Casi 43.000 gallegos de rentas altas abonarán un extra para sostener el sistema de pensiones

El desembolso del Estado para sufragar el sistema de pensiones alcanza cada mes cantidades récord. La llegada a partir del pasado año a la edad de jubilación de la generación del baby boom ha incrementado también la cuantía de estas prestaciones, debido a que en su mayoría se trata de trabajadores con carreras laborales más largas y que han cosechado a lo largo de ellas mejores salarios. En este sentido, solo en el mes de marzo, la Seguridad Social ha tenido que abonar más de 597 millones de euros únicamente en pagas de jubilación en Galicia. Este hecho, acompañado del creciente envejecimiento de la población, ha obligado al Gobierno a mover ficha con el objetivo de ampliar la recaudación para lograr sostener el sistema de pensiones.

De este modo, casi 43.000 gallegos de rentas altas tendrán que asumir a partir del próximo año una contribución adicional a la Agencia Tributaria. Se trata de la conocida como cuota de solidaridad que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó durante la última semana del pasado mes de marzo. Un gravamen que será aplicado a los salarios que excedan la base máxima de cotización y con el que el departamento que dirige Elma Saiz busca hacer frente a la cada vez más voluminosa nómina de pensiones.

Este recargo tendrá que ser abonado en la comunidad aproximadamente por el 4% de los contribuyentes. Atendiendo a los datos proporcionados por el fisco correspondientes al pasado 2022 —los últimos disponibles— son 43.142 los gallegos que declararon rentas superiores a los 56.000 euros brutos anuales. No todos ellos tendrán que abonar este suplemento, únicamente aquellos cuyos réditos excedan los 56.600 anuales, por lo que lo más probable es que la cifra de contribuyentes afectados no supere los 43.000. Esta cuota solidaria se aplicará únicamente a aquellos trabajadores asalariados que cotizan al Régimen General de la Seguridad Social y también a los trabajadores por cuenta ajena o propia del Régimen de los Trabajadores del Mar. Sin embargo, los trabajadores autónomos quedan eximidos de esta cuota.

Diferencias

Este recargo, sin embargo, no afectará a todas las rentas altas por igual. Aunque originalmente el Ejecutivo central pretendía que la cuota de solidaridad se estableciese en un 6% para todos los contribuyentes que superasen la base máxima de cotización, finalmente tuvo que aceptar durante la negociación con sus socios que se aplicara de manera progresiva. De este modo, se han establecido tres tramos. En el primero de ellos se sitúan aquellos sueldos que superan en un 10% la base máxima de cotización, hasta un máximo de 62.260 euros al año. El recargo para ellos comenzará el próximo año en un 0,92% y está previsto que alcance el 4,5% en 2045, fecha que el Ejecutivo se marca para finalizar el despliegue de esta medida.

El segundo grupo atañe a aquellos que excedan la base máxima de cotización en un 50%, es decir, quienes perciban hasta 84.900 euros anuales. El gravamen solidario arrancará para ellos en un 1% el próximo año y ascenderá hasta el 6% en 2045.

Finalmente, en el tercer tramo se sitúan todos aquellos gallegos cuyas rentas excedan anualmente los 84.900 euros. Para ellos la aplicación de la nueva cotización se iniciará en el 1,17% para acabar siendo el 7% del sueldo en 2045.

Reparto

El pago de la cuota se repartirá entre el empleador y el trabajador, con una distribución igual a la de la cotización por contingencias comunes. Es decir, la parte abonada por el empresario será cinco veces la del trabajador, de modo que cuando el recargo ascienda al 6% dentro de dos décadas, un 5% correrá a cargo de la compañía y un 1% a cargo del trabajador.

No obstante, a diferencia de esa cotización por contingencias comunes, la cuota solidaria no generará ningún tipo de derecho para el trabajador que la paga. Se trata únicamente de un impuesto que grava el salario de los trabajadores con las rentas más elevadas, del mismo modo que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que entró en vigor el pasado año y que se aplica a todas las nóminas con el mismo fin: tratar de arañar más ingresos para la hucha de las pensiones.

El objetivo en este caso es el mismo. El Gobierno de Pedro Sánchez ha tomado la decisión de buscar garantizar el buen funcionamiento del sistema de subsidios contributivos por la vía del incremento de los ingresos, rehuyendo seguir las recomendaciones establecidas por Pacto de Toledo, que señalaban la necesidad de contraer un gasto que cada mes crece de un modo progresivo.

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