El Superior acude al Tribunal de la UE para tumbar la tramitación de parques eólicos

La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) del 14 de enero de 2022 que anuló la autorización de la Xunta a la repotenciación del parque eólico Corme del grupo EDP en el municipio coruñés de Ponteceso provocó un auténtico terremoto en las administraciones. De la noche a la mañana, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo decidió que los informes sectoriales de todos los organismos implicados en la evaluación ambiental tienen que estar listos antes de la exposición pública del proyecto y no después, como se hizo siempre aquí y en el resto del país para sacar adelante las instalaciones de energía, pero también cualquier otro centro de producción industrial y en el análisis de nuevas infraestructuras. Los magistrados gallegos argumentaron que el procedimiento actual choca con la ley de evaluación ambiental española y con la directiva europea de evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente cuando exige la “posibilidad real de participación desde una fase temprana” por parte de la ciudadanía.

Ese fallo le sirvió al TSXG para suspender cautelarmente después otros muchos proyectos denunciados por las organizaciones ambientalistas vinculadas al movimiento Eólica, así non, a la espera de la revisión del Tribunal Supremo al caso tras los recursos de la propia EDP, la Xunta y la Asociación Eólica de Galicia. ¿Se estaban tramitando bien los parques eólicos? El Supremo dijo que sí: ni la directiva europea ni la normativa estatal “imponen, como requisito formal de obligado cumplimiento, que antes de la información pública deba realizarse el trámite de consultas a las autoridades”. No se podía invalidar un trámite de información pública por la ausencia de un requisito formal que ninguna ley establece.

El TSXG optó entonces por “adaptar” sus resoluciones al veredicto del alto tribunal. De hecho, el pasado martes desveló que en los 18 autos emitidos por demandas contra 16 parques eólicos desde que se conoció el parecer del Supremo ya no tenía sentido aplicar la suspensión de un proyecto como medida cautelar por el momento en el que se solicitaron los informes sectoriales. Ahora los paralizaba —13 de los 16— a causa del posible riesgo para el medio ambiente. Parecía un cambio de criterio, pero no. Ayer, solo un día después de publicar el balance de autos nuevos, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo anunció la presentación de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para intentar blindar las suspensiones de parques por la tramitación de los informes que emiten los técnicos de aguas, patrimonio, cultura o turismo, entre otros. El sector se asoma a otra parálisis mientras la justicia europea decide si hay razones para analizar la situación y, si es así, pronunciarse no antes de año y medio o dos.

El TSXG no lleva bajo el brazo los permisos a la modernización del parque eólico Corme, blindados por el Supremo. Acude al TJUE con otro proyecto, el complejo de molinos A Raña III impulsado por Eurus en el concello de Mazaricos y denunciado por la asociación Petón do Lobo. La cuestión prejudicial es triple. Los magistrados de la comunidad piden a la justicia europea que aclare el significado de la expresión “principales informes y dictámenes” a los que se refiere la directiva comunitaria de evaluación ambiental cuando menciona la documentación que debe ponerse a disposición del público interesado. Si entre ellos están los informes sectoriales. Y, en definitiva, si tanto la administración estatal como la autonómica han traspuesto correctamente lo que marca la legislación europea en la materia.

Pese a admitir que el Supremo se posicionó expresamente a favor de la tramitación tal y como se había hecho, el tribunal gallego entiende que la trasposición legislativa no es “adecuada”. “Si bien otorgan audiencia al promotor tras los trámites de información pública y obtención de los informes sectoriales —señalan los magistrados—, les privan a los interesados de su derecho a formular las alegaciones con anterioridad a que la autoridad competente adopte la decisión sobre la solicitud de autorización del proyecto”.

El TSXG avanza que el litigio por A Raña III queda suspendido hasta saber la respuesta del TJUE y todo apunta a que la misma suerte van a correr la mayoría de los más de 70 parques que ahora mismo están recurridos en Galicia.

El sector estalla: “Estamos consternados, es una situación dramática y dantesca”

En un gesto de claro apoyo a los promotores que operan en Galicia y porque además lo que sucede aquí puede traspasar fronteras territoriales y afectar a la industria eólica en su conjunto, la patronal nacional del sector emitió ayer un comunicado para mostrar su contundente rechazo contra el cambio de criterio del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y su decisión de suspender cautelarmente proyectos por su posible impacto en el entorno. Los magistrados gallegos esgrimían como fuente de información la zonificación para renovables del Ministerio para la Transición Ecológica —“información objetiva”, subrayaron—, pero la Asociación Eólica Española (AEE) recuerda al TSXG que ese mapa “no tiene rango normativo propio” y solo es “una herramienta de apoyo”. Pero las quejas se quedaron cortas tras conocerse horas después el nuevo salto del alto tribunal gallego a la justicia europea con la batalla del momento procesal de los informes sectoriales que el Supremo le negó. “Estamos consternados, es una situación dantesca en la que no entendemos nada”, asegura Juan Virgilio, director general de AEE, que da por hecho una nueva paralización “de mínimo un año y medio”. “Las consecuencias —advierte— son dramáticas”. Porque no solo está en juego el despliegue renovable en Galicia, sino en todo el país, y se pone en tela de juicio la tramitación de miles de instalaciones industriales “de los últimos once años en España”. “Si alguien piensa que paralizando estructuralmente todo el desarrollo de una comunidad autónoma está ayudando a alguien, realmente no está en el mundo real”, reprocha Virgilio. “¿Qué mal va a hacer un parque eólico que tiene una autorización aprobada, que lleva dos años y pico detrás con análisis de la información, que tiene un ciclo completo de avifauna, miles y miles de folios de estudios de impacto ambiental con centenares de alegaciones revisadas y que ha conseguido la autorización ambiental superior?”, cuestiona. La patronal eólica alerta de los efectos de la inseguridad jurídica para Galicia, convirtiéndose en “un territorio de riesgo para invertir”. “Eso es perjudicial para la propia comunidad —continúa—, pero también para la reputación de país”.

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