Hace más de once años (11-02-2001), en estas mismas columnas, advertimos a la Xunta de Galicia de que debiera replantearse las ayudas al Centro Gallego de Buenos Aires, cuya deriva ha desembocado, ahora, con la intervención judicial del gobierno argentino. La errática política migratoria, la obligatoriedad de afiliarse a la Seguridad Social y la extinción de nuestra colectividad mermaron la masa societaria y, con ella, los recursos para el sostenimiento de esta entidad, la más representativa de la emigración española en el mundo. La Xunta, que no ha sabido movilizar a la juventud ultramarina, ni ha movido la conciencia de los "gallegos profesionales", no puede convertirse por más tiempo en una ONG y, mucho menos, confiar en gobiernos cuyo populismo es la fórmula corrupta de la democracia. El Centro Gallego de Buenos Aires, de enorme valor simbólico, lo es también por el incalculable patrimonio inmobiliario de sus instalaciones, en el cogollo central de la urbe porteña. El asunto afecta a nuestra política internacional. España no debe permanecer indiferente ante la eventualidad de ser exonerada de bienes inconmensurables (recuérdese que Perón ya lo intentó). El sentido peronista de la actual presidenta argentina se ha impuesto al sentido común. El canciller Timmerman acaba de reconocer que, además del buque-escuela Libertad, incautado en el puerto de Accra (Ghana), hay otros 28 bienes argentinos embargados en el exterior. La crisis que también agobia al país hermano y la elevada tasa real de inflación evidencian la rendición moral que aflora cuando, para los gobernantes, las limitaciones no rigen. Sobra empalagosa cortesía y falta autenticidad. Ortega recomendaba "argentinos, a las cosas". En el asunto del Centro Gallego de Buenos Aires pedimos a la Xunta "hacer bien lo que se debe".

Chirría el nombramiento de don Santiago Camba como consejero de Empleo y de Seguridad Social (antes Consejería Laboral) de nuestra embajada en Buenos Aires. No es de recibo designar, en este cometido específico, a quien hasta hace poco era agente activo del Partido Popular, en pos del voto emigrante. Si antes criticamos lo propio con don Miguel Cortizo, inicialmente embajador en ninguna parte para la emigración, y de la exdiputada Sra. Porteiro para la delegación de la Xunta en aquel país, no nos sustraemos en censurar esta falta de tacto, o mejor aun, este poco ejemplar gesto caciquil.