Los casi 21 años de vida de LA OPINIÓN son la crónica del siglo XXI coruñés. Estas dos décadas obligaron a afrontar retos de una colosal magnitud, desde una revolución digital que transformó la comunicación y los hábitos de una sociedad integrada en redes, hasta dos dantescas crisis que han provocado también profundos cambios en el modelo económico, político y social.
A Coruña ha cambiado mucho en estos veinte años, pero una inmersión periodística en ese recorrido histórico permite reconstruir las profundas vetas que han conducido a esas transformaciones. Cómo, quién, por qué y con qué consecuencias.
LA OPINIÓN ha sido un actor proactivo en el devenir de estos trascendentes años de historia coruñesa, cuyo relato se ofrece en estas páginas en un momento de esperanzadora salida de una plaga en el que paradójicamente se repiten los mismos sentimientos de ilusión y optimismo, pero también de incertidumbre por el porvenir, afrontados hace dos décadas con el nacimiento del periódico. Con la convicción de que en este paseo por el pasado pueden encontrarse las claves de las que aprender para asomarnos al futuro.
Gloria, desconsuelo y esperanza blanquiazul
Los coruñeses tenían en el otoño de 2000 numerosas preocupaciones, pero todas ellas estaban amortiguadas por el sentimiento colectivo de felicidad que proporcionaba un Deportivo que acababa de conquistar la Liga. Esa épica condición de matagigantes le granjeó al Dépor una enorme simpatía en España y Europa, que asistían atónitos al sueño cumplido de la afición de un club modesto.
Todo parecía entonces posible para el Deportivo. El Mundial de Clubes de la FIFA, que acababa de arrancar en Brasil, acuerda celebrar su segunda edición en 2001 en España y, puesto que el nuevo formato contempla la participación del campeón de la liga del país anfitrión, incluye al Dépor. En el sorteo celebrado por la FIFA en marzo de ese año en lo que ahora es el Palacio de la Ópera, los estadios Bernabéu, Calderón y Riazor se aprueban como sedes del torneo, que fija su calendario del 28 de julio al 2 de agosto.
LA OPINIÓN adelantaría en exclusiva dos meses después que la quiebra de la empresa que poseía los derechos televisivos de la FIFA amenazaba la celebración del mundialito y la FIFA confirmó oficialmente su cancelación pocos días después. Tras la espantada, el Mundial de Clubes no volvería a celebrarse hasta 2005, en Japón. La promesa de Julio Grondona, entonces vicepresidente de la FIFA, de que “se mantendrían las sedes y los clubes afectados en 2001”, se la lleva el viento.
Hay títulos que van más allá de su significación deportiva y quedan como una imborrable muesca de orgullo en la historia de un club. Es el caso del centenariazo que el Dépor asestó al Real Madrid en 2002 al arrebatarle la Copa en el Bernabéu en el mismo día de la celebración de los cien años de la entidad blanca. La imagen de los jugadores del Deportivo bailando merengue —como tituló LA OPINIÓN en su portada— con el emblemático trofeo ante un coliseo madrileño enmudecido dio la vuelta al mundo.
El Dépor cabalgaba entonces en la cresta de la ola y todavía brillará un par de años en los campos más inexpugnables de la Champions, cuando tras la gesta de eliminar al todopoderoso Milan y lograr el pase a semifinales, el infortunio, un mal arbitraje y el Oporto de un emergente Mourinho lo apartan de una final continental ante un asequible Mónaco que podría haber sido su consagración internacional. Fue el canto del cisne de una época gloriosa que daría paso a la decadencia deportiva y a un concurso de acreedores forzado por la gigantesca deuda acumulada en esos años de éxitos. Y por la falta de apoyo de entidades crediticias como Caixa Galicia, focalizada entonces en una especulación inmobiliaria que la llevaría a la quiebra.
El ahogo económico y un descenso a Segunda se llevan por delante al histórico Lendoiro, que perderá la presidencia en las urnas en enero de 2014 ante Tino Fernández, quien recupera la plaza en Primera y equilibra la situación económica del club con una ampliación de capital y un acuerdo crediticio con Abanca que le permite saldar la deuda millonaria con Hacienda. En 2018, cuando la confección de un presupuesto al alza invita a soñar con metas más ambiciosas, el Deportivo, contra todo pronóstico, desciende a Segunda.
El objetivo de volver a la élite se complica y la presión lleva a Tino Fernández a dimitir el 22 de abril de 2019 y convocar elecciones. El Deportivo logra sin embargo meterse en el play-off y la euforia se desata en Riazor al derrotar por 2-0 al Mallorca en la ida de la ronda final. Pero una anoche aciaga en Son Moix (3-0) trunca el sueño el 23 de junio, ya con Paco Zas como nuevo presidente electo. Seis meses después, con el equipo colista y en medio de una gran crispación, Zas también se retira.
Le sustituirá Fernando Vidal, que recibe un importante espaldarazo económico de Abanca con un crédito participativo de cinco millones para el mercado invernal y una ampliación del capital social de 30 millones, que convierte al banco en el propietario del Dépor. Con Fernando Vázquez en el banquillo, el equipo roza la salvación, pero acaba en Segunda B con la pandemia y el embrollo del Fuenlabrada como telón de fondo. Aún así, con el respaldo de Abanca, Vidal contaría con el mayor presupuesto de la tercera categoría para volver a la división de plata, pero la planificación deportiva resulta un fiasco. Fue la gota que colmó el vaso. Abanca aparta a
Vidal y nombra a Antonio Couceiro —presidente de la Cámara de Comercio— para formar un equipo más profesionalizado.
El actual arranque en la nueva Primera División RFEF, con tres triunfos en los tres primeros partidos —y una manita al Celta B— ha encendido de nuevo las esperanzas de retorno al fútbol profesional, primer peldaño en el arduo camino de retorno a la élite.
El Dépor no debe aferrarse con melancolía a la vitrina de gloriosos trofeos del pasado. Todavía conserva algo que fue siempre una de las claves de su éxito: tiene una de las mejores aficiones del fútbol español. Una muestra: Balaídos registró una entrada de seis mil seguidores en la primera jornada de Liga, frente a los trece mil de Riazor. La fe inquebrantable de estos seguidores, que nunca han dejado a su club en la estacada, es una de sus principales armas para volver a ser un club de Primera.
La inconclusa odisea del puerto que nació de una marea negra
La foto de la primera portada de LA OPINIÓN, el 4 de octubre de 2000, mostraba a la tripulación de un mercante rescatada de un naufragio a su llegada al puerto coruñés. Era una imagen habitual en el arranque de la temporada de borrascas, con cientos de buques, la mayoría petroleros, navegando con apuros frente a la batida costa coruñesa. Era también un aviso por lo que había pasado en 1992 con el Mar Egeo. Y que ocurrió de nuevo el 19 de noviembre de 2002, cuando un destartalado Prestige que llevaba seis días a la deriva se parte y se hunde frente a Fisterra con 77.000 toneladas de fuel a bordo. El naufragio provoca una inmensa marea negra que abarca dos mil kilómetros de litoral, desde Portugal a Francia, con un apocalíptico epicentro en la costa coruñesa, especialmente en A Costa da Morte, que la prensa nacional rebautizó como la Zona Cero.
La catástrofe desencadena una de las mayores respuestas solidarias de la sociedad civil en España. Miles de voluntarios de todo el país se trasladan a Galicia para ayudar a limpiar a mano el chapapote que invade playas y roquedales.
El desastre puso el foco también en la impunidad con la que operan los armadores de buques de bandera de conveniencia y provocó un encendido debate sobre la gestión gubernamental de la crisis, en especial sobre la controvertida decisión de mantener el petrolero a la deriva perdiendo fuel durante casi una semana sin llevarlo a un puerto refugio.
Dos meses después del comienzo de la tragedia, el 24 de enero de 2003, el entonces alcalde a A Coruña, Francisco Vázquez, cede el consistorio coruñés al Gobierno de Aznar para celebrar un consejo de ministros. Es una decisión polémica, por la gran contestación ciudadana a la gestión gubernamental de la crisis, liderada por la plataforma Nunca Máis, y obliga blindar María Pita, que poco antes había sido el escenario de la multitudinaria manifestación de 75.000 personas ante el Palacio Municipal.
La entente entre Vázquez, Aznar y su Ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, fue un quid pro quo. A cambio de la acogida al Gobierno del PP en plena tormenta política, el alcalde Vázquez encuentra receptividad a una iniciativa que acariciaba desde los años 90: trasladar la actividad portuaria al exterior y liberar los muelles interiores para una gran operación inmobiliaria.
La marea negra le brinda la oportunidad de construir un puerto refugio a diez kilómetros de la ciudad. El nacimiento del puerto exterior de Langosteira, aprobado en ese Consejo de Ministros, cosechará en los meses siguientes críticas de los técnicos por las carencias del proyecto a las que Cascos hará oídos sordos. La necesidad de construir un contradique para frenar la violencia del oleaje, que no se contemplaba en el plan aprobado inicialmente, tuvo que incorporarse años después, con un enorme sobrecoste.
La construcción de Langosteira fue adjudicada por Puertos del Estado con una singular fórmula en la que la Autoridad Portuaria de A Coruña se compromete a financiar el 30% del coste con la venta de los muelles interiores. La operación hizo aguas sin embargo con la llegada de la crisis del ladrillo. El problema es que el presupuesto inicial de 429 millones se convirtió en una bola de nieve que ha aumentado el coste hasta los mil millones.
Como consecuencia, el Puerto coruñés arrastra una deuda de casi 300 millones —198 al Estado y 97 a otras entidades— por los créditos que ha tenido que pedir para hacer frente al aumento imprevisto del gasto. Sin contar en esa partida los 170 millones necesarios para su conexión ferroviaria, que ha permanecido todos estos años en el limbo hasta que esta pasada primavera el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos y el presidente de la Xunta anuncian que el enlace por tren al puerto exterior será financiado al 100% por los fondos europeos Next Generation.
Repsol invertirá 126 millones en su traslado a Langosteira, de los que 80 se emplearán en la construcción del poliducto que comunicará Langosteira con la refinería, cuyas obras comenzaron este año. La petrolera tiene previsto poder empezar a descargar crudo en el puerto exterior en el verano de 2022, aunque no hay fecha todavía para el traslado de la carga de refinado en San Diego, para la que Repsol tiene concesión hasta 2027, ya que aún no ha alcanzado un acuerdo con el Puerto.
Xunta, Concello y Puerto llegaron a finales de agosto de este año a un acuerdo por la titularidad de los muelles de Batería y Calvo Sotelo que fija un 75% de la propiedad para la administración local, un 20% para la autonómica y un 5% para la portuaria. Este reparto otorga al Ayuntamiento el control del desarrollo de ambos muelles, con un coste aproximado de 18 millones a desembolsar hasta 2035. Falta aún por cerrar el acuerdo sobre el grueso del espacio portuario a liberar, San Diego y el Petrolero, donde se prevé la mayor actuación inmobiliaria.
La gran asignatura pendiente en Langosteira sigue siendo el pago de la deuda que ahoga económicamente al puerto coruñés, que el Gobierno se resiste a condonar como sí ha hecho con la del puerto de Valencia, acumulada durante los peores años de corruptelas, y solo contempla como solución la venta de los muelles. El Estado debería asumir esa condonación con más motivo aquí que en Valencia, donde la deuda fue acumulada en los peores años de corruptelas, ya que el origen de la hipoteca portuaria coruñesa está en la decisión adoptada por el Consejo de Ministros presidido por Aznar en María Pita en 2003 y muy especialmente por el desentendimiento del Ministro de Fomento Álvarez Cascos de los informes técnicos que advertían de un importante sobrecoste en la construcción de Langosteira por la ausencia de un contradique en el proyecto.
Así lo ha entendido la corporación municipal coruñesa, que hace apenas unos días aceptó por unanimidad la moción pactada por PSOE, PP y Marea que reclama al Gobierno que incluya en los próximos Presupuestos la condonación de los 200 millones que restan al Puerto por pagar al Estado por la construcción de la dársena exterior, o bien una ayuda equivalente. El acuerdo no hace mención al pago por el Concello del suelo a adquirir en los muelles, según el acuerdo cerrado con Xunta y Puerto, que Marea y BNG rechazan al entender que la liberación no debe suponer un coste a la ciudad.
La reforma de la fachada marítima interior es una oportunidad de oro que no volverá a repetirse en mucho tiempo en esta ciudad. Y debe afrontarse con altura de miras, con el objetivo de mejorar sustancialmente la calidad de vida de los coruñeses e impulsar nuevas iniciativas empresariales y tecnológicas que conserven el ADN de motor económico del Puerto.
El ocaso de un ‘vazquismo’ que reinó 23 años sin oposición
Nadie habría imaginado en los días que LA OPINIÓN llegó a los quioscos coruñeses que llegaría a ver poco después la imagen publicada en la portada de este periódico en febrero de 2006, en la que un abatido Francisco Vázquez abandona el palacio municipal tras 23 años de poder absoluto. Su estrella, que parecía destinada a brillar siempre en un peculiar firmamento político en el que reinaba sin oposición, se había apagado. Era la señal de que la ciudad de A Coruña demandaba un pase de página.
El alejamiento de los parámetros del PSOE, la creciente pérdida de apoyo electoral que detectaban las encuestas y los escándalos destapados por LA OPINIÓN sobre la oscura adquisición de su palacete en O Parrote a precio de vivienda social, que le obligó a dar explicaciones en un insólito pleno extraordinario, o los negocios compartidos con el promotor inmobiliario Antonio Fontenla, desencadenaron su adiós de María Pita.
Siguiendo la vieja tradición sentenciada con sorna por el histórico socialista Indalecio Prieto en sus memorias —“a los caídos en desgracia, en España los hacemos embajadores”— el entonces presidente Zapatero dio carpetazo a su carrera política con un piadoso destino diplomático en el Vaticano.
En su dilatado mandato, Vázquez pondrá en marcha una urbe nueva con ambiciosos proyectos urbanísticos gestados en un hermético círculo de poder que generará espacios de influencia en los que prosperarán algunas fortunas locales. Para construir ese mundo a su medida, centrifuga todas las opciones políticas en un solo ideario, el vazquismo, que abarca toda la clientela electoral.
La inexistencia de rivales de peso hasta bien entrada la década de 2000, facilita el mito de un mundo feliz. A Coruña se convierte en un reclamo de buena gestión que traspasa el ámbito coruñés y gallego. Miembro de la dirección federal del PSOE, congresista, senador y en dos ocasiones presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, su nombre sonará durante años en las quinielas como candidato a un ministerio que nunca llegará.
Tras la pérdida de influencia en la cúpula socialista, que no le renueva el cargo diplomático, Vázquez afronta un ostracismo institucional que intentará romper con su acercamiento al PP en una fallida postulación como Defensor del Pueblo.
La leyenda del buen gestor se ha agrietado considerablemente en estos últimos años, en los que las arcas públicas coruñesas han tenido que cargar con las millonarias indemnizaciones decretadas por un rosario de sentencias judiciales por las irregularidades urbanísticas cometidas bajo su mandato, significadamente en los casos del polígono de Someso o el edificio Fenosa.
A Vázquez lo sucederá en María Pita su teniente de alcalde, Javier Losada, que tendrá que pactar en 2007 el Ejecutivo coruñés con el BNG, por falta de mayoría absoluta. Y lo perderá en 2011 ante Carlos Negreira, el único alcalde del PP, que obtendrá una mayoría absoluta que perderá en las elecciones de 2015, pese a que en su mandato se concluyeron importantes infraestructuras iniciadas años atrás como la tercera ronda o la ampliación de la pista de Alvedro, ante la explosiva irrupción de un nuevo espacio político, Marea Atlántica.
El experimento político coruñés tendrá gran eco mediático en toda España y saltará a la política gallega con otra marca, En Marea, que obtendrá más de 400.000 votos, seis congresistas y dos senadores en las elecciones generales de 2015 y 14 diputados en las autonómicas de 2016, en las que supera al PSOE. El éxito fulgurante de En Marea será dilapidado en apenas una legislatura por una autodestructiva inercia de disensiones internas que afectará también a la Marea coruñesa. El alcalde Xulio Ferreiro abandona la política institucional y retorna a la docencia universitaria tras las elecciones municipales de mayo de 2019, en las que Marea Atlántica retrocede del primer al tercer puesto. Le sucede la socialista Inés Rey, primera alcaldesa electa de A Coruña, cuyos dos primeros años de mandato han estado marcados por la pandemia.
El faro más universal tuvo que resistir a la especulación
Si hay algo que une a los coruñeses, además del amor a los colores blanquiazules, es la Torre de Hércules, el símbolo de la ciudad más reconocido en el mundo desde que el 27 de junio de 2009 la Unesco le otorgó el rango de Patrimonio de la Humanidad.
La Torre, único faro romano del mundo todavía en funcionamiento, obtuvo su primer reconocimiento en 1931, cuando fue declarado Monumento Histórico Artístico. La iniciativa para obtener la prestigios certificación mundial partió en 2001 del Instituto de Estudios Torre de Hércules, que logró que la ciudad entera se volcara en la defensa de su candidatura. Para la memoria quedan las 320.000 firmas recogidas y el envío de 20.000 abrazos virtuales al faro desde la plaza de María Pita.
Paradójicamente, una vez logrado lo más difícil, el reconocimiento universal del faro coruñés se vería amenazado por intereses ligados al ladrillo. La Unesco advierte que el complejo inmobiliario proyectado en el Agra de San Amaro, en el entorno del faro, donde se prevén construir seis bloques de ocho plantas, podría suponer la retirada de su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad.
El propio ministro de Cultura en ese momento, el escritor coruñés César Antonio Molina, uno de los mayores impulsores de la candidatura, se muestra contrariado y avisa de que “no se debe construir absolutamente nada” en el entorno del faro.La concejalía de Urbanismo se resiste sin embargo a renunciar a la urbanización y alega que el proyecto, aprobado en 2004 por un Ejecutivo de Francisco Vázquez, está determinado por el Plan General vigente.
El complejo inmobiliario cuenta con el rechazo del Instituto de Estudios Torre de Hércules, las dos federaciones vecinales y del BNG, socio entonces del Ejecutivo municipal presidido por Javier Losada. El entonces director general de Patrimonio en la Xunta, el arquitecto José Manuel Rey Pichel, exconcejal de UCD en A Coruña, advierte también a principios de 2010 que el ámbito de la urbanización se encuentra dentro de la zona en la que la Unesco exige unas normas especiales de respeto para mantener la categoría de Patrimonio de la Humanidad.
Finalmente, la Consellería de Cultura obliga al Ayuntamiento coruñés en enero de 2011 a retirar del Plan General la edificabilidad en el Agra de San Amaro para respetar los requisitos de protección del faro establecidos por la Unesco.
La Torre de Hércules se ha convertido en los últimos años en el mayor reclamo turístico de la ciudad y en 2019, el último año antes de la pandemia, recibió 123.000 visitantes.
Del naufragio de Caixa Galicia a la eclosión de Abanca
Hacia 2009, cuando empezaba a arreciar la crisis financiera desatada por la burbuja inmobiliaria, surgía en Galicia, impulsada desde ámbitos del Banco de España y el poder autonómico, la iniciativa de fusionar a las dos grandes cajas de ahorros, Caixa Galicia y Caixanova. Es el primer capítulo de una huida hacia adelante, forzadas por el agujero negro que ambas tenían que afrontar con el hundimiento del ladrillo.En especial Caixa Galicia, por su dimensión y su mayor exposición al negocio inmobiliario. Gestionada por José Luis Méndez en los años en los que se acumuló el lastre que hará naufragar a la caja coruñesa, la gravedad de su estado urgía un socio.
Las cajas gallegas, con una plantilla de 8.600 empleados —5.300 en Caixa Galicia y 3.300 en Caixanova— se fusionan en 2010 en un ente denominado Novacaixagalicia (NCG). La nueva corporación, presentada como la quinta de España, lucía unas cifras irreales. Pronto se comprobó que la operación, pese a la inyección pública de 3.600 millones en dos fases por el FROB y a la desinversión de sus carteras industriales, era insuficiente para corregir la magnitud del descalabro. La reestructuración bancaria puesta en marcha entonces por el Gobierno, presionado por Bruselas, obliga a dar otro paso. Bancarizarse. La Xunta estima en 1.700 millones el valor de NCG, pero el Banco de España rebaja esta valoración en casi un 90%, dejándola en 181 millones.
Las cajas fusionadas se convertirán en 2011 en un banco. Novagalicia, con José María Castellano al frente. La conversión en banco se acompaña de un pacto de salida con indemnizaciones millonarias de exdirectivos de las cajas que continuaron en NCG. La Audiencia Nacional ordenó en enero de 2017 el ingreso en prisión de cinco de sus directivos por el cobro indebido de esas indemnizaciones millonarias, todos procedentes de Caixanova.
La viabilidad del nuevo banco, que debe devolver préstamos al FROB, dependía de una captación de capital privado que finalmente no se pudo conseguir. A finales de 2013, una vez constatado el fracaso y la situación de emergencia de Novagalicia, el Banco de España da la espalda al proyecto de Castellano y adjudica en diciembre de 2013 Novagalicia en subasta por 1.003 millones a Banesco, entonces la mayor entidad bancaria privada de Venezuela, que participa en la operación con el banco gallega Etchevarría.
La quiebra de las cajas gallegas costó a los contribuyentes 8.269 millones y otros 511 a los bancos a través del Fondo de Garantía de Depósitos, según los datos del Tribunal de Cuentas. No se ha exigido responsabilidad por la nefasta gestión que llevó a este colosal quebranto. Uno de los mayores responsables, José Luis Méndez, fue premiado con un retiro millonario. Su único castigo fue moral, al serle retirado por el Ayuntamiento el título de Hijo Predilecto de A Coruña. Ante las peticiones de apertura de diligencias judiciales, la Audiencia Nacional determinó que “la mala gestión no es delito”.
El hundimiento de las cajas atrapó a miles de clientes que habían adquirido unos productos financieros complejos, las llamadas acciones preferentes, sin la debida transparencia. Los afectados protagonizaron una intensa movilización que generó momentos de gran tensión en las calles, pero en Galicia han logrado recuperar un 90% de las cantidades reclamadas, el mayor porcentaje en España.
Los nuevos gestores que heredaron las cajas crearon una marca gallega, Abanca, que experimentó un considerable crecimiento en los últimos años y que acaba de obtener en el primer semestre de 2021, pese a la pandemia, un beneficio de 157 millones. Lo que aumenta a más de 3.300 millones sus beneficios desde su aparición en 2013. La marca bancaria gallega lidera el mercado financiero español por calidad de activo y ha fortalecido con las operaciones de Deutsche Bank PCB, Banco Caixa Geral, Bankoa y Novo Banco su posicionamiento fuera de la comunidad.
La reestructuración del sector bancario afectó también en A Coruña al Banco Pastor, que se fusionó por absorción con el Popular en 2012 y desapareció como entidad jurídica en 2018 con la compra del Popular por el Santander.
Las locomotoras económicas que suplen el ocaso industrial
El ulular de la sirena que durante doscientos años avisaba del turno de trabajo en la Fábrica de Tabacos, que en su máximo esplendor empleó a 4.000 trabajadoras, las populares cigarreras que Emilia Pardo Bazán inmortalizó en su novela La tribuna, sonó por última vez a las dos de la tarde del 20 de diciembre de 2002. “Es una pena que esta ciudad no tenga su propia industria y que dependa solo de los servicios”, sentenció Elvira Alonso, última presidenta del comité de empresa.
El fin de Tabacos se enmarca en el ocaso de las tradicionales industrias coruñesas ligadas al Estado, tras su privatización por el Gobierno en 1998, que supondrá también en 2013 el cierre de la Fábrica de Armas de Santa Bárbara, vendida en 2001 por cinco millones a General Dinamics, que cerrará la histórica factoría en 2013. En esa tendencia se enmarcará en los siguientes años el declive de otras grandes industrias convencionales, como la fábrica de aluminio de Alcoa en Agrela, ligada indirectamente al Estado por las subvenciones del consumo de electricidad, cuya odisea sigue aún pendiente. O el cierre de las dos centrales térmicas de la provincia coruñesa en Meirama y As Pontes, por el giro de la política energética que penaliza el carbón.
El boom del ladrillo tomó el relevo de la industria como motor económico en una A Coruña convertida en una ciudad de servicios. Hasta que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, que se llevó por delante gigantes como Fadesa, reveló que el modelo era insostenible.
Las nuevas locomotoras que afrontaron la recesión se llaman Inditex, Hijos de Rivera, Gadisa o Vegalsa, que lograron crecer notablemente en plena crisis. En la fecha de la llegada de LA OPINIÓN, el emergente imperio textil de Amancio Ortega preparaba su salida a Bolsa .Sus ventas sumaban entonces 1.600 millones al año. La llegada de Inditex al parqué en mayo de 2001 inaugura un efecto de revalorización —fijado entonces en 10.000 millones—, que no dejará de incrementarse hasta hoy. Los resultados de 2019, antes de la irrupción del COVID, alcanzaron la cúspide de una ininterrumpida serie de récords con un beneficio neto de 3.639 millones y un crecimiento del 6% respecto al año anterior, tras generar una facturación de 28.286 millones, un 8% más.
La capacidad de asombro de los gurús de la economía mundial ante Inditex, no solo la gran locomotora económica coruñesa, sino también gallega y española, parece no tener límite. Es un modelo del que toman nota las principales escuelas de negocios del mundo.
“La crisis no puede ser una excusa para no crecer”, proclamó en la inauguración del flamante Zara de Nueva York el presidente de Inditex, Pablo Isla, que llevó a la compañía coruñesa a la pole position de la economía mundial desde su llegada en 2006. Y las cifras no dejaron de darle la razón, incluso en los momentos más duros de la pandemia. Pese a que su facturación se redujo en 20% en 2020, hasta los 20.400 millones, a Inditex le fue mucho mejor que a sus competidores y acaparó casi un tercio de la facturación del negocio de la moda en España, según los datos de la patronal nacional del textil, Acotex.
Ese mismo principio de convertir las crisis en oportunidades ha guiado también los pasos de otras corporaciones como Hijos de Rivera, Gadisa o Vegalsa. Estas marcas comparten con Inditex, al margen de la colosal diferencia de magnitud, una visión empresarial basada en el ADN gallego del esfuerzo que ofrecen un nuevo modelo de éxito y crecimiento sostenido en sólidos pilares, en contrapunto al desplome de la economía basada en la especulación.
La Corporación Hijos de Rivera, matriz de Estrella Galicia, ha pasado en solo diez años de producir poco más un millón de hectolitros a un volumen de 341 millones de litros en el último ejercicio, 2020. La firma que capitanea Ignacio Rivera, cuarta generación de la empresa familiar coruñesa fundada en 1906, ha triplicado su producción en una década y su expansión más allá de las fronteras gallegas amenaza la cuota de mercado de los grandes grupos cerveceros del país.
Estrella Galicia es ya la cuarta cerveza más consumida en España, solo por detrás de Mahou, Damm y Heineken. La bebida de cebada fabricada en A Coruña es además la que mejor aguantó el tirón del COVID, al ser la que menos bajó en producción de las cuatro grandes el año pasado. Prueba de su reconocimiento internacional es la reciente imagen del expresidente estadounidense Bill Clinton, fotografiado con una caja de cerveza Estrella Galicia en Nueva York.
Gadisa cerró 2019 con una cifra de negocio de 1.228 millones, lo que supuso un incremento en la facturación del 3,7%, y con la creación de 208 nuevos empleos directos, que suman ya cerca de 8.000. La firma ha asegurado su liderazgo en el noroeste peninsular con 420 puntos de venta. En ese año, invirtió más de 360 millones en compras a un total de 994 proveedores locales, además de dedicar 23 millones a su plan de aperturas, ampliación y modernización de los establecimientos, un 60% más que el año anterior.
Vegalsa-Eroski incrementó en 2020 su facturación en un 8% con respecto al año anterior, alcanzando los 1.200 millones de euros. La compañía gallega de distribución alimentaria aumentó su beneficio antes de impuestos un 35%, hasta los 50 millones de euros. Su plantilla aumentó durante el año más duro de la pandemia en 200 trabajadores y suma ya 6.354 empleados, de los que un 80% son mujeres.
El reto de convertirse en el polo tecnológico gallego
A Coruña, sede de la mayor empresa de telecomunicación que opera en la comunidad, R, que ha pasado a pertenecer esta primavera a MásMóvil, el cuarto operador de telefonía en España, enfoca una de sus principales apuestas a convertirse en el gran polo tecnológico de Galicia.
La Ciudad de las TIC, impulsada por la Universidade da Coruña y el Clúster que agrupa a empresas y profesionales de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), va tomando forma. El proyecto dio sus primeros pasos a finales de 2018 a iniciativa de la institución académica coruñesa, de la mano de su rector Julio Abalde, por la gran demanda de este sector emergente que da empleo en Galicia a 22.000 trabajadores, 16.000 de ellos en el ámbito privado y 6.000 en el público.
La posibilidad de disponer de un espacio como el de Pedralonga, ocupado por la antigua Fábrica de Armas y cedido por el Ministerio de Defensa, ha sido aprovechada, tras algunos titubeos iniciales, por todas las administraciones. El plan es un buen ejemplo de la tan demandada colaboración entre lo público y lo privado y una muestra del servicio que puede suponer una institución académica a la comunidad en la que se asienta.
Al menos diez empresas habían confirmado hace un año su intención de participar en el Centro de Servicios Avanzados de la Ciudad de las TIC, la primera instalación que está previsto empiece a funcionar dentro del complejo en 2022. La Xunta aportará 4,82 millones de euros, el 80% de su coste total; el Concello colaborará mediante la adecuación de los accesos y la Universidad cederá el suelo. El tibio respaldo inicial del Gobierno gallego ha girado hacia un apoyo claro, como lo demuestra la inclusión del proyecto entre los candidatos a optar a los fondos Next Generation por una cuantía de 55 millones.
Abalde expuso en mayo de este año el proyecto a la vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño, a quien planteó que la Ciudad de las TIC sea la sede del Nodo de la Estrategia Nacional de la Inteligencia Artificial. El complejo pretende ser un catalizador de la industrialización, en retroceso en el ámbito gallego y coruñés, y dinamizar otros sectores como el textil, el logístico o el alimentario.
El pulso por dotarse de las infraestructuras de una gran urbe
La gestación de buena parte de las infraestructuras claves para comunicar A Coruña han recorrido un arduo camino en estas dos décadas, que muchas aún no han concluido.
La tercera ronda, una autovía urbana destinada a aliviar la densidad del tráfico de entrada y salida de la ciudad en Alfonso Molina y proporcionar una conexión directa con Alvedro y la A-6, comenzó su andadura en 2000 pero no fue inaugurada hasta 2015, por la entonces ministra de Fomento Ana Pastor. Ese mismo año se inauguraban los 400 metros de ampliación de la pista de Alvedro, hasta los 2.340, cuatro años después del inicio de la obra por el ministro José Blanco. Ambos —una del PP, el otro del PSOE—, gallegos.
El aeropuerto coruñés superó por primera vez el millón de pasajeros en 2006, un listón del que bajaría temporalmente de 2012 a 2014 a consecuencia de la recesión económica, y que recuperará a partir de 2015 hasta batir su récord histórico con 1,3 millones de usuarios en 2019. Una cifra que el plan director de Aena no le asignaba hasta 2028. El continuado aumento del tráfico permitirá que en 2019 se instale, tras años de infructuosa reclamación, un sistema de ayuda al aterrizaje que evite los permanentes desvíos de vuelo por la niebla.
El plan director de Aena para Alvedro contempla una inversión de 137 millones, que incluye la remodelación del edificio de la terminal, que supera ya el cuarto de siglo de antigüedad. Estas actuaciones se han visto sin embargo frenadas por el desplome de las cifras de viajeros desde la llegada del COVID.
El Puerto cuenta desde 2011 con una terminal de cruceros, cuya puesta en marcha fue demandada por las compañías operadoras por la envergadura cada vez mayor de los buques que arribaban al muelle de Trasatlánticos. Ese mismo año se rebasaba la cifra de 70.000 cruceristas anuales, que crecería hasta los 160.000 en el último ejercicio antes de la llegada de la pandemia, que supuso un dilatado annus horribilis sin que atracase ningún barco desde el arranque del estado de alarma en marzo de 2020 hasta el actual mes de septiembre. Quedan en la memoria jornadas memorables como la del 2 de mayo de 2014, en la que por primera vez se produjo la escala simultánea de seis buques, que desembarcaron 8.500 cruceristas en la ciudad. Los consignatarios confían en que hagan escala en el puerto coruñés unos cuarenta cruceros hasta final de año.
La gestación de la estación intermodal, el nodo que reunirá las terminales de tren y autobuses, ha cumplido ya casi dos décadas sin que se vislumbraran significativos avances hasta esta pasada primavera. El entonces concejal de Transportes José Nogueira aseguraba ya en 2002 que “sería una realidad en 2009”. No fue así, pero en 2009 firmaron el alcalde Javier Losada y el ministro José Blanco un convenio con las premisas habituales de la edad de oro del ladrillo: suelo liberado para emprender grandes operaciones inmobiliarias que incluían hoteles y centros comerciales con las que se pagaría la nueva infraestructura, presupuestada en 180 millones. La crisis lo dejaría en papel mojado. La ministra Ana Pastor, durante los Gobiernos de Rajoy, firmó otro convenio con Negreira que rebajaba considerablemente la inversión, que volvería a estancarse por el cambio de color político en María Pita en 2015.
Esta primavera se ha firmado un acuerdo entre Xunta, Concello y Estado para impulsar la intermodal, aunque Adif aún debe terminar el proyecto para reformar la estación ferroviaria y faltan por sellar otros tres convenios adicionales entre las administraciones implicadas, para lo que han fijado un plazo máximo hasta mayo de 2022. El proyecto de Adif, que pretende presentar a final de este año, tiene un presupuesto de 48,5 millones y un plazo de ejecución de 28 meses. El concurso de la obra tendrá una duración mínima de seis meses, por lo que su adjudicación se produciría a mediados de 2022 y la conclusión de las obras se situaría a finales de 2024.
Una inspección de eurodiputados, solicitada por la Cofradía de Pescadores y la Plataforma en Defensa de la Ría de O Burgo a través del BNG, constató en 2013 el alarmante estado del estuario coruñés que sirve de espacio común a cientos de miles de coruñeses y urgió acciones tanto a la Xunta como al Gobierno. El tirón de orejas europeo reactivó la imperiosa necesidad de regenerar el fondo de la ría, uno de los estuarios más contaminados de España, que almacena lodos tóxicos acumulados durante décadas de vertidos industriales. Tras años de partidas testimoniales en los presupuestos del Estado, el Ministerio de Transición Ecológica anunció finalmente en enero de este año la licitación del dragado de más de medio millón de metros cúbicos de la ría por 48 millones y en julio adjudicó la obra a Acciona por 32, con un plazo de adjudicación de 26 meses. El contrato no ha podido formalizarse aún, sin embargo, por el recurso planteado en el tribunal administrativo por una de las empresas que concurrió al concurso.
A Coruña tiene pendientes otras importantes infraestructuras demandadas desde hace años. La ampliación de Alfonso Molina será financiada con los fondos europeos Next Generation y la del puente de A Pasaxe, con un coste de 47 millones, está pendiente de la conclusión del proyecto. Más lejano se ve el Vial 18, que unirá la autopista AP-9 con la tercera ronda, presupuestado en 30 millones, que aún debe superar la Declaración de Impacto Ambiental. O la cuarta ronda, con 27 millones de coste, que enlazará la tercera ronda con la autovía de acceso al puerto exterior, que aún se encuentra en la fase de redacción de proyecto.
La Gran Coruña metropolitana, el gran reto
El minifundismo político ha sido en estas dos décadas un obstáculo para que la Gran Coruña, el espacio supramunicipal compartido por medio millón de habitantes, se sumase a las grandes áreas metropolitanas pioneras en España, que serán en el futuro inmediato las principales destinatarias de los grandes fondos europeos de inversión pública.
Los balbuceantes intentos de poner en marcha el área metropolitana de A Coruña no lograron ir más allá de una renqueante y agotada mancomunidad de servicios, hasta que en octubre de 2016 se da un paso al frente con la Declaración de María Pita, un documento en el que los entonces alcaldes de A Coruña, Betanzos, Bergondo, Cambre, Culleredo, Sada y Oleiros reclaman al Parlamento gallego la ratificación de la Lei da Área Metropolitana da Coruña. Al año siguiente, se suman también los alcaldes de Abegondo y Carral, del PP. Paradójicamente, la resolución encalla en la corporación de la ciudad coruñesa, donde los grupos municipales del PSOE y PP limitan la iniciativa del regidor Xulio Ferreiro a un vago apoyo que no incluye la solicitud de tramitación a la Xunta, lo que dejaba el asunto en vía muerta.
Tras el relevo en las filas socialistas con el triunfo de Inés Rey, el PSOE cambia de rumbo e incluye el impulso del área metropolitana en el pacto de Gobierno con Marea. El 26 de septiembre de 2019, los diez alcaldes de la comarca, incluidos los del PP, escenifican en una foto de familia su adhesión a la renovada agenda. Una frase de la alcaldesa resume el nuevo espíritu: “A Coruña ha dejado de ser la aldea gala que daba la espalda a su entorno”. La llegada del COVID dejó en cuarentena este entusiasmo, que se ha retomado al anunciar PSOE y Marea que elaborarán un borrador del anteproyecto de ley en el que podrán participar el resto de grupos municipales y otros concellos, con los objetivos prioritarios de mejorar la movilidad y coordinar los servicios públicos.
Récord de trasplantes de órganos en pandemia
El COVID ha condicionado en el último año y medio la sanidad coruñesa, con una estela de más de quinientas muertes por el virus y unos efectos colaterales por la sobrecarga hospitalaria que ha empeorado la situación de los pacientes afectados por otras dolencias. Pero durante la pandemia se mantuvo un excepcional foco de esperanza en el complejo hospitalario coruñés, que en 2020 mantuvo prácticamente la misma cifra de trasplantes de órganos —228, apenas un 4% menos que en 2019—. Se realizaron 29 trasplantes de corazón, un 45% más que antes de la pandemia y la mayor cifra de España, y 53 de pulmón, su récord histórico.
El perfecto engranaje de donación de órganos e intervención quirúrgica instalado en 1981, que ha brindado desde entonces una nueva oportunidad vital a más de 6.500 pacientes que ya no tenían más alternativa terapéutica, siguió funcionando en el hospital coruñés pese a la caída de las donaciones y los trasplantes en todo el mundo. El Chuac figura desde hace años entre los hospitales españoles con más trasplantes y registró su récord histórico en 2017 con 256. Y es pionero en operaciones de cirugía torácica pulmonar con una sola incisión, en lugar de dos, como es más habitual en otros hospitales.
El recinto físico del hospital coruñés, inaugurado en 1972, tiene sin embargo importantes achaques de edad que motivaron ya una ampliación que se aprobó en el plan director de 2001, pero no llegó a completarse. La última fase de ese plan, rebautizada como fase cero, fue adjudicada a finales del año pasado por 13 millones y habilitará en el espacio de las antiguas Urgencias la Oficina de Trasplantes y los hospitales de día de Oncología, Alergología y Hematología, además de aumentar plazas de UCI. La fase cero, que podría estar terminada en 2022, es para Sanidade la “primera piedra” del nuevo Chuac, cuyo proyecto de diseño acaba de ser contratado. El nuevo hospital coruñés doblará la superficie del actual, aumentará las camas de hospitalización de 1.310 a 1.453 y contaría con una inversión estimada de 450 millones. El plan funcional prevé que las actuaciones estén completadas en seis años a partir de la adquisición de terrenos.
La pandemia dejó extenuada a la exigua plantilla sanitaria coruñesa de Atención Primaria, que en el año previo a la llegada del COVID había mantenido ya un tenso pulso con la Consellería de Sanidade. Los médicos han vuelto a plantear ahora a Comesaña que retome el plan de mejora consensuado en 2019 para corregir el impacto de la sobredemanda y el déficit de profesionales.
‘Coruñywood’, nueva meca del audiovisual
2010. La película Celda 211, producida por la coruñesa Vaca Films, arrasa en la gala de los Goya con ocho estatuillas tras lograr uno de los mayores éxitos de taquilla del cine español. La hazaña de la productora de Emma Lustres retomó con creces los triunfos que había obtenido el audiovisual coruñés con el cine de animación en los primeros años del siglo XXI, cuando Dygra obtuvo tres goyas con El bosque animado y El sueño de una noche de San Juan; Perro Verde otro por El lince perdido, que será precandidata al Oscar, y Continental, que arrancó en 1989 el cine profesional en Galicia, estrena De profundis, basado en el poema visual del dibujante coruñés Miguelanxo Prado.
Vaca Films se ha convertido desde entonces en uno de los principales motores del cine español, con grandes producciones como Invasor, El niño —cotriunfadora con Ocho apellidos vascos en los Goya de 2015—, El desconocido —rodada completamente en A Coruña, con banda sonora de la Orquesta Sinfónica de Galicia—, Quien a hierro mata —un goya—, La sombra de la ley —tres goyas— o Cien años de perdón —número uno en taquilla—. La productora coruñesa se ha sumado al auge de las plataformas digitales con series como Unidad —mejor estreno histórico de un contenido original en Movistar— o El desorden que dejas, primera producción gallega en Netflix, estrenada en diciembre de 2020.
