Después de la enorme conmoción que supuso el conocimiento de los datos contables en la nacionalización forzosa de la caja de ahorros fusionada (el patrimonio se valoró en solo 181 millones de euros), las cosas van razonablemente bien. El presidente de la Xunta, señor Núñez Feijóo, no ha dimitido, ninguno de los directivos responsables de ese gigantesco agujero financiero fue detenido, y los tres millones de clientes de la caja ni han entrado en pánico ni han cambiado la cartilla de sitio. Por el momento, claro. (En algún comentario anterior comparaba yo el comportamiento del ahorrador gallego con el del percebe adulto. Cuanto más agitadas están las aguas y más fuerte golpea el mar contra el acantilado más se aferra a la roca, engorda y se pone sabroso). Por supuesto, en el periódico del influyente editor que tanto hizo, junto con el presidente de la Xunta, por conducir el barco hacia la rompiente, se intenta ocultar el dramatismo de la situación con titulares ambiguos y el habitual desvío de responsabilidades hacia supuestos manejos madrileños. Y a los comentaristas más distinguidos se les ha impuesto una prudente dieta de silencio hasta que encontremos un culpable al que echarle la culpa de todo. Mientras todo eso ocurre, el financiero que se ha ofrecido a llevar a buen puerto a la naufragada institución pública convirtiéndola en un banco privado continúa buscando inversores en Méjico y en otros lugares del extranjero a fin de asegurar la "galleguidad" del proyecto, como diría Núñez Feijóo. Escribir la historia de este tremendo disparate político y financiero llevará su tiempo, pero es una tarea de imprescindible patriotismo. ¿Cómo vamos a explicarle sino a la ciudadanía que el fruto del ahorro de varias generaciones de gallegos desde hace 150 años prácticamente desapareció de una entidad que cuenta con tres millones de impositores, 75.000 millones de activos, 3.000 millones de reservas, 1.100 oficinas, y 7.000 trabajadores? ¿Quién, y con qué criterios, hizo aquellas auditorías que encargó la Xunta para demostrar la solvencia de las cajas y la conveniencia de su fusión? ¿Qué fino jurista redactó la norma que impuso la fusión de las dos cajas, y hasta la composición de los cuadros rectores de la nueva entidad, sin tomarse la molestia de indagar su viabilidad financiera? La lista de tonterías e ineptitudes es extensa. Y pocos responsables políticos se libran de ella, incluidos los del BNG que pretendían alcanzar por esa vía una banca pública gallega. En cuanto a las cervantinas polémicas del rebuzno entre alcaldes, ¿qué decir? Pero el fondo de la cuestión es otro. En el mundo financiero todo el mundo sabía que Zapatero y Rajoy estaban de acuerdo en la privatización de las cajas de ahorro, incluidas las solventes. Pero, en Galicia, Feijóo intentó pasarse de listo como muy bien resume un importante periódico nacional. "La Xunta -nos cuenta- se empeñó en que las cajas gallegas no participasen en ninguna fusión con entidades foráneas. Feijóo tuvo que esforzarse por vencer las diferencias entre Vigo y A Coruña sobre el reparto de poder. Pero el mal estado de CaixaGalicia acabó arrastrando a Caixanova, y Novacaixagalicia se ha visto abocada a la nacionalización de su banco. El nuevo presidente, Castellano, ha sido incapaz de captar inversores privados, como había prometido. El resultado es que la entidad fusionada se queda casi sin patrimonio, pasa a ser accionista minoritario de un banco público y está llamada a desaparecer como caja". Triste epitafio.