Le salió el tiro por la culata. Cuando la Mesa pola Normalización Lingüística solicitó ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la suspensión cautelar del decreto del plurilingüismo sólo buscaba apuntarse un tanto, conseguir un titular de prensa y de paso mantener la tensión de los colectivos movilizados contra la política idiomática de la Xunta. Quienes redactaron el correspondiente recurso, a poca experiencia que tuviesen en las lides judiciales, eran conscientes de que había escasas o casi nulas posibilidades de que se ordenase paralizar la entrada en vigor de la nueva normativa. Una resolución de ese tipo se consigue en muy contadas ocasiones y en asuntos de una gravedad especial, cuando de la aplicación del precepto recurrido se puedan derivar perjuicios irreparables. Recientemente el Constitucional se negó a suspender la ley del aborto, como pretendía el PP, a pesar de que se trata, como quien dice, de una cuestión de vida o muerte.

El auto del TSXG se vuelve contra la Mesa, que al errar en el cálculo de riesgos, marca un gol en su propia puerta. Ahora es la Xunta la que se lleva esa baza mediática, porque puede afirmar, con razón, que el dichoso decreto del gallego sigue adelante, con todas las consecuencias. Es una norma que mantiene intacta su presunción de legalidad, como todas las que emanan de órganos competentes, y así seguirá siendo mientras la Justicia no diga lo contrario. O sea, que hay que cumplirlo.

De esto deben tomar buena nota quienes invitan al profesorado a desobedecer el decreto, en el marco de una campaña de insumisión que en última instancia es un paso más, y muy grave, en una clara estrategia del nacionalismo para poner contra las cuerdas al gobierno de Feijóo a propósito de temas tan sensibles como la lengua, la enseñanza o los servicios sociales. Al no haberlo suspendido el alto tribunal gallego, el decreto del plurilingüismo está en vigor y hay que cumplirlo y hacerlo cumplir. Los profesores de centros públicos son funcionarios y por esa razón están especialmente obligados a dar cumplimiento a la legalidad vigente. La administración educativa (léase la Consellería de Educación) no podría -ni queriendo- hacer la vista gorda ante quienes se salten la ley. Tendría que actuar aunque creyera que los incumplidores actúan de buena fe, cuanto más si lo hacen a sabiendas y encima con la alevosía del insumiso.

A pesar del revolcón judicial que se lleva la Mesa al no conseguir la suspensión cautelar que pretendía, y digan lo que digan con la boca grande el presidente o el conselleiro Vázquez, en San Caetano no echan las campanas al vuelo. La pelota está en el tejado de la Justicia. El TSXG no ha entrado aún a analizar el fondo del recurso anti-decreto. Habrán de pasar aún muchos meses, tal vez un par de años, antes de que los señores magistrados dictaminen si las normas sobre las lenguas en la escuela que acaban de entrar vigor son o no acordes con la Constitución, el Estatuto de Autonomía o la propia Lei de Normalización Lingüística, aún en vigor y que, por cierto, el gabinete Feijóo se plantea cambiar en el caso de que no le permita completar el giro que pretende en materia idiomática.

En la Xunta del PP están preparados para que la sentencia no les sea del todo favorable. Contemplan, sin aspavientos, la posibilidad de verse obligados a modificar algunos aspectos de la nueva regulación. Sin embargo, tienen el convencimiento de que no se cuestionará el espíritu del decreto, en lo que afecta al ejercicio de la libertad lingüística. Además, para cuando haya que rectificar, algunos hechos estarán consumados o en su caso se habrá alcanzado un acuerdo de mínimos entre populares y socialistas, a incluir en la reforma del Estatuto. Y si a los nacionalistas no les gustan, le tendrán que echar azúcar.

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