El país se lame todavía las muchas heridas que la doble recesión provocó a su paso. Los traumas dejan cuerpos vulnerables. Una economía repleta de apósitos con el riesgo latente de que parte de esas heridas tarden en cicatrizar, lo hagan mal y nada vuelva a funcionar como lo hacía antes del pinchazo. A esa amenaza se enfrenta el mercado laboral español, con un doble, y muy diferente, pronóstico. El de las grandes cifras. El crecimiento del empleo. Y el reservado, el de las secuelas internas, con los detalles de cómo aumenta la ocupación y por qué cae el paro.

El último balance oficial, el del pasado mayo, trajo una caída histórica de 119.768 parados, casi un 3%, con la cifra total de inscritos en los Servicios Públicos de Empleo por debajo de los cuatro millones. Algo que no sucedía desde agosto de 2010. Se notan el vigor de la actividad en general y, sobre todo, los preparativos de la campaña de verano. Pero el cambio de ciclo en el mercado laboral viene de la mano de una transformación muy peligrosa en el día a día del trabajo: 198.000 nuevos puestos... y 1,748 millones de contratos. Casi nueve por cada empleo creado. La muestra más contudente de la proliferación de la temporalidad. Tres de cada diez puestos eventuales duran menos de siete días.

¿Puede hablarse de recuperación? "Por supuesto, desde el primer trimestre de 2014 la ocupación aumentó en España en algo más de un millón de personas. Sin embargo, esto es solo el 30% del empleo perdido desde el primer trimestre de 2008", responde Melchor Fernández, profesor de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Santiago. La mejoría va a "un ritmo más lento que el deseado". "En los dos primeros años de la crisis el ritmo de destrucción de empleo fue del 4,9% anual. Ahora la recuperación marca una variación positiva a un ritmo claramente inferior, el 3,13%", añade Fernández.

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Al cierre del primer trimestre del año, en España había 18 millones de ocupados, según la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el INE. La tasa de paro se situó en el 21%, casi tres puntos menos que en marzo de 2015, gracias al alza del empleo, perto también por la pérdida de la población en edad de trabajar y que realmente quiere hacerlo. Que es otra de las sombras que planean sobre la economía española. El envejecimiento, la falta de relevo generacional.

La crisis, como recuerda el también miembro del Foro Económico de Galicia, incidió "especialmente" en los eventuales, "lo que redujo drásticamente la tasa de contratación temporal, pasando del 29,2% en 2008 al 23,2% en 2013". Ese era uno de los objetivos que buscaban las sucesivas reformas laborales impulsadas por los gobiernos de Rajoy y Zapatero. "Que el inicio de la recuperación suponga un nuevo incremento de la temporalidad, que actualmente supera el 25%, no es una buena noticia y pone en duda la efectividad real de la última reforma laboral -señala Melchor Fernández-. Sin duda, una parte de la contratación temporal es difícilmente evitable dadas las características de la estructura productiva española, pero casi duplicar las tasas de países como Italia, Alemania o Francia parece difícilmente justificable".

¿Conclusión? España "abusa claramente de esta figura contractual", como "un instrumento de ajuste" por parte de las empresas, que, afirma Fernández, seguirán tirando de él "mientras las diferencias entre el coste de despido entre un contrato temporal y uno fijo sean tan elevados". El insistente debate sobre un único tipo de contrato con indemnización creciente en función del tiempo trabajado "puede ayudar" a la solución. Sin que eso sea suficiente. "Elimina la discontinuidad, la no renovación en el momento de cambio de figura contractual, pero no ataca el fondo del problema, sobre todo en sectores donde la formación continua del trabajador sea poco relevante", señala el profesor de la USC. Seguiría la rotación, cambia solo el límite temporal. "La incertidumbre y la precariedad no desaparece", resume Fernández.

Con estos mimbres, parece factible que España pueda alumbrar en los próximos cuatro años los empleos, sin concretar en qué condiciones, que todos los partidos se lanzan a prometer estos días de campaña. "Sin necesidad de grandes incrementos en la producción, en parte porque el nuevo empleo creado está vinculado a sectores de servicios de baja productividad y en muchos casos dependientes del turismo, que está marcando cifras históricas año tras año", avala el profesor. Cuatro de cada diez contratos en España son para camareros. "Seguramente sea más adecuado que este crecimiento se deba al desarrollo de otros sectores, el ansiado cambio de modelo productivo, pero este ni existe ni se le espera", continúa Fernández.

Sin esa transformación del tejido productivo, la subida de salario tan requerida por los sindicatos "se justificaría solo por su impacto sobre la demanda agregada". El consumo. Eso afectaría a la competitividad, según los expertos, porque el coste laboral se colocaría por encima del de otros países con los que competimos, pero "lo que nunca va a ser es un freno a la productividad, si el diseño del sistema de incentivos salariales es el adecuado". "Sin duda hay argumentos que justifican el incremento salarial -defiende-. El principal es servir como incentivo a la mejora de la productividad, el esfuerzo y la capacidad de generación de rentas de los trabajadores".

El salario medio anual en España pasó en 2011 de 19.102 euros a 18.420 euros en 2014. Una diferencia de 750 euros, con revelan los datos de la Agencia Tributaria. Uno de cada cinco empleados está por debajo de la mitad del salario mínimo. A eso se añade que prácticamente el 50% de los parados en este momento ya no recibe ningún tipo de prestación y hay 1,6 millones de hogares con todos sus miembros en paro. Entre esas secuelas que sacuden el mercado laboral postcrisis está la consolidación del pobre que lo es ahora, pese a trabajar.

"Lo primero que hay que hacer es olvidar de una vez el dogma de que la mejor política social es el empleo. Que el 14,8% de las personas con trabajo esté en situación de pobreza evidencia que el empleo ya no es suficiente para tener o mantener una vida digna en términos de ingresos y de poder construir un proyecto de vida", reclama Antonio Hernández, presidente de la Rede Galega contra a Pobreza (EAPN Galicia), firme partidario de "una mayor inversión de recursos sociales y un diseño global mucho más ambicioso de políticas públicas inclusivas" ante la lacra de la precariedad laboral "sobre todo en los jóvenes y los bajos salarios en sus múltimples variedades, el aumento del trabajo temporal frente al indefinido o la generación expulsada de trabajadores con escansa formación que no podrán trabajar en su sector".

"En esta línea -apunta Antonio Hernández-, desde las organizaciones miembro de EAPN España se demanda sobre todo incidir en la consecución de empleo digno e inclusivo con medidas como una ley de empleo Inclusivo, sistemas integrados con servicios sociales con medidas de acompañamiento, motivación para el empleo, autoestima, formación adaptada a las demandas empresariales, recualificación o capacitación a lo largo de la vida para mejorar la empleabilidad y superar los cambios tecnológicos".

El peligro de abandono a la gente que más apoyo necesita es una evidencia. Lo reconocen las propias administraciones. En su balance de la segunda etapa del plan de inclusión social entre 2007 y 2013, la Xunta habla abiertamente de la "lenta" recuperación de la intensidad laboral en los hogares. "la persistencia de una situación de desempleo conlleva el riesgo de experimentar un proceso de descualificación y deterioro de la autoestima personal que puede prolongar el alejamiento del mercado de trabajo", señala. La formación no fue en esta crisis un escudo 100% efectivo. El 2% de los participantes en el plan del Ejecutivo autonómico contaba con estudios universitarios y un 3% un título de FP superior.

La tasa de riesgo de pobreza ha ido escalando hasta superar el 22% en los últimos dos años en España y moverse alrededor del 30% en el caso de los niños y los jóvenes. Una puerta abierta a la desigualdad, que también se disparó: los ingresos del 20% de la población española más rica son 6,9 veces más altos que el 20% de los residentes más pobres. "La emergencia social en la que viven más de 13,2 millones de personas en España se ha estancado en el último año y no se percibe que llegue a esstas personas el crecimiento económico -lamenta el máximo responsable de EAPN Galicia-. Hay una sensación de cabreo y frustración dado que la convocatoria de nuevas elecciones es una muestra de incompetencia de las principales candidaturas que han primado su interés particular y el despilfarro sin ser capaces de llegar a acuerdos y pactos que beneficien a las personas más vulnerables". Algo, sin embargo, que, según Hernández, "no se debe confundir" con "una desgana para ir a votar e intentar transformar esta realidad".