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OZA-CESURAS

La Xunta de Galicia ordena al Concello de Oza-Cesuras el derribo de un centro social construido en suelo rústico

Ve ilegalizable la obra que pactó con los vecinos. El Concello aceptó la cesión del terreno para intentar legalizar el uso con un plan especial

La Xunta de Galicia ordena al Concello de Oza-Cesuras el derribo de un centro social construido en suelo rústicola opinión

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ha emitido una resolución en el que decreta el derribo del centro social en el núcleo de Vales, en Borrifáns, que el Concello de Oza-Cesuras acordó construir a medias con una asociación vecinal en suelo rústico. El organismo autonómico considera que las obras son ilegalizables y que le corresponde al Ayuntamiento demoler el edificio como actual propietario de los terrenos.

La negociación para construir este local vecinal se remonta a 2015. Según explicaron los integrantes del colectivo vecinal As Peniñas, el acuerdo pasaba porque ellos ponían los terrenos y se encargaban de la construcción y el Concello aportaba el material. El pacto trascendió en 2016 al denunciar el PSOE ante la Xunta que las obras se ejecutaban sin licencia ni proyecto en suelo rústico. Tras la denuncia, el Gobierno local paralizó los trabajos y posteriormente firmó un convenio de colaboración con la asociación vecinal para la construcción del centro, cuyas obras estaban ya muy avanzadas. En virtud de ese acuerdo, el Concello aceptaría la cesión gratuita de los terrenos y tramitaría un plan especial de dotaciones para legalizar el inmueble.

El inicio de la tramitación de este plan para su evaluación ambiental coincide ahora con una resolución de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística que concluye que las obras "no son legalizables y que es necesario ordenar su demolición a coste de los interesados e impedir definitivamente los usos a los que diese lugar".

En su resolución, la inspectora urbanística considera que no procede su legalización a posteriori a través de un plan especial, tal y como pretende el Concello. El plan urbanístico, actualmente a exposición pública, recoge que el Ayuntamiento aportaría 55.993 euros y asumiría la redacción del proyecto técnico, los trámites jurídicos precisos y el pago de los materiales de construcción.

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