “una solución satisfactoria a largo plazo”.

Tanto matiz hay detrás del anuncio con el que Alcoa trata de defenderse de las acusaciones de incumplimiento que a prácticamente nadie le convence del todo la decisión. “Hablar sobre algo que está firmado y decir que se ha cumplido algo que está firmado, parece un poco de cachondeo”, ironizó José Antonio Zan, presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, que reprochó a la compañía la cita “totalmente improductiva” en la mesa de seguimiento porque “no ha puesto ninguna concreción encima de la mesa”. Los trabajadores sacan algo bueno de la contundencia esta vez de las administraciones y el mensaje firme del Gobierno de apostar por la fabricación de aluminio primario en España. “Sin esa decisión —añadió Zan— no tendríamos nada a día de hoy”.

Lo dijo la secretaria de Estado de Industria. La planta es “importantísima no solo para la comunidad de Galicia, sino también para el conjunto de España”, remarcó Rebeca Torró, que instó a Alcoa a cumplir el pacto con los trabajadores. Torró demanda transparencia al grupo. “Necesitamos saber en qué concretamente podemos ayudarles, dando que le hemos trasladado las diferentes líneas en reiteradas ocasiones”, señaló, en referencia a las ayudas públicas posibles, como los instrumentos de apoyo financieros o el Perte de Descarbonización, que acaba de abrir el plazo de solicitudes.

La conselleira de Economía e Industria no ocultó su enfado con Alcoa a la salida de la reunión. “La actitud, el comportamiento y los hechos no son de una empresa seria”, cargó María Jesús Lorenzana, que confesó que la actitud de la compañía le genera “muchísima inseguridad” y su palabra es “muy poco fiable”. Propone darle un ultimátum “corto” para que clarifique “de una vez por todas qué va a hacer con la planta”. Lorenzana asegura que la Xunta está dispuesta a apoyar y acompañar al Gobierno central en “una intervención temporal e instrumental” para buscar un dueño alternativo, “sacando a Alcoa y monetarizando lo que la compañía tiene que indemnizar”.