La España que merma y envejece

En los veinte años que transcurrieron entre el 1 de enero de 2003 y la misma fecha de este año, España ganó 6,2 millones de habitantes, según los datos de población residente publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Solo entre la Comunidad de Madrid y la provincia de Barcelona, el incremento del padrón alcanzó los dos millones de vecinos, merced a un empuje que también se percibió con intensidad en varios territorios importantes de la costa, como Málaga, Valencia, Almería e incluso las Islas Baleares. En total, el país pasó de 41,8 a 48 millones de hombres y mujeres en solo veinte años.

Sin embargo, mientras el ritmo de crecimiento de la parte más visible del país se consolidaba, un grupo de trece provincias viajaba en dirección contraria. Entre Asturias, Ávila, Cáceres, Cuenca, Jaén, León, Lugo, Orense, Palencia, Salamanca, Soria, Teruel y Zamora, la pérdida de población acumulada en los dos decenios citados roza los 300.000 vecinos, un balance que revela el vaciado que está padeciendo una parte de la España rural ya castigada por el éxodo iniciado a mediados del siglo XX. El golpe más duro se lo ha llevado Zamora, que ha perdido el 16% de su capital humano desde 2003.

Ese deterioro demográfico que sufren determinados territorios, y que se ve con mayor nitidez cuando se pone la lupa sobre ciertas comarcas, se situará en la agenda del próximo Gobierno de España como uno de los problemas que se deben encarar sin demora. En la legislatura que acaba de finalizar, el asunto ya tuvo un cierto recorrido en el Parlamento, espoleado por la presencia de partidos como Teruel Existe, que propuso medidas como la reserva del 1% del Producto Interior Bruto (PIB) del país para luchar contra la despoblación.

Las demandas territoriales de los partidos localistas, pero también de los movimientos sociales y de los representantes de los grandes partidos sobre el terreno han provocado ya los primeros pasos en busca de una solución. También Europa ha azuzado a España para que actúe. El Gobierno actual ha reconocido la pertinencia de dotar de “una nueva visión al desarrollo de las políticas públicas”, con la cohesión territorial en el eje de las actuaciones. La directora general de Políticas contra la Despoblación, Juana López Pagán, lo expresó así en Bruselas, desde la óptica de que este “es un problema de todos”.

No en vano, el vaciamiento del territorio, el envejecimiento y la dispersión de la población generan problemas económicos graves desde el punto de vista del esfuerzo que debe realizar la Administración para prestar los servicios. En Europa, el Eurostat ya ha alertado sobre los quebraderos de cabeza que puede acarrearle al proyecto comunitario el hecho de que un 30% de sus vecinos vaya a superar los 65 años en 2050. Esa circunstancia implicará falta de mano de obra o problemas con las pensiones, pero es que esas cifras de población mayor ya son una realidad hoy en varias provincias del noroeste peninsular.

Además, el envejecimiento y la despoblación solo seguirán aumentando a corto y medio plazo en la inmensa mayoría de las trece provincias que ya venían con esa inercia, según las proyecciones del INE y del Eurostat para los próximos ejercicios. En territorios donde la media de edad supera con holgura los 50 años, el reto se antoja complicado, aunque se han ido implementando medidas para tratar de corregir la tendencia. En la última legislatura, han entrado al debate público conceptos como descentralización o fiscalidad diferenciada, para cuyo balance en los lugares donde se ha aplicado aún hace falta algo de tiempo.

En los últimos datos anuales conocidos, provincias como Soria, Teruel o Cuenca han logrado, al menos, contener la caída, aunque sería muy atrevido hablar de cambio de tendencia. Precisamente, en sitios como los tres citados, la presión ha sido especialmente intensa para forzar actuaciones concretas como la redacción de 130 medidas para afrontar el reto demográfico y la asunción de un “compromiso institucional” por parte del Gobierno de España.

En ese documento aparecen las propuestas del PSOE, que aspira a continuar con esta labor a partir del 23J. Mientras, el programa del Partido Popular propone, en este ámbito, la aprobación de una Ley de Desarrollo Rural que permita garantizar los servicios en los territorios despoblados; Vox tilda la situación de “insostenible” y pone el foco en la natalidad; y Sumar ha deslizado la posibilidad de dar más financiación a los pequeños municipios para actuar desde la cercanía. Entretanto, con la discusión partidista de fondo, en el medio rural de provincias como Zamora, por cada niño que nace mueren seis personas.