03 de abril de 2019
03.04.2019
CABECERA ENERGÍA

"La transformación energética se ha convertido en una oportunidad de desarrollo social y económico"

El avance de las renovables es una de las claves del futuro, según José Domínguez Abascal

03.04.2019 | 16:31
José Domínguez Abascal, secretario de Estado de Energía

En nuestro país ¿Cuál es el futuro de la energía a muy corto plazo? ¿Cómo van a ir percibiendo los ciudadanos los cambios que necesariamente se tienen que ir produciendo?

El avance de las energías renovables, la electrificación de la economía, el desarrollo del autoconsumo y la digitalización son las claves del futuro inminente. Los compromisos internacionales asumidos por España para luchar contra el cambio climático marcan la pauta de qué energía debemos producir y cómo debemos consumirla para avanzar hacia una economía neutra en carbono. Esta transformación necesaria se ha convertido para nuestro país en una oportunidad de desarrollo social y económico porque las fuentes de energía más baratas y naturalmente abundantes son el sol y el aire.

Los ciudadanos percibieron los primeros cambios el pasado mes de octubre, cuando el Gobierno aprobó el Real Decreto 15/2018 de medidas urgentes para impulsar la transición energética y adoptar medidas ante la escalada del precio de la electricidad en ese momento. Una norma que amplió la cobertura del bono social eléctrico, creó un bono térmico, dio el pistoletazo de salida a la Estrategia contra la Pobreza Energética y donde se reconocía el derecho a autoconsumir sin cargos, eliminando el denominado "impuesto al sol", donde se abrían las puertas al autoconsumo compartido y se simplifican los trámites administrativos y técnicos del autoconsumo.

Esta norma expone, de algún modo, las claves del Gobierno en materia de energía, colocando al consumidor en el centro y con la atención a los ciudadanos más vulnerables como objetivo. Esta línea de trabajo se ha consolidado en el marco del Marco Estratégico de Energía y Clima constituido por tres pilares fundamentales que van a marcar la evolución futura del sistema energético: el Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética y, por último, la Estrategia de Transición Justa.

¿Estamos preparados para la revolución energética, esto es, la descarbonización en la zona norte, el aprovisionamiento de energía eléctrica para la carga de los coches, las infraestructuras para las renovables...?

Como punto de partida, el sistema energético español dispone de infraestructuras tecnológicamente capaces de acometer una transición energética basada en el aumento de la electrificación y en la integración creciente de energías renovables. Disponemos de una sólida red eléctrica - tanto de transporte como de distribución - y contamos con la capacidad de respaldo que nos brindan las centrales hidráulicas y las centrales de ciclo combinado que dotan de flexibilidad al sistema, atendiendo la demanda en cualquier circunstancia.

De forma planificada y paulatina se reforzarán las infraestructuras y así está contemplado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima elaborado con los ejercicios de planificación de la red eléctrica de transporte. Este escenario orquestado, aportará certidumbre y visibilidad a todos los actores involucrados en el desarrollo del sistema energético.

En el proceso de descarbonización han convergido las inaplazables medidas de reducción de emisiones de Co2 a la atmósfera - una de cada tres toneladas que se emiten tiene su origen en la producción de electricidad a partir de la combustión de combustibles fósiles - y la necesidad de cumplir la normativa medioambiental comunitaria para continuar con la actividad de extracción que afectaba a la mayoría de las empresas de minería privada de carbón, situación que era conocida desde 2010.El Gobierno trabajó a contrarreloj para articular una respuesta de acompañamiento a los trabajadores y comarcas afectadas por este fin de ciclo, materializadas en el Real Decreto- ley 25/2018 de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras, aprobado en diciembre.

Esta norma, centrada en la atención a las necesidades de los trabajadores a través de un plan de protección social específico, el Gobierno ha sumado la Estrategia de Transición Justa que es el instrumento que permite la identificación de las necesidades y la adopción de medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía baja en carbono, un tratamiento equitativo y solidario y un itinerario hacia una nueva realidad productiva. Debemos mucho a las comarcas carboníferas. Han sido el motor del despegue económico der este país. Es el momento de ser solidarios.

Un cambio en el paradigma energético implica un cambio en la realidad económica. ¿Cómo cree que va a influir en los ciudadanos y en las pymes?

Hoy, la forma más barata de producir electricidad la ofrecen las tecnologías solar, fotovoltaica y eólica con unos costes que ya están por debajo de las tecnologías de generación convencionales. Este hecho se verá reflejado en una rebaja de la factura energética de los consumidores, que también incidirá en la mejora de la competitividad de las empresas.

Por otro lado, el gasto de familias y empresas en energía descenderá además gracias a las medidas de eficiencia energética que se implantarán y que afectarán a los consumos de edificios, viviendas y equipamiento.

El efecto económico positivo de la transición energética ha sido analizado minuciosamente durante la gestación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2020. En el análisis del impacto de las medidas que propone, los indicadores estiman que, en comparación con el escenario tendencial basado en las políticas habituales, el PIB aumentaría 1,7% en 2030 y el empleo neto aumentará entre 250.000 y 364.000 personas gracias a las medidas propuestas.

Hay muchos sectores, incluso la Comisión Europea, que abogan por el autoconsumo. ¿Cuándo cree que se despejará esta incógnita en España?

La apuesta de este Gobierno por el autoconsumo es firme, y la implantación de un marco regulatorio que lo fomente es inminente. Dimos los primeros pasos con la derogación del impuesto al sol y la aprobación del Real Decreto ley 15/2018 que creaban el marco para que la energía autoconsumida de origen renovable esté exenta de todo tipo de cargos y peajes. El mismo real decreto ley introdujo otros principios básicos para su fomento como la simplificación de los trámites administrativos y el reconocimiento del autoconsumo compartido, un elemento esencial en un país como el nuestro, donde un porcentaje muy importante de la población reside en bloques de viviendas.

El reconocimiento de estos principios, que sientan las bases del autoconsumo en nuestro país, necesita ahora de un desarrollo reglamentario que especifique las condiciones técnicas y económicas que le serán de aplicación. Este reglamento ya está listo y se publicará en los próximos días garantizando, de este modo, el despliegue este tipo de generación de como un nuevo derecho de los ciudadanos.

Objetivos reales de cara al 2030 y al 2050

El objetivo final a 2050 es alcanzar una economía absolutamente neutra en carbono. Este objetivo no es una meta elegida al azar, es un compromiso compartido con nuestros socios europeos y así se recoge en la reciente Comunicación de la Comisión Europea sobre la Estrategia a largo plazo para 2050.

Por tanto, los objetivos a 2030 marcan un punto intermedio en el camino hacia la descarbonización de nuestra economía. Están plasmados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 que recientemente hemos presentado ante la Comisión Europea. Su elaboración responde a un compromiso europeo establecido por el denominado Clean Energy Package. El Plan ha sido sometido al trámite de audiencia pública, está siendo evaluado por la Comisión Europea y la versión final estará lista a finales de año. Las trayectorias y objetivos nacionales están completamente en línea con los objetivos comunitarios. El Plan establece una participación del 42% de energías renovables sobre el uso de energía final del país, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 21% con respecto al año 1990 y una mejora de la eficiencia energética del 39% sobre el escenario base planteado por la Comisión Europea.

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