Sadamaioría presentó ayer, viernes 13 de diciembre, un recurso contencioso administrativo contra varios acuerdos adoptados por el nuevo gobierno salido de la moción de censura del pasado 18 noviembre. La formación que lidera el exalcalde, Benito Portela, impugna por esta vía el decreto de Alcaldía de composición del Ejecutivo y los acuerdos plenarios de régimen de dedicaciones, retribuciones y compatibilidades.
Sadamaioría denuncia que todos estos acuerdos vulneran lo establecido en el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local al atribuir dedicaciones, delegaciones y retribuciones a concejales tránsfugas. En el caso de la edil María Pardo, la formación apela además al incumplimiento de la normativa de incompatibilidades de los funcionarios públicos.
“Sadamaioría no puede tolerar pasivamente que concejales tránsfugas, varios de ellos expulsados de sus organizaciones y otros con expulsiones en trámite, que actuaron al margen de sus organizaciones políticas, tengan dedicaciones y retribuciones que no les corresponden”, argumenta la formación, que recuerda que la ley y la jurisprudencia establece que un tránsfuga no puede tener cargos, dedicaciones o retribuciones que no le corresponderían de no tener tal condición.
El nuevo Gobierno de Sada aprueba áreas y salarios sin el informe jurídico que reclama la oposición
Pronto se cumplirán dos meses de la moción de censura y los ediles de los tres partidos firmantes, PP, PSOE y Alternativa dos Veciños, se mantienen en los grupos políticos de procedencia a pesar de que la operación que desbancó a Benito Portela de la Alcaldía a solo seis meses de las elecciones municipales ha sido expresamente desautorizada por sus partidos de origen.
Como ya informó este diario, el PP y PSOE han expulsado ya provisionalmente a sus ediles, aunque estos han recurrido la decisión y mantienen aún las siglas. Alternativa dos Veciños echó a los suyos de forma definitiva, aunque la ahora alcaldesa, María Nogareda, y su compañero Breogán Blanco, conservan también las siglas y argumentan que la formación por la que concurrieron a las elecciones incumplió la ley al no darles audiencia como paso previo a la aprobación definitiva de su expulsión, extremo ratificado por la secretaria en un informe en el que concluye que no ha quedado fehacientemente acreditada la expulsión.
Los nueve ediles firmantes de la moción de censura defienden que no son tránsfugas y afirman que su situación no tiene “nada que ver” con la de la exconcejala de Ciudadanos de A Coruña, Mónica Martínez, que ha sido condenada a devolver lo cobrado por encima de su sueldo como edil no adscrita: “Ella se fue sola, nosotros lo hicimos en bloque. Lo nuestro es un acuerdo de nueve personas que pertenecemos a distintos grupos, pero los partidos no tienen nada que ver, es un acuerdo de nueve personas por y para Sada”, defendió la edil Soraya Salorio en el último pleno ordinario.
Sadamaioría reitera que los nueve concejales han sido expulsados provisional o definitivamente de sus partidos de procedencia y que deben pasar al grupo de no adscritos. La formación ha pedido además a Secretaría que emita un informe sobre la legalidad del salario de María Pardo (PSOE) al entender que incumple la normativa de incompatibilidades de los funcionarios públicos.
La formación que lidera Benito Portela confía en que la Justicia y las urnas le den la razón: “Será la ciudadanía de Sada quien más ordene el próximo 28 de mayo, poniendo a cada cual en el lugar que le corresponde”, apunta.