Siempre hemos oído que, al margen de la coyuntura de un país, las cuentas de resultados de los bancos y de las compañías de seguros iban a ser igual de abultadas, aunque la lista es algo más larga y podríamos incluir, entre otras, a las grandes corporaciones de los sectores energético, armamentístico o químico-farmacéutico. Tal vez la potencia económica de esa clase de entidades tenga algo que ver con su excelente flotabilidad si hacemos alguna mezcla alquimista del tipo bancos-dinero-partidos políticos-elecciones-poder-altos cargos-ex altos cargos-retiro dorado. O tal vez no. Tal vez sea la plutocracia la que de verdad nos gobierna. Cualquiera sabe. A lo mejor es que sus bien pagados gestores son unos verdaderos cracks y saben manejarse a las mil maravillas ante cualquier escenario, por complejo que sea. Sin embargo, no deja de llamar la atención que quienes han ostentado altas responsabilidades políticas (presidentes del gobierno y ministros, por supuesto, pero también otros de rango menor, aunque ejercientes en áreas "sensibles" para las compañías), acaben nutriendo sus consejos de administración y su pléyade de altos directivos. Siempre me he preguntado por qué será.
Pero hoy toca hablar solo de los bancos. Y de los jueces. En primer lugar, hay que dejar claro que al igual que no se deben confundir las sillas con los bancos, tampoco hay que confundir a los jueces con los políticos. Normalmente estos últimos temen a los primeros, aunque solo cuando tienen mala conciencia. Es decir, cuando están implicados en alguna prevaricación, cohecho o tráfico de influencias. De ahí ese interés que algunos de ellos tienen en embridar al poder judicial. Hay que decir que esto sucede en todos los países tipo Yemen, Afganistán, etc., pero más raramente en espacios como la Unión Europea, salvo en España, donde los jueces están diciendo de un tiempo a esta parte que el actual gobierno pretende acabar con la independencia judicial. ¿Tendrán razón? Pronto lo veremos, pues ya los anteproyectos y proyectos de ley criticados por la judicatura están en marcha. A ver qué se dice en el Parlamento por los distintos grupos políticos. Será interesante ver cómo se retratan.
Pero ¿por qué hoy quiero hablar de bancos y de jueces, y no de sillas y políticos? Pues porque Sus Señorías han demostrado una vez más estar al lado de los ciudadanos y han elaborado un durísimo documento en el que critican abiertamente el injusto régimen jurídico de los desahucios instados por los acreedores hipotecarios (bancos) cuando los deudores de buena fe no son capaces de hacer frente a sus deudas. Ese drama social lo viven muy de cerca los jueces, pues son ellos quienes deben ordenarlos en cumplimiento de la ley. Pero debajo de cada toga hay un ser humano que no puede mirar hacia otro lado como si la cosa no fuera con él (o con ella). Las quejas de los jueces contra la flagrante injusticia de la normativa hipotecaria llevó hace ocho meses al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a encargar un informe cuyo resultado conoció el Pleno hace unos días, aunque evitó su discusión, y constituye una crítica muy seria a los abusos del sistema.
De hecho, muchos jueces, haciendo actual el consejo que Don Quijote le daba a Sancho cuando se encaminaba a Barataria ("Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia), trataron de buscar dentro de la propia ley algún mecanismo para evitar la tragedia de miles de familias, normalmente de clase trabajadora. Ello puso de los nervios a los trajeados abogados de los gabinetes jurídicos de los bancos, que no daban crédito a lo que decían esas resoluciones judiciales. Pero nada tiene de extraño si pensamos que también otras figuras como la del hurto famélico, de la que ya hablé en un artículo anterior, tienen asimismo un origen jurisprudencial, precisamente para atajar las gravosas consecuencias de regulaciones legales disparatadas emanadas de los otros poderes del Estado. Por eso seis magistrados coordinados por el Excmo. Sr. Vocal del CGPJ Manuel Almenar Belenguer, han alzado su voz y reclamado una modificación a fondo de la normativa, destacando que situaciones excepcionales, como la que vive actualmente la economía española, requieren soluciones excepcionales. En este sentido aportan un amplio catálogo de medidas, entre ellas, la dación en pago, las moratorias y que las ayudas del Estado a la banca se extiendan a los sobreendeudados de buena fe que por efecto de la crisis y el paro no pueden pagar las cuotas de la hipoteca de su vivienda, que en muchos casos es el único bien que poseen. Y es que 350.000 desahucios ya son muchos desahucios. Denuncian la ligereza y mala praxis de las entidades bancarias, cuando no las prácticas comerciales torticeras (caso de las participaciones preferentes) y proponen que el punto de partida para proteger a las familias sea la extensión al cliente sobreendeudado (que lo sea de buena fe) de una parte de los beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado, pues en otro caso el deudor se verá abocado a la ruina, a la pérdida del local donde ejerce su actividad empresarial o profesional (que es su medio de vida) o, lo que es peor, de su vivienda habitual.
Los jueces han hecho y van a seguir haciendo lo que les corresponde: amparar al ciudadano frente al abuso del poder. Da igual que sean molinos o gigantes. Es de justicia.
