Galicia lidera por cuarto año la clasificación de empresas con una grave siniestralidad laboral

Galicia vuelve a liderar por cuarto año consecutivo la clasificación de las empresas que superan los límites de siniestralidad establecidos. Desde 2020, la comunidad gallega encabeza este listado de compañías que necesitan una “especial vigilancia” por la elevada incidencia de enfermedades profesionales y siniestralidad laboral que tienen sus trabajadores. En 2019 ocupaba el segundo puesto y el anterior, el primero.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cuenta con un servicio de alertas que detecta en tiempo real las empresas que superan los límites establecidos de afecciones laborales. Es una herramienta del sistema Cepross (Comunicación de Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social), que la Dirección General de Ordenación del ministerio ha desarrollado para la Inspección de Trabajo y las comunidades autónomas. Su fin es encontrar posibles focos de riesgo de dolencias en los centros laborales.

El sistema localiza aquellas compañías en las que se repite la misma afección y analiza otras variables, como el número de trabajadores que tiene o la actividad que desarrolla, entre otras, y atiende especialmente los daños causados por agentes cancerígenos.

El año pasado, este servicio de alertas detectó 28 empresas gallegas que superaron los límites establecidos. Representan el 13,2% del total español que alcanzó las 171, según las estadísticas oficiales que elabora la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. El porcentaje ha subido cinco décimas con respecto a 2022, aunque fue tres puntos inferior que el de 2020 (17,7%) y cinco, que el de 2018 (18,4%). Las alertas de las 28 firmas gallegas se produjeron por 33 dolencias profesionales, por lo que existieron centros de trabajo donde los avisos se originaron porque se produjo más de una.

Las enfermedades profesionales se agrupan según los agentes causantes en seis grupos: químicos, físicos, biológicos, por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados, daños en la piel causadas por agentes y sustancias no comprendidos en ningún apartado anterior, y agentes cancerígenos.

Durante el año pasado, en Galicia no hubo ninguna empresa que superó el límite de afecciones provocadas por agentes cancerígenos. El ejercicio anterior sí que hubo una. La mayoría de las compañías gallegas que superó los límites de siniestralidad lo fueron por dolencias causadas por inhalación de sustancias, con 16 (27 a nivel nacional). También se contabilizaron 11 centros de trabajo (117 en España) que superaron el límite por enfermedades producidas por agentes físicos, y cinco por agentes biológicos.

Para detectar los centros laborales en los que puede ser mayor el riesgo, la herramienta establece unos límites de siniestralidad por grupo de enfermedad, cuya finalidad es localizar aquellos en los que existen repeticiones de la misma dolencia. Además, el sistema permite analizar el resto de variables relacionadas con la afección, referidas tanto a la compañía como a los trabajadores en los que concurre la enfermedad específica que se repite.

De las 28 firmas en las que saltó la alarma (el ministerio no da nombres), nueve pertenecen al sector de corte, tallado y acabado de piedra, y seis, a la extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso y pizarra.

¿A qué se debe que Galicia lidere la clasificación de empresas con un elevado grado de enfermedades laborales? Los sindicatos son unánimes: falta prevención. “Para intentar bajar estas cifras lo que hay que hacer es prevención y no hacer la vista gorda. La clave es una cuestión de ideología y de cultura. Y hay que tener cultura de que la prevención es un activo de la empresa en términos de competitividad y no, un lastre. No es una carga, que es el gran problema que tenemos con la derecha”, resume Fernando Sabio, director del Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral de CIG, que reitera que “hay una visión de que la prevención de riesgos es un añadido que se impone administrativamente y que lo que hace es lastrar la capacidad de la empresa para producir más y mejor. Y no es cierto en absoluto”.

Armando Iglesias, secretario de Salud Laboral de CCOO de Galicia, apunta que “el problema viene desde hace años y lo que sucede es que cuando entramos en un periodo de crisis, todo lo que no sea invertir para conseguir un beneficio proporcional a la inversión que el empresario realiza ya no es rentable. Entonces, intentan no invertir en prevención de riesgo laboral y esa es la consecuencia de que no baje la cifra”.

José Luis Fernández Celis, secretario de Organización de UGT-Galicia, introduce otra variable en la problemática: los sindicatos tienen dificultades para acceder a empresas que no tienen representación sindical o que por ley no la necesitan, que son las pequeñas firmas de menos de seis trabajadores. “Sabemos que la ausencia de representación sindical va aparejada con más gravedad para la salud de los trabajadores. Es decir, donde hay representación sindical hay menos siniestralidad y hay más prevención”, explica. ¿Qué piden? “Un delegado territorial que haga esas funciones, aunque solo sea de información, porque muchas veces las pequeñas empresas y el propio empresario no son conscientes de los riesgos que pueden tener sus trabajadores”, reconoce.

“Hay una falta de formación y de inversión en prevención de riesgos laborales, altos ritmos y altas cargas de trabajo y mucha eventualidad. Es clave la poca inversión que el empresario asume para cometer medidas de prevención”, argumenta Armando Iglesias.

Fernando Sabio también revela que las sanciones que reciben las compañías tampoco funcionan. “Miras la cantidad de sentencias que van contra las empresas por incumplimiento flagrante de la normativa y prácticamente no se ejecuta ni un 5%. Acaban no pagando todo lo que hacen. ¿Y quién paga eso? La sociedad gallega y el conjunto de la sociedad española. ¿Y cómo? Al final hay gente incapacitada que le dan una invalidez. Pagamos todos la ineficiencia y la falta de criterio de las empresas y del incumplimiento de la ley. Es un círculo vicioso tremendamente perverso”, explica el director del Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral de CIG.

“Lo importante es que, ante cualquier alerta, ante cualquier dato de siniestralidad, hay una respuesta por parte de la administración competente para corregir e incidir en una situación que tiene un coste importante en vidas, en salud, en dolor, en sufrimiento de las personas, de las familias y también un coste para las empresas y para la Seguridad Social. Si aparece una alerta y no se da respuesta, vuelve otra vez a aparecer y la cifra nunca baja”, sentencia José Luis Fernández Celis, secretario de Organización de UGT-Galicia.

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