La Xunta asumirá los derribos de obras menores ilegales en los pequeños concellos
En esta categoría entran los galpones, gallineros o muros de cierre - La APLU espera nuevas adhesiones al repartir a los ayuntamientos el 10% de las multas en suelo rústico
Del ti vai facendo al ti faino ben. Bajo esta premisa, Xunta y ayuntamientos se proponen erradicar las ilegalidades urbanísticas que salpican toda la geografía gallega y así proteger la ordenación del territorio y combatir el feísmo. Los concellos han diagnosticado las irregularidades en su término municipal y la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente creado hace ya diez años, receta las fórmulas para poner fin a las obras ilegales levantadas en suelo rústico o en zona de costa no edificable.
Este año, la APLU asumirá nuevas competencias en materia de urbanismo al hacerse cargo de las demoliciones de obras menores en los concellos de menos de 5.000 habitantes (aquellas que no necesitan de licencia, sino de una simple comunicación previa) y permitirá a los ayuntamientos adheridos a la agencia -en la actualidad son 69, el 22% del total en Galicia- ingresar más por la recaudación de multas urbanísticas, ya que percibirán el 10% de los fondos que capte la Xunta por infracciones en suelo rústico pese a que este uso es de competencia autonómica -los ayuntamientos se limitan al suelo de núcleo-.
Menos carga de trabajo para los ayuntamientos adheridos a la APLU, más ingresos para las arcas municipales y una mejora en la gestión y resolución de los recursos de reposición. Son los tres ejes sobre los que pivotarán este año los nuevos servicios que prestará la agencia de urbanismo gallego a los concellos. Y todo, según destaca el director de la APLU, José Antonio Cerdeira, de manera gratuita para los ayuntamientos.
En la inauguración de la jornada Novos servizos e competencias da APLU, que ayer congregó en A Coruña a más de un centenar de alcaldes, concejales y técnicos municipales de la provincia, la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, avanzó que la ampliación de competencias de la agencia urbanística es una demanda de los propios ayuntamientos, que reclaman que esta pueda asumir la disciplina urbanística en todo tipo de obras y usos del suelo.Muros y alpendres
Muros y alpendres
"Son las pequeñas construcciones, como muros de cierre o alpendres, las que generan la gran mayoría de las infracciones en los concellos más pequeños, precisamente los que necesitan del auxilio de la APLU para poder ejercer sus competencias en materia de urbanismo", detalló Mato.
"El verdadero problema [en los pequeños concellos] no son las casas sin licencia, sino el galiñeiro, el alpendre, el galpón o el mero de cierre", advirtió en su intervención el director de la APLU. Este es el principal motivo de "crispación" de los alcaldes y de "conflicto" en el rural, ya que las quejas de los vecinos no cesan cuando "se cierra el camino o un paso con un vallado". Hasta tal punto que, en estos concellos "cerrar un paso es el mayor delito; incluso más que hacer una casa en suelo rústico".
Durante este año, esta nueva competencia sobre obras menores solo se ejercerá en los concellos de menos de 5.000 habitantes, que son los que menos recursos disponen en la gestión administrativa del día a día. La voluntad es poder ampliarla en el futuro a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.
Reparto de la recaudación
El reparto del importe recaudado por la APLU en multas también variará a partir de este año. La agencia urbanística repartirá con cada ayuntamiento adherido el 10% de lo que ingrese por las sanciones en ese territorio, hasta un máximo de 30.000 euros.
Hasta ahora se aportaba el 50% a los concellos, pero tan solo de las multas impuestas en suelo de núcleo (de competencia municipal). Sin embargo, los convenios de adhesión incluirán también en esa distribución la recaudación por infracciones en suelo rústico (de competencia autonómica) y que son las que aportan el grueso de los ingresos por ilegalidades urbanísticas.
Este año, la APLU también afrontará los recursos que presenten los propietarios afectados por una orden de demolición en aquellos concellos adheridos. De esta manera se podrá "agilizar" y "facilitar la gestión" de este tipo de procedimientos administrativos, según apuntó Mato, quien también insistió en brindar el apoyo de la Xunta a los concellos adheridos para a vigilar las casas sin rematar para garantizar la finalización de fachadas y cierres.
Ya el año pasado, los concellos empezaron a hacer censos de viviendas sin rematar, la mayoría con ladrillo o bloques al aire o esqueletos de hormigón. La intención de los alcaldes era enviar cartas informativas a los propietarios antes de abrir expedientes sancionadores. De no repararlas por parte de los dueños, los ayuntamientos se plantearán si delegan en la Xunta las multas por tener una vivienda sin terminar.
Las nuevas competencias que tendrá la APLU, según detalló Mato, permitirán aumentar los instrumentos "para proteger el paisaje". El objetivo es reforzar la inspección y la reposición de la legalidad, pero también que no haya ningún concello sin planeamiento urbanístico.
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