El plan de pensiones de la construcción que afecta a 76.000 gallegos divide a los sindicatos

Desde 1 de febrero, todas las empresas del sector de la construcción, sea cual sea su tamaño, están obligadas a realizar aportaciones mensuales al nuevo plan de pensiones de sus trabajadores que se acaba de poner en marcha. Con esta medida, la construcción se convierte en la primera actividad en estrenar los denominados Planes de Empleo Simplificados, una figura que impulsó el anterior ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para favorecer los planes de pensiones colectivos frente a los individuales, como ya ocurre en otros países europeos. En el caso de Galicia, la medida afecta a los más de 76.000 trabajadores que tiene la construcción en la comunidad: 32.000 en la provincia de A Coruña.

El plan de pensiones del sector de la Construcción (PPSC) consiste en un sistema de aportaciones o contribuciones económicas de cara a la jubilación del trabajador realizadas por las empresas del sector y cubre las contingencias de jubilación, fallecimiento e incapacidad permanente.

La Fundación Laboral de la Construcción, formada por la patronal de las empresas del sector —la Confederación Nacional de la Construcción (CNC)—, así como los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han sido los encargados de firmar el acuerdo.

Fuentes de la CNC explican que las aportaciones acordadas entre patronal y sindicatos tienen la intención “hacer el sector más atractivo para superar el problema de falta de mano de obra que afecta a la construcción en particular y a la economía en general”.

El objetivo final es que esta forma de ahorro para la jubilación se extienda y suponga un complemento efectivo a las prestaciones públicas de cara al futuro, algo que no se estaba logrando con la anterior legislación, más favorable a los planes individuales.

Como señala Javier Carreiro, secretario xeral de UGT FICA Galicia, el nuevo plan de pensiones supone una mejora de las condiciones de los trabajadores del sector y “es algo novedoso, ya que es la primera vez que se va a implantar en un sector. “Todos los años ese fondo se va a ir incrementando y los trabajadores lo van a tener ahí hasta su jubilación. Pueden cambiar de empresa, pero siempre lo van a tener. No influye que se cambien de empresa”, explica Carreiro, que coincide con la CNC en que la medida lo que busca es “fortalecer al sector y también que sea más atractivo para los trabajadores”. El fondo lo gestionará VidaCaixa, la mayor aseguradora en España y filial de CaixaBank. Carreiro apunta que, aunque no fue hasta el 1 de febrero cuando se puso en marcha, los trabajadores tendrán derecho a recibir aportaciones por todos los años de vigencia del actual convenio, que abarca desde el año 2021 hasta el presente 2024.

En 2022 y 2023, el importe será el 1% de los sueldos recogidos en las tablas salariales que aparecen en el convenio provincial, y en 2024, las mismas cantidades, a las que habrá que sumar un 0,25% de las tablas salariales correspondientes a 2023. Los empresarios tienen ahora de plazo hasta el mes de mayo para abonar la parte correspondiente a 2022 y 2023, mientras que la de 2021 se transferirá de forma mensual, junto a la correspondiente a este ejercicio. Las aportaciones, dependiendo del salario base de cada trabajador, irán desde los 100 a los 300 euros al año.

La CIG, que también estuvo en la comisión negociadora del plan de pensiones y que al final votó en contra, rechaza que la medida mejore las condiciones de los trabajadores de la construcción. “La CIG está en contra del plan porque entiende que al final se le está detrayendo a la clase trabajadora una parte de su salario”, reconoce Mario Maceiras, secretario comarcal de CIG-Construcción en A Coruña. “Lo que se hace es una detracción indirecta para que el trabajador no sea consciente de lo que se le está reduciendo. Lo que se va a hacer es aplicar esa detracción antes de las tablas salariales. Antes de que se lleguen a firmar las tablas salariales, ya se elimina ese porcentaje que va a ir al plan de pensión, por lo cual el trabajador nunca llega a verlo en su nómina”, alerta Maceiras, que insiste en que “es muy sencillo que un trabajador piense que esta aportación a su plan de pensiones es a mayores, pero la realidad es que ya se le ha quitado del incremento salarial que sí debería ser percibido. Si mi salario iba a aumentar un 4%, finalmente subirá un 3% y el 1% que queda irá al plan de pensiones”, ilustra.

Una de las razones por las que la patronal estuvo de acuerdo en la firma del acuerdo es que, según Mario Maceiras, “la empresa no paga esa aportación”. “Esa era una de nuestras peticiones, que no le supusiera una merma salarial a los trabajadores, y que la empresa contribuyera por cada trabajador que tiene de alta, pero al final no fue así”, aclara.

La CIG también se queja de que la gestión de los fondos no sea pública y de que una entidad privada como VidaCaixa sea la depositara. “La CIG decidió participar en la comisión negociadora para hacer valer su punto de vista que nosotros entendíamos que pasaba por el control y la gestión pública de los fondos. El organismo de gestión de este plan va a estar formado por UGT y CCOO y la gran patronal y no va a estar controlado por un organismo público como podría ser, por ejemplo, la Tesorería General de Seguridad Social, como ya pasa en otros tipos de planes de pensiones privados, de sector o incluso de empresa”, asegura. “Es un ataque frontal al sistema de pensiones público que pensamos que es el que tiene que prevalecer”, sentencia Mario Maceiras.

Aunque el acuerdo haya fijado el porcentaje del 1% como aportación, las empresas pueden aumentar esta partida, según los firmantes del acuerdo. El dinero que destinen a las pensiones de los empleados está bonificado en las cuotas de la Seguridad Social hasta 1.500 euros. Además, se reduce de la base imponible del Impuesto de Sociedades y también de la propia cuota de este tributo, cuando se destine a personas con sueldos de hasta 27.000 euros.

En total, las compañías pueden realizar una aportación máxima de 8.500 euros por trabajador, mientras que estos también pueden complementar esa cantidad con otros 1.500 euros. El dinero podrá ser rescatado por los asalariados en caso de jubilación, defunción o incapacidad permanente.

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