Si Dios no lo remedia, varios ayuntamientos gallegos no podrán abrir este verano sus piscinas municipales. Aunque no suele ser un gasto desmesurado, carecen de los mínimos recursos que se precisan para afrontarlo. Es cuestión de prioridades y para los alcaldes hay otras muchas necesidades, y más perentorias, que atender con lo poco que va quedando en las arcas de los concellos a estas alturas del año. Es una situación sin precedentes, que tiene desconcertados a los gobiernos locales y que da armas a la oposición de turno para criticarlos.

El problema afecta sobre todo a los municipios más pequeños, aunque también alguna de las villas intermedias puede padecerlo, si no fructifican las gestiones que están haciendo ante otras administraciones a fin de obtener algún tipo de ayuda, por pequeña que sea. El problema es que las diputaciones y la Xunta están en una situación parecida, si no peor, obligadas a ahorrar en todo cuanto puedan para equilibrar sus cuentas como está mandado.

En los tiempos de vacas gordas, que tan lejanos nos parecen ahora, la geografía se llenó de piscinas municipales, en algunos casos unas de verano y otras cubiertas y climatizadas para poder utilizarlas todo el año. No había ayuntamiento que se preciase que no se dotara de instalaciones de este tipo, gracias a las generosas ayudas provinciales y autonómicas, para disfrute de los propios vecinos y de los veraneantes y los visitantes. Entonces nadie creía que llegaría un día en que sería imposible sufragar con fondos municipales la parte sustancial del coste de este "servicio público".

Lo habitual viene siendo que los usuarios de las piscinas no paguen ni de lejos lo que cuesta tener abiertas las piscinas los tres meses de verano y mantenerlas durante el resto del año. Lo que se les cobra de entrada -si pagan algo- es en realidad un precio político, una cantidad casi simbólica, como por otra parte se suele hacer con el acceso y el uso de los polideportivos, pistas de tenis y demás instalaciones deportivas, recreativas y de ocio.

En eso los alcaldes, de todos los colores políticos, acostumbraron mal a sus administrados. Muchos hoy no tienen empacho en reconocerlo. Sabían el riesgo que corrían con su negligente actitud. Aún así, incumpliendo flagrantemente sus obligaciones legales, eximían al vecindario de pagar por algunos servicios que están obligados a cobrar. Y ya se sabe que no suele valorar en su justa medida lo que se regala o sale casi gratis, por lo menos hasta que se tiene que prescindir de ello, como empieza a suceder ahora.

Hasta que estalló la dichosa crisis con toda su virulencia, los regidores locales cifraban el éxito de su gestión, no en incrementar y administrar adecuadamente los recursos propios del concello, sino en conseguir de las otras administraciones cuantas más infraestructuras y servicios mejor, las más de las veces sin echar cuentas para saber si a medio y largo plazo podrían sufragar el mantenimiento de todo eso. Por eso, por la irresponsabilidad y la imprevisión, están como están, económicamente ahogados, con el agua al cuello y sin poder abrir las piscinas. No les queda otra que, si están a tiempo, subir sensiblemente y de una vez el precio de entradas y los abonos hasta cubrir costes, por más impopular que sea. Amiguiños, sí, pero el baño por lo que vale.