. n las semanas previas a las elecciones los ciudadanos padecemos, sin saberlo, un auténtico estado de excepción informativo. Especialmente durante los quince días de campaña electoral y en la jornada de reflexión, los profesionales de los medios de comunicación ven limitada la capacidad de ejercer libremente su labor a causa de una serie de restricciones impuestas por los partidos políticos, aceptadas por las empresas y bendecidas por aquellas instituciones que tendrían que velar por la plena y permanente vigencia del derecho a la información, columna vertebral de los sistemas democráticos.

En los medios audiovisuales, sin apenas distinción entre públicos y privados, se produce lo que podríamos denominar un apagón periodístico. La información elaborada por periodistas es sustituida por propaganda pura y dura de las formaciones políticas, al ser ellas las que precocinan los contenidos de los espacios dedicados al proceso electoral. Con la complicidad activa de las autoridades judiciales competentes, radios y televisiones tienen que atenerse a unos criterios prefijados sobre quiénes pueden aparecer y durante cuánto tiempo, en base a los resultados de anteriores comicios o en función de su actual cuota de representación en el ámbito de que se trate. Eso implica en la práctica la exclusión del escenario mediático del resto de las fuerzas políticas y con ello se impide el acceso de la opinión pública a propuestas novedosas, no por minoritarias menos legítimas.

Casi todas las imágenes que vemos estos días de los grandes actos públicos de PSOE y PP, con público entusiasta y banderas al viento, son servidas por los equipos de campaña de los partidos. Es lo que se llama "señal realizada", que encima sale gratis. No se permite la entrada a los recintos de los mítines de cámaras propias de las cadenas de televisión, no vaya a ser que graben lo que no deben. Es algo que se suele ocultar al espectador, al igual que la procedencia de los insertos, cortes de voz y muchos textos. Casi todos ellos son elaborados, seleccionados o suministrados por los gabinetes de prensa y fusilados por unas teles, radios y periódicos que no disponen de suficiente número de informadores para atender todos los frentes.

La falta de transparencia informativa, con lo que tiene de anomalía democrática, se ha convertido en norma en los periodos electorales y es conveniente que el ciudadano de a pie sea plenamente consciente de ello. Que sepa que se le hurtan de forma intencionada elementos de juicio a la hora de valorar las propuestas de los candidatos y conformar el sentido de su voto. Se podría decir que vemos, oímos y leemos lo que le interesa a los asesores de imagen de cada partido en función de su estrategia, que casi nunca coincide con lo que de verdad nos interesaría saber de los candidatos y los programas entre los que vamos a elegir.

En el caso de los mal llamados debates, como los tres que vimos en la TVG, se pactan hasta los más mínimos detalles de modo que constituyan una sucesión de monólogos. La rigidez del guión preestablecido tiene como objetivo que cada cual pueda endosar su mensaje partidista y que nadie diga lo que no quiera decir. De ese modo, sin una abierta confrontación de ideas, sin un periodista que pregunte o pida aclaraciones, el espectador poco o nada puede sacar en limpio. Con este panorama, no es de extrañar que las campañas electorales hayan dejado de servir para lo que fueron concebidas y sean un puro trámite, incluso un esfuerzo inútil, porque no sirven ni para incentivar la participación, mucho menos para inclinar la balanza en una u otra dirección.