La ola de desguaces de barcos explota en Europa, pero cae en España, a la espera de ayudas

El Nuevo San Juan es uno de los pesqueros españoles que serán desguazados este 2024, aunque el motivo por el que está ya en las instalaciones de la gijonesa DDR Vessels, desde hace varios meses, nada tiene que ver con el que ha llevado a la mayoría de sus compañeros a pasar a mejor vida. Salvo limitadas excepciones como la que sacudió a este pincheiro de Burela, un catastrófico incendio mientras faenaba en Gran Sol, los barcos que se van suelen hacerlo por la falta de rentabilidad a la que se ven sometidos sus propietarios.

Los armadores, impulsores de una actividad falta de relevo, garante de la soberanía alimentaria y que se ha visto cercada por una incongruente red de restricciones lanzada desde los despachos de Bruselas, han visto reducidos sus márgenes hasta el punto de echar cuentas y decidir, en muchos casos, poner fin a años y años de mareas. A la vista están los números para certificar tales decisiones. En el primer año completo desde la entrada en vigor del veto a la pesca de fondo en 87 áreas del Atlántico Norte, puesto en marcha por la Comisión Europea, las destrucciones de embarcaciones se han catapultado más de un 50%. Europa perdió 339 buques a lo largo de 2023, en comparación a los 223 de 2022, y de ellos dos de cada 10 se esfumaron con ayudas destinadas al desmantelamiento financiadas a través de partidas comunitarias.

Ninguno de los que la recibió, eso sí, fue español. Frente al notable incremento de desguaces en el seno de los Veintisiete, la mayor cifra desde prepandemia, a nivel nacional la tendencia es bien distinta. El pasado 2023 fue el año en el que menos buques nacionales se desguazaron de la última década (constan como destruidos 53 en el listado de Bruselas, un 32% menos respecto a 2022) y la principal razón es que muchos están esperando a que el Gobierno central saque adelante la nueva línea de apoyos que previsiblemente llegará este 2024.

Así ocurrió en años fuertes como 2014 y 2015, cuando se destruyeron 348 buques españoles y más de la mitad recibieron una contraprestación económica (95 y 93 respectivamente) amparada en fondos de la Unión Europea. Como avanzó FARO, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) remitió a finales del pasado mes de julio a distintas organizaciones pesqueras un “borrador de baremo” sobre las ayudas para paralizaciones definitivas. Según el mismo, para un arrastrero promedio de Gran Sol, de 33 metros y en torno a 325 GT (toneladas de arqueo bruto), la armadora recibiría unos 1,15 millones de euros. En cuanto a cuándo se hará efectiva la convocatoria y su importe, el departamento que comanda Luis Planas guarda de momento silencio.

“Podemos hablar de desguazar barcos, sí, pero me niego a hablar exclusivamente de desguaces si no hablamos de construcción de barcos. Los puros desguaces como tal es una medida muy querida por la Comisión Europea, pero me parece meramente defensiva. Ojo, no digo que en algún caso y en algún segmento no sea necesaria y, si lo es, hay que hacerla”, dijo precisamente el ministro en una entrevista realizada con este diario con motivo de la cumbre de ministros de Pesca que acogió Vigo. Irlanda o Francia ya se han adelantado, dando luz verde a sus planes con sendos desembolsos. Son, junto a España (los citados 53) y Portugal (50), los países comunitarios con más embarcaciones desguazadas en 2023 (40 y 99). Entre los cuatro suponen el 70% del total.

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