Con la autoridad que le confiere su conocimiento de las tripas del Sistema Nacional de Salud, Feijóo receta el copago de la prestación farmacéutica como el más eficaz remedio para contener la hemorragia económica que amenaza con desangrar la sanidad pública española. Don Alberto lo ha dicho alto y claro: es partidario de que los usuarios contribuyen a costear los medicamentos que consumen en función de su renta, sea cual sea su edad, con las excepciones que sea menester. Esa es la postura que defenderá la Xunta en el próximo Consejo Interterritorial, para que el Ministerio de la señora Mato la haga suya y la asuman coordinadamente la mayoría de las comunidades para así evitar las desigualdades entre españoles.

El que fuera responsable del Sergas en Galicia y del Insalud en Madrid confía en que se pueda mantener, al menos por ahora, la gratuidad total de la atención médica, tanto en consultas como en pruebas diagnósticas, aunque haya que podar la actual cartera de prestaciones, suprimiendo, temporalmente, algunos de los servicios que se prestan. Habría que empezar por los menos vinculados al concepto tradicional de salud y aquellos otros que no resultan efectivos a juicio de los propios médicos, por lo que tienen de despilfarro.

Feijóo puede presumir de haber abierto camino, con su polémico catálogo de medicamentos y la prescripción por principio activo. Una iniciativa de la entonces conselleira Farjas (hoy número dos en la cúpula ministerial madrileña) que levantó ampollas, especialmente en la industria farmacéutica, con la que, paradójicamente, se alinearon socialistas y nacionalistas gallegos, además del Gobierno Zapatero. Aquella decisión, proclaman en San Caetano, evitó la sanidad autonómica entrara en la UCI. Fue un balón de oxígeno que le permitió recuperar el pulso, mantener las constantes vitales y pagar con normalidad a los proveedores.

Es probable que el presidente de la Xunta comparta el criterio de quienes creen que aún queda margen para ajustar gastos, si se avanza en la coordinación entre las administraciones autonómicas (por ejemplo, por medio de centrales de compra). Su amigo el experto en gestión Enrique Castellón Leal cree que en su configuración actual, con diecisiete sistemas de salud, la gobernanza sanitaria española es un puro caos. El mecanismo coordinador resulta ineficaz, sobran interferencias políticas en la gestión y no se cuenta lo que se debiera con el criterio de los profesionales de la salud, a pesar de que son los que más saben de esto.

No lo dirá, porque es políticamente incorrecto, pero Feijóo es de los que piensan que hay que encontrar la fórmula práctica que evite el perjuicio (e incluso el sobrecoste) que al servicio sanitario público genera el mal uso, por no decir abuso, que de él hacen algunos ciudadanos. Tendrá que ser un mecanismo disuasorio, vía penalizaciones, que evite que acudan a consultorios y urgencias quienes en realidad no lo precisan. Las recurrentes campañas de concienciación no dieron resultado efectivo.

Y a quienes le replican que el copago es injusto, porque supone pagar dos veces, don Alberto les invita a levantar la mirada y ver lo que está ocurriendo sin ir más lejos aquí al lado, en Portugal, que es lo que a nosotros nos espera si no reaccionamos a tiempo. Allí pagan por todo, incluyendo el alojamiento hospitalario, y cantidades considerables para sus bajos salarios (20 euros por una urgencia). Sostiene Feijóo que si España no se enfunda la banca blanca, se arremanga y blande el bisturí para cortar por lo sano, antes de que el enfermo sanitario entre en coma, acabará viniendo la tía troika con los recortes de verdad. Y entonces sí que vamos a saber lo que vale un peine.