Feijóo había prometido que pondría orden en el desmadre de los coches oficiales de la Xunta y lo está haciendo. Empezó por mostrar públicamente los garajes de San Caetano, donde pudimos ver un buen número de vehículos de alta gama, algunos de ellos muertos de risa y cubiertos de polvo. Los que estaban en buen uso fueron vendidos o canjeados en lote por utilitarios y furgonetas que se destinaron a servicios concretos que necesitaban mejorar su flota. Dicen que la operación económica no salió tan redonda como se pensaba, pero surtió el efecto ejemplarizante que se buscaba por la vía de la imagen.

Ahora se da un paso más. El último Consello reduce el parque móvil autonómico a su mínima expresión. En adelante solamente tendrán vehículo y chófer exclusivo el presidente, los diez conselleiros y los cinco delegados territoriales. El resto de los altos cargos pierden ese privilegio. Se deduce que, si viven en Santiago, tendrán que desplazarse de casa al despacho y del despacho a casa por sus propios medios. En caso de que residan lejos de la capital, deberán ponerse de acuerdo entre varios para que les recoja un coche que tendrán que compartir. Eso sí, para asistir a actos institucionales no tendrán que tomar un taxi o el autobús. Se les asignará un vehículo, el que les toque, del servicio de incidencias que se crea a tal fin.

Para poner en práctica esta nueva fase del plan de racionalización del uso de los coches oficiales de la Xunta se han de cubrir todavía algunos trámites burocráticos. Aún así, en muy poco tiempo el común de los habitantes de este país dejaremos de asistir al penoso espectáculo de un montón de automóviles oficiales, escoltados por las Fuerzas de Orden Público, llegando en tropel a una inauguración de tres al cuarto en una ciudad o en un pueblo. Era demasiado. Aquello imponía, casi avasallaba. Más allá del despilfarro, que saltaba a la vista, no tenía justificación alguna, a no ser como demostración de poder por parte de una administración pública o de un partido.

Por más que por principio hayan de comulgar con la política de austeridad dictada desde arriba, que nadie se piense que los directamente afectados, los secretarios, directores generales y demás prebostes que son apeados de su vehículo oficial, el que creían que iba incorporado al cargo, acogen la medida de buen grado. A más de uno le habrá sentado como un tiro. Se mire por donde se mire, es perder estatus. Por otra parte, elimina lo que venía siendo como una retribución en especie, algo que resulta gravoso para el bolsillo y que viene a sumarse a los sucesivos recortes de sueldos, dietas y complementos que han padecido los responsables políticos y altos funcionarios que trabajan a las órdenes de Feijóo desde el día mismo de su toma de posesión.

Vistos los datos facilitados por el conselleiro Rueda, de chocolate del loro, nada. El ahorro está siendo significativo, de varios millones de euros anuales, a pesar de que no se eliminan las plazas de conductores. Debió haberse tomado mucho antes, sin esperar a que la crudeza de la crisis convirtiera en escandalosas ese tipo de prebendas, que contribuyeron a distanciar, incluso físicamente, a los responsables públicos de la ciudadanía, lo que explicaría la incapacidad de aquellos para saber lo que realmente sucede a su alrededor. La otra cara de la moneda es que con emolumentos a la baja, sin coche, sin VISA y con el desprestigio en que viene cayendo la política, cada vez va a ser más difícil atraer hacia la cosa pública a la gente más valiosa. Porque, tal como se ponen las cosas, pierden dinero, posición social y hasta la respetabilidad que suele acompañar al éxito en la actividad privada. Y esto último difícilmente compensa.

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