La eólica alerta de “un tsunami para las inversiones” por la judicialización de los proyectos

Las dos sentencias dictadas por el Tribunal Supremo que avalan la autorización previa y de construcción y la aprobación definitiva de la repotenciación del parque eólico Corme de EDP en la localidad de Ponteceso abren la puerta a desenmarañar, al menos en parte, la judicialización del sector en Galicia. Su veredicto avala la incorporación de los informes sectoriales en una fase posterior a la exposición pública del proyecto para conseguir la declaración de impacto ambiental e, incluso, la reducción de 30 a 15 días del plazo de alegaciones si no se prueba que es un margen insuficiente. La cuestión es que pasará ahora con las decenas de suspensiones cautelares del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a permisos —parte de ellas por esas mismas razones—, el centenar de contenciosos y los más de 2.000 recursos administrativos presentados contra los 70 parques recién validados por la Xunta.

“Nos preocupa la judicialización de la tramitación de proyectos eólicos en algunos territorios”, confesó Juan Diego Díaz, presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), durante la inauguración de la jornada Eólica y Mercado celebrada ayer. El sector advierte que las suspensiones de proyectos como medida cautelar suponen “un tsunami para las inversiones, para la creación de empleo de valor añadido, para los pedidos a la industria y para la atracción de consumo industrial al territorio”. El líder de la patronal nacional del viento confía en que los fallos del Supremo ayuden a recuperar la normalidad “en breve”, asegura que “el daño generado es difícil de valorar, no solo en lo económico, sino en ámbitos intangibles como la reputación, la aceptación social, la imagen de país o el coste para las generaciones futuras”.

“La aceptación social de los proyectos debe ser una prioridad”, apeló ante los responsables de la industria eólica, con una llamada a trabajar “con excelencia”. “Anticiparnos, aportar antes, mejor y más de lo que exige la norma, ir más allá de lo económico, técnico y legal, y llegar hasta el factor humano de los proyectos y el entorno en el que se instalan”, detalló Juan Diego Díaz, con la mirada puesta en “una tramitación saludable”. La travesía administrativa ahora mismo es “una asignatura a mejorar” por parte de las empresas, pero también desde las administraciones, a las que el sector reclama de nuevo un acelerón.

La AEE aplaude la decisión del Gobierno de estirar los plazos de construcción de los parques afectados por las caducidades de los permisos de conexión. Tendrán tres años más, hasta 2028. Pero, haciéndose eco de las demandas de la patronal gallega EGA, el sector cuestiona qué pasará con los proyectos paralizados en los juzgados, o aquellos que deban tramitar por separado la línea de evacuación. “Sobre estos aspectos seguiremos trabajando”, avanzó.

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