Dos promotoras reclaman al Ayuntamiento de Sada un total de 3,5 millones de euros por la anulación judicial de una urbanización de 70 viviendas proyectada en O Tarabelo y el complejo residencial diseñado en la costa de Carnoedo bajo el nombre de Puerto Infanta.
Según informó ayer el Ejecutivo municipal en funciones, que se ha opuesto a las reclamaciones para defender los intereses municipales, las dos actuaciones fueron gestionadas por anteriores Gobiernos locales presididos por el ex alcalde Ramón Rodríguez Ares, que a partir del próximo sábado, 11 de junio, regresará a la Corporación -todavía se desconoce si como alcalde o no- tras presentarse de nuevo a la Alcaldía por el PDSP, partido que fundó tras la moción de censura. En ambos casos también, el edil de Urbanismo era el concejal del PDSP Emilio Gómez, número dos en la candidatura del partido.
La Sociedad General de Terrenos y Edificios SL, propiedad del Banco Pastor, fue la promotora de Puerto Infanta, un complejo residencial proyectado en la misma costa, de casi 500 viviendas y que en una segunda fase incluía la construcción de un puerto deportivo con 300 puntos de amarre.
A finales de 2009, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia por la que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anulaba, en 2004, el plan urbanístico necesario para el desarrollo de la urbanización, así como las directrices recogidas para la ordenación de ese ámbito en las normas subsidiarias de Sada, documento que rige el urbanismo en el municipio a falta de un Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y que data de 1997. El plan había sido aprobado por el pleno de la Corporación municipal en 2001, con los votos en contra del BNG.
La sociedad, a la que el Tribunal Supremo rechazó su recurso, presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Concello de Sada por valor de 1,3 millones de euros, incrementada con los intereses acumulados desde la fecha de presentación de la reclamación hasta aquella en que se produzca el pago definitivo. La reclamación ha sido planteada en la vía administrativa.
La segunda reclamación corresponde a la empresa Residencial Portasada, con sede en A Coruña. En abril de 2005, la Junta de Gobierno Local de Sada le concedió la licencia para la construcción de 77 viviendas en la zona de O Tarabelo, autorización que también fue anulada por sentencia judicial. Eran miembros de la junta Rodríguez Ares, Gómez y Mar Fernández -concejala del PDSP que en el presente mandato se pasó al grupo de los no adscritos y ha ido de número diez en la candidatura del PP-. En este caso, la promotora reclama al Ayuntamiento 2,1 millones de euros, así como los intereses correspondientes. Según informó ayer el Gobierno local, la reclamación "se está discutiendo en la vía judicial y está pendiente de fallo".
