Las nuevas pensiones gallegas alcanzan el ‘mileurismo’ aunque con 12 años de atraso

Las pagas dadas de alta en el conjunto del país ya habían rebasado ese umbral en 2012 | Los autónomos siguen lejos: 891 euros al mes | El coste mensual supera los 800 millones

Pareja de 
ancianos, en la 
ciudad de 
Ourense. // I. Osorio

Pareja de ancianos, en la ciudad de Ourense. // I. Osorio / Lara Graña

Lara Graña

Cada año se dan de alta en Galicia en torno a 40.000 nuevas pensiones de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y de favor familiar. En paralelo, y principalmente por fallecimiento del perceptor, causan baja otras 35.000 personas de media, de ahí que, a excepción de la provincia de Lugo —perdió casi 460 pensionistas en el último año— la cifra total aumente. Los ingresos de esos nuevos perceptores van de la mano de sus cotizaciones y de las progresivas revalorizaciones validadas por el Congreso de los Diputados, a excepción de los años posteriores a la doble recesión, así que también se incrementan cada ejercicio. Y, hasta ahora, las pagas siempre oteaban el umbral de los mil euros desde abajo. Pero esto ha cambiado: las prestaciones medias abonadas a los gallegos durante el año 2023 se han consolidado ya por encima de ese importe y el mileurismo ha llegado para quedarse. La paga media de las personas que se dieron de alta como nuevas beneficiarias ascendió a 1.029,73 euros mensuales, de acuerdo a las cifras facilitadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Claro que el camino para alcanzar la condición de mileuristas de los nuevos perceptores ha sido mucho más largo que el recorrido por el conjunto de España. En el año 2012, de hecho, las prestaciones medias de alta ya rebasaban los 1.000 euros al mes; a día de hoy superan ya los 1.200. Que las pensiones gallegas sean las segundas más bajas de todo el Estado, solo por detrás de las extremeñas, es algo que no ha mudado. Tampoco la precaria situación en la que quedan los trabajadores autónomos que se retiran de su vida laboral, con una paga neta mensual que apenas supera los 891 euros. Y eso teniendo en cuenta que los profesionales de la comunidad son los que menos optan de todo el país por cotizar por la base mínima, precisamente para poder garantizarse unos mejores ingresos en su jubilación.

Hay otro aspecto que tampoco ha cambiado y que obedece a una triple casuística: las menores remuneraciones al inicio de la vida laboral, las subidas salariales inferiores al incremento de la inflación y la equiparación de las pensiones precisamente al IPC. Se trata de la horquilla que existe entre los salarios de los más jóvenes (hasta 35 años) y las nuevas pagas de jubilación. Los últimos datos disponibles sobre sueldos por edades de la Agencia Tributaria corresponden al año 2022, con una nómina anual de 17.854 euros para la franja de edad de entre 26 y 35 años. En paralelo, la prestación por jubilación para los que acaban de retirarse acaricia los 18.230 euros anuales, equivalentes a 1.302 al mes en 14 pagas. En definitiva, los recién aceptados como beneficiarios de una pensión cobran, salvo excepciones, más dinero que los trabajadores que acaban de iniciar su trayectoria en el mercado laboral.

La derogación de la reforma de 2013 supuso, por otra parte, un cambio drástico para el sistema. Aquella normativa establecía dos baremos clave: un índice de revalorización y el denominado factor de sostenibilidad. El primero establecía una subida límite del 0,25%, que estaría en vigor siempre que la Seguridad Social estuviese en déficit (con más gastos que ingresos). A efectos prácticos, equivalía a perpetuar ese cuarto de punto sine die. El segundo topaba las prestaciones teniendo en cuenta una mayor esperanza de vida: se cobraría menos al mes pero durante mucho más tiempo. El anclaje ahora de las pensiones al IPC ha dado la vuelta a los números del sistema común.

Para este 2024 las pensiones contributivas crecerán un 3,8%, mientras que las mínimas o no contributivas y las de viudedad con cargas familiares harán lo propio en un 6,9% y 14,1%, respectivamente. Su traducción en números es la siguiente: en el mes de enero el importe total desembolsado en Galicia se aproximó a los 830 millones —nuevo récord, tras un alza interanual del 6%—, con una revalorización que supuso un coste extra de 208 millones. La suma de las prestaciones abonadas en la comunidad en el pasado ejercicio, incluidas las pagas extra, alcanzó el hito de los 11.000 millones. Una cantidad que se verá superada cuando finalice el presente año con toda seguridad.

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